La iniciativa del “usuario arrepentido” elaborada por el diputado Walter de León (MPP), generó el rechazo de todos los partidos, incluido el propio Frente Amplio. El representante nacionalista Rodrigo Goñi (Todos), que preside la comisión en la que se trata la regulación de las aplicaciones informáticas, opinó que el proyecto en cuestión es inadecuado e inoportuno. Por su parte, el diputado frenteamplista José Carlos Mahía (FLS), que tampoco apoyó la propuesta, presentará una nueva en breve, que es estudiada por la bancada oficialista.
Desde hace meses que la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados trabaja para encontrar una solución al problema generado por las nuevas aplicaciones informáticas, tales como Uber y Airbnb. De hecho, su presidente, el nacionalista Rodrigo Goñi, declaró a CRÓNICAS que se hizo un enorme esfuerzo por mejorar sustancialmente el proyecto original del Poder Ejecutivo, “que se presentaba muy hostil hacia el uso de las aplicaciones tecnológicas”.
Tan es así, que en ese ámbito se había generado un ambiente favorable para acordar una regulación amigable al desarrollo de la economía digital. Sin embargo, horas antes de iniciar la fase final en la consideración de un marco general regulatorio, apareció la propuesta del “usuario arrepentido”, que “nos descolocó a todos y nos sacó del clima sereno que requiere una tarea de esta magnitud y complejidad”, lamentó.
Esta iniciativa, elaborada por el diputado del MPP Walter de León, incita a los clientes a que soliciten el servicio de Uber, y luego de comenzado el viaje se arrepientan y denuncien al conductor ante la Intendencia de Montevideo. Por esto, cada usuario sería recompensado con 150 Unidades Reajustables, es decir, unos 140 mil pesos. La propuesta no tuvo el apoyo de ningún partido.
Para Goñi, este proyecto es “absurdo e inconveniente desde donde se lo mire”, dado que se inspira en la cultura de la delación y va en contra de todas las recomendaciones internacionales que, por el contrario, sugieren promover la confianza en el uso de las aplicaciones tecnológicas.
“De ser aprobado, el proyecto sembraría la desconfianza de proveedores y usuarios. Además, incita a una conducta delatora que es rechazada por la enorme mayoría de los uruguayos. La figura de “delación premiada”, a juzgar por lo observado en las redes estos días, es considerada repugnante y propia de regímenes totalitarios”, puntualizó.
“Llegó para quedarse”
Consultado al respecto por CRÓNICAS, el integrante de la Comisión y representante frenteamplista, José Carlos Mahía, opinó que el proyecto de su colega no soluciona nada, además de que no es adecuado recurrir a este tipo de figuras para resolver un tema tan complejo.
“Hay que asumir la realidad, la economía digital llegó para quedarse, tiene desde el punto de vista social cada vez más aceptación y, por lo tanto, lo que hay que hacer es dar una respuesta eficiente a algo que trasciende el fenómeno de Uber y que tiene que ver con todas las aplicaciones. Esa propuesta no es de recibo, me parece que no va a tener ningún andamiento”, señaló.
Por su parte, Walter de León expresó en diálogo con CRÓNICAS que el proyecto del “arrepentido” fue descartado, pero va a plantear otro. “Nosotros creemos que todo el mundo tiene que cumplir con las leyes vigentes y acá hay leyes claras. Trabajar en negro es malo y hacer trabajar a la gente en negro, mucho peor”, enfatizó.
Acerca de las declaraciones de Goñi, De León manifestó: “La propuesta fue inoportuna para los legisladores que piensan que es más fácil meter un proyecto que adecue a Uber según su conveniencia. Ellos tienen interés en que Uber siga trabajando en negro y no pague impuestos, para generar una visión favorable de la opinión pública. Esto no entorpeció nada, sino que puso en el tapete el tema para discutirlo. Acá el problema central es la fiscalización, y con los métodos actuales, no se puede hacer”.
Goñi se defendió ante esta acusación explicando que “hoy los innovadores, creativos y emprendedores se fijan especialmente en la regulación de la economía digital, que se ha transformado en una de las principales motivantes del desarrollo tecnológico. No está en juego Uber. Al regular, está en juego el desarrollo de la innovación y la tecnología y, por lo tanto, el futuro del país”.
“Retrocedimos varios casilleros”
La Comisión recibió el proyecto del Ejecutivo en marzo, pero en todo este tiempo no se ha tomado una resolución. Goñi explicó que la regulación está demorada porque la iniciativa fue enviada en forma inconsulta, pésimamente orientada y con graves irregularidades.
“Tuvimos que remontar todos estos aspectos negativos, consultando a todas las partes involucradas y a los expertos nacionales e internacionales, y tratando de convencer al gobierno de que había que cambiar casi todo el proyecto. Y finalmente, cuando estaban dadas las condiciones para abordar un marco regulatorio mínimamente razonable, apareció el diputado De León con su proyecto que nos hizo retroceder varios casilleros”, reafirmó.
Mahía coincidió en que la propuesta original tenía ciertas falencias, sobre todo, en las definiciones técnicas. Agregó que es necesario hacer algún tipo de actualización legislativa, y que además de su propio proyecto, que ya presentó ante la bancada del FA y que busca regular la actividad y garantizar el cumplimiento de las normas vigentes, están a la espera de otro que llevará el gobierno a la Comisión.
