La Comisión Especial de la Cámara de Diputados creada para el tratamiento del proyecto de ley de los partidos políticos apura la votación de la normativa con una campaña electoral en camino. El senador Pablo Mieres y el diputado Pablo Abdala barajaron la opción de que su aplicación pueda realizarse correctamente en las elecciones de 2024.
A un año de las elecciones nacionales, el proyecto de ley que prevé la regulación del financiamiento de las campañas políticas se encuentra aún en discusión y las dudas sobre si sería aplicable para estas elecciones crecen. El pasado año el proyecto fue votado en el Senado pero recientemente la Cámara de Diputados comenzó con su análisis.
El senador perteneciente al Partido Independiente, Pablo Mieres, quien integró la Comisión que le dio tratamiento al tema en la Cámara Alta, dijo a CRÓNICAS que la responsabilidad de la demora “es de todo el sistema”.
La normativa comenzaría a regir la contienda política a partir del 1º de enero de 2019. Si bien cuando se votó en el Senado tuvo el respaldo de todos los partidos políticos, hay algunos puntos de divergencia que volverán a ser objeto de debate en la Cámara Baja, según señaló Mieres.
En este sentido, el senador aseguró que “se ha dejado llegar el tiempo muy sobre el pucho” y se preguntó si no corresponde votar el proyecto de ley con una vigencia para el próximo evento electoral y no para este ciclo inmediato.
“Podría ser la solución que quedara para la próxima campaña. Incluso se podría acordar que algunas cosas se apliquen ahora y otras postergadas por un tema de tiempo y practicidad”, opinó.
Algunos de los aspectos del proyecto de ley que podrían demorar su ejecución, dado el debate que podría generar, están relacionados al aporte de empresas de personería jurídica, ya que solamente se permitirá el aporte de las personas físicas, sostuvo Mieres. “Es mejor que exista un aporte empresarial nominativo y claro, a que se prohíba definitivamente y se puedan cotejar situaciones indebidas. Las prohibiciones totales son las que han generado efectos distorsionados y situaciones de corrupción”, opinó el senador. Y agregó que esto “significa el primer punto de diferencia entre el Frente Amplio (FA) y el resto de los partidos”.
El segundo punto de diferencia, dijo, está relacionado con la compra de publicidad electoral por parte de los partidos y los candidatos, que según el proyecto votado en el Senado, “se establece un sistema insólito que convierte a la Corte Electoral en una especie de central de compras”. El legislador explicó que el proyecto de ley propone que la Corte Electoral compre los minutos de publicidad en los medios de todo el país y luego se la venda a los partidos políticos.
Guardar el norte
En tanto, Pablo Abdala, diputado integrante de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley de partidos políticos en Diputados, comentó a CRÓNICAS, que la próxima semana se presentarán propuestas sustitutivas a alguno de los puntos del proyecto votado anteriormente en Senadores.
La idea, dijo, es definir el proyecto lo más pronto posible para pasarlo a votar “rápidamente, porque estamos encima de la campaña electoral”. En este sentido, Abdala sostuvo que se sienten preocupados dado que la ley se terminaría de aprobar, en todo caso, cuando la campaña electoral esté en pleno desarrollo. “Aquí hay un aspecto fundamental que es el de los controles”, señaló.
El parlamentario recordó que tanto a la Corte Electoral como al Tribunal de Cuentas les fueron asignadas nuevas competencias para controlar la recaudación de los partidos, a pesar de que no se les suministran recursos económicos ni humanos para realizar dicha tarea.
“Nos preocupa que esta normativa termine siendo un progreso de papel, que ya nos pasó con la ley que está vigente”, comentó Abdala. Al mismo tiempo, señaló que “será difícil” que la normativa rija “en términos prácticos y reales” en la próxima campaña. “Sinceramente veo que hay dificultades objetivas. Nosotros vamos a aprobar la ley porque estamos de acuerdo, pero nos enfrentamos a esta dificultad”, agregó.
En esta línea, manifestó que “sería de sentido común” posdatar la vigencia de la legislación para las elecciones del año 2024.
“Si el propósito es que haya menos donaciones de empresas y que eso se sustituya con financiamiento público, claramente hay que prever o prepararse para una dotación de recursos presupuestales mayor para el financiamiento de los partidos”, comentó.
Al mismo tiempo, como la campaña electoral está en pleno proceso, surge como una complicación la existencia de fondos que sean recibidos durante 2018, antes de la aplicación de la nueva normativa. “Está todo muy bien, pero no podemos perder el sentido del realismo a la hora de legislar en esta materia”, resumió.
