“¿Qué lugar ocuparían en su eventual gobierno las políticas sociales?”. Esa fue la pregunta a la que respondieron los más destacados presidenciables de los partidos con representación parlamentaria. Es uno de los temas de debate en la campaña que exige una nueva mirada hacia adelante, pero también genera reproches desde algunos sectores que creen que los gobiernos del Frente Amplio (FA) no lo han abordado de la mejor manera.
Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Si hay algo en lo que coinciden todos los precandidatos consultados por CRÓNICAS, es en el rol fundamental que deberán cumplir las políticas sociales en el próximo período. Las diferencias, por otro lado, están en cómo encarar ese desafío. Desde la oposición acusan al oficialismo de haber generado un sistema asistencialista, pero el partido de gobierno reivindica la respuesta a la emergencia social que sufría el país en 2005. De todas maneras, los frenteamplistas también son conscientes de que hay que repensar la oferta de cara al futuro.
Frente Amplio
“En cualquier gobierno de izquierda las políticas sociales deben ocupar un lugar relevante, porque la mira tiene que estar puesta en igualar el punto de partida y construir nuevas oportunidades”, sostuvo Daniel Martínez, y recordó que mientras en 2005 el FA debió responder a una situación de emergencia social, hoy es necesario abordar este tema en clave de desarrollo humano. Esto significa que el Estado permita seguir construyendo inclusión, a través de planes y programas efectivos en su complementariedad e integración dentro de un proyecto nacional de desarrollo. Dijo, además, que el eje deberá estar en el empoderamiento y la preparación de los más excluidos, para que alcancen un nivel digno de integración a la sociedad, es decir, no hacer centro en dar el “pescado”, sino dar la posibilidad de que se aprenda “a pescar”.
En la misma línea se expresó Mario Bergara, explicando que en su concepción de izquierda, un rol relevante que tiene el Estado es atender y compensar desigualdades en el terreno social. De hecho, aseguró que tres cuartas partes del gasto público actual corresponden al gasto público social. El economista hizo énfasis en que las políticas sociales que desplegó el FA en sus tres gobiernos han sido exitosas en cuanto a guarismos como la pobreza, que rondaba al 40% y está abajo del 8%, y la indigencia, que bajó de más de 4% a casi 0%. Sin embargo, reconoció que hoy el país afronta una problemática diferente, que es el núcleo duro de la pobreza, que no tiene que ver con el empleo o los ingresos, sino que está asociado a un proceso de fragmentación social. Esto demanda un nuevo encare a futuro, donde “lo fundamental es entender el problema con integralidad, no con los múltiples programas sociales que hay en el Estado, que son más de 600, porque yendo de a uno no se resuelven las cosas”, opinó. De esa forma, aseveró que hay que trabajar de manera coordinada en una resolución integral, que incluya elementos educativos, de salubridad y de vivienda.
Para Carolina Cosse, las políticas sociales también han sido muy importantes en la reducción de la pobreza y para aliviar la indigencia, aunque entiende que si no son acompañadas de una genuina inserción en el mundo del trabajo, no son sustentables. “Yo voy a hacer mucho énfasis con el trabajo, y tenemos que ver cómo hacemos para ser más efectivos. Por ejemplo, en el tema de la infancia hay cientos de programas que habría que unificar, quizás tener un único fondo” destinado a esa área. En definitiva, la precandidata plantea “reorganizar para la efectividad”, pero además llevar adelante “una fuerte política de promoción del trabajo”, lo cual “es un proceso que está en condiciones de dar el segundo paso y madurar”, que se vería reflejado en una segunda generación de reformas.
Óscar Andrade, por su parte, les daría a las políticas sociales un papel “central”. El sindicalista reivindicó la lucha de la izquierda por reconocerles derechos a las poblaciones más vulneradas, y se preguntó: “¿La mujer pobre que tiene un hijo y cobra 1.500 pesos, cómo hace para vivir?”. Ante esa interrogante, destacó la necesidad de mejorar las prestaciones para quien depende de una partida, así como de implementar planes con cooperativas sociales y acudir al Sistema de Cuidados. “Tenemos que generar mayores niveles de cobertura social, porque los países que tienen menos niveles de violencia no son los que tienen las mayores capacidades represivas, son los que tienen mayor nivel de cobertura social”, argumentó. Finalmente, propuso “ir al límite” en las posibilidades de incremento de la inversión pública social en materia de salud, de educación, de vivienda y de atención a la primera infancia.
Partido Nacional
Mientras que los precandidatos oficialistas resaltan el papel del gobierno en la política pública que apunta a disminuir la pobreza y la exclusión, para los blancos, la izquierda ha llevado adelante un proceso de asistencialismo en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Eso es lo que –dicen- quieren modificar, apuntando a un sistema de promoción del trabajo.
En el caso de Luis Lacalle Pou, él ve a las políticas sociales como “vitales” en un eventual gobierno de su partido. Se planta crítico con el FA, diciendo que “hoy hay más uruguayos viviendo en asentamientos que lo que había en la crisis [del 2002], hay 600 y pico, y la bonanza económica no pasó por la casa de esas personas”. La solución la piensa lograr a través de brindarles la mejor educación a aquellos que más la necesitan, lo que implica contar con los mejores docentes, comunidades educativas estables y mayor presupuesto. A su vez, espera apelar a un Mides rector y controlador de políticas, donde los resultados sean evaluados. “No puede ser que no evaluemos las políticas sociales. Después tenemos lo que nos encontramos en el Mides, que nos lleva a proponer una Comisión Investigadora. El respeto a aquellos que son titulares de las políticas sociales es, entre otras cosas, medir el resultado, y no se está haciendo”, lamentó, y agregó que ahora todos los candidatos del FA “dicen todo lo que hay que hacer, que no hicieron, y son gobierno”.
En tanto, Jorge Larrañaga fue enfático sobre la relevancia de este asunto en un posible gobierno de la oposición: “Nosotros no vamos a dejar de ayudar a nadie que precise”. En ese sentido, aseguró que las políticas sociales tendrían un ámbito de destaque si le tocara dirigir el país, puesto que es esencial mejorarlas, “que tengan éxito, que construyan caminos de dignidad y no de asistencialismo clientelar”. En resumen, que sus beneficiarios “puedan pasar de una ruta de asistencia y construyan la ruta al trabajo”.
A Juan Sartori le “gustan” y cree necesarios los planes sociales, dado que entiende que es muy importante que una sociedad solidaria tenga esos sistemas para ayudar a quienes están pasando mal. Igualmente, remarca que “el objetivo principal tiene que ser permitir que esa gente mañana viva mejor, no que sobreviva con eso que se le da”, y esgrime que hoy “esa reinserción social no funciona de manera activa con los planes sociales que se están dando desde el gobierno”. Como ejemplo a seguir, mencionó los mecanismos que se utilizaban en la crisis española: “La gente perdía el trabajo, se los ayudaba, pero tenían que inscribirse en una agencia del empleo, donde se veía sus carencias y se los capacitaba para que mejoraran en eso. Al mismo tiempo, las empresas tenían exoneraciones fiscales si contrataban en prioridad gente que estaba en los planes sociales. Eso funcionó muy bien porque rápidamente logró sacar a la gente de los problemas. A mí me gustarían planes sociales más enfocados en eso, con rápidos resultados para que la gente viva mejor y al Estado le cueste menos”.
Enrique Antía piensa que la política social debe tener un lugar preponderante en el próximo quinquenio, porque hay dificultades. Incluso, opina que “cuando una persona está pasando mal, no hay que pedirle contrapartida, primero hay que atenderla”. En Maldonado, el departamento que dirige, hay política social para inclusión, recuperación de la droga, erradicación de asentamientos, y de deporte, asegura. Además, resalta el rol de las plazas como ámbitos para formar ciudadanía. “En los lugares de esparcimiento es donde se iguala el más pobre con el más rico, como lo hacemos en las diferentes plazas de Maldonado, donde la gente volvió a recuperar esos espacios para hablar con el vecino, para formar una sociedad. Eso es verdadera política social”, aseveró. La Intendencia también cuenta con políticas sociales para apoyo directo y para el desempleado; por ejemplo, un plan de jornales solidarios para aquellos que no tienen trabajo. Medidas de ese tipo son las que Antía quiere replicar en el país.
Partido Colorado
Las políticas sociales son una necesidad y son claves, pero para que sean exitosas es fundamental el acceso a la educación. Así lo manifiestan los colorados, aunque también hacen referencia, con ciertos matices, a cuidar las cuentas públicas.
Esto último fue destacado por el expresidente Julio María Sanguinetti, afirmando que “las políticas económicas y las políticas sociales son un todo, o sea que lo fundamental es buscar un equilibrio en unas y otras, dentro de las restricciones económicas que nos imponen unas finanzas totalmente desequilibradas”. Si bien aclaró que no cree que el país esté en quiebra, señaló que si no se pagan “los intereses de la hipoteca”, sí se podrá llegar a esa situación límite. Por otra parte, analizó que las políticas sociales del FA han fallado, y recordó la frase del expresidente José Mujica, quien dijo que estas “fracasaron, y el delito nos pasó por arriba”. Sanguinetti concuerda, porque al tiempo que Uruguay atravesó una larga década de crecimiento económico, también padeció un proceso de decadencia social, “que se ve en la caída de la educación, en la inseguridad”. ¿A qué lo atribuye? “A un mal manejo de esas áreas, porque se hizo con un ánimo de revancha para la reforma que habíamos hecho nosotros”.
Un colorado que desde el día uno puso a la educación como prioridad en su agenda de campaña, con directa relación con la política pública y social, fue Ernesto Talvi. El académico lamenta profundamente que la sociedad esté fracturada, lo que adjudica a que “la mitad de los niños nacen en las periferias urbanas pobres, donde solo 16 de 100 terminan el liceo”. Esto quiere decir, según su parecer, que “a la mitad de los chiquilines que nacen en el país no los educamos, y por ende los condenamos a la changa, a la informalidad, a la dependencia de los planes sociales, o a elegir el delito como forma de vida”. Y si eso continúa de esta manera, advierte, “el país no tiene futuro”. Es por ello que manifiesta la inquietud de hacer políticas sociales muy inteligentes; no aquellas que perpetúen la dependencia, sino las que generen igualdad de oportunidades. En este punto, recalca su propuesta de desplegar una red de 136 liceos públicos modelo en todos los barrios vulnerables del país, multiplicando experiencias “que han tenido éxito en darle al chiquilín que viene de contextos muy complicados, un mejor futuro”. Ese es un compromiso que mantiene “para empezar a revertir la fractura social y toda la secuencia de delito, violencia, droga, inseguridad y miedo que trae detrás”. Al igual que Lacalle Pou, Talvi destaca la importancia de tener una evaluación de impacto de cada política que se lleve adelante, para poder controlar los resultados y corregir en la marcha.
En el mismo sentido del planteo del economista, José Amorín indicó que un porcentaje elevadísimo de los adolescentes nacidos en los hogares más pobres, no terminan sexto de liceo. “Ahí hay una injusticia enorme, porque todos sabemos que en el conocimiento está la calidad de trabajo”, criticó, y añadió que “el FA no ha hecho absolutamente nada para mejorar eso”. Asimismo, remarcó la impronta y la fuerza que les otorgó a las políticas sociales Batlle y Ordóñez, pero alertó que hoy es vital “cambiarles el tono”. ¿El motivo? Que “este gobierno ha dado dinero sin contraprestación, y esta es clave, y si es posible, que sea trabajo”. El líder de la 15 recordó que en el año 2003, un día lo llamó Alejandro Atchugarry desde el Ministerio de Economía, para conversar sobre la posibilidad de que desde el gobierno central se les diera dinero a las intendencias para que contrataran gente en el marco del Plan Veredas. “Había una desocupación muy importante y era trabajo relativamente sencillo… para que la gente hiciera cordón cunetas, veredas, y funcionó. Ese es un ejemplo claro de las políticas sociales que queremos”, concluyó.
Partido Independiente
El líder de este partido, Pablo Mieres, fue enfático al decir que no cree que haya que reducir el gasto público social, aunque sí está a favor de revertir totalmente la forma en que se está gastando. Eso implica construir un sistema de políticas sociales fundado básicamente en tres grandes pilares. El primero son las asignaciones familiares, pero con la condicionalidad de la asistencia a los centros de estudio y a los servicios de salud, y de que los responsables deban asumir ofertas laborales. “Todo tiene que ir en la línea promocional, que no es más que el viejo discurso de la izquierda cuando no estaba en el gobierno. Esa gran dicotomía, promoción versus asistencialismo, sigue estando vigente, y lamentablemente el Mides actual es asistencialista”, criticó. El segundo pilar implica, tomando como centro principal el Plan CAIF y la égida del INAU, apostar a la universalización del acceso de los niños de cero a tres años a servicios de asistencia a la infancia. El tercero refiere a las adicciones, “donde hay una gran ausencia”, expresó. “¿Qué le pasa hoy a una persona con adicciones en Uruguay? No tiene adónde ir, y yo creo que una parte del fenómeno de la gente que duerme en la calle tiene que ver con adictos que terminan echados o se van de sus casas y no hay dónde atenderlos”, puntualizó. En conclusión, dijo que estos planteamientos buscan recuperar la integración, “algo que el país tenía tradicionalmente, y que hemos perdido”.
Unidad Popular
Para Gonzalo Abella, las políticas sociales son el centro. “Nosotros queremos luchar por un país sin ataduras con las trasnacionales, socialmente solidario y ambientalmente sustentable. Ese es el programa. El problema es que las políticas sociales no empiezan por un enunciado del estilo de ‘vamos a crear 1.500 puestos de trabajo’, empiezan por fundamentar desde qué base económico-financiera podés impulsar ese proyecto”, explicó. En esa línea, comentó que de la manera en que su partido visualiza los logros, habrá mucha resistencia, incluso de organismos mundiales y regionales, porque “un gobierno nuestro se basa en un adecuado cálculo económico-financiero de gravar el latifundio, tomar recursos, y de movilización ciudadana”.
