Tras algunos años de negociaciones con el gobierno uruguayo, finalmente la finlandesa UPM confirmó el pasado martes 23 que instalará su segunda planta de celulosa en Uruguay. Esto implicará una inversión superior a los US$ 3.000 millones por parte de la empresa. Si bien la noticia fue celebrada por los partidos mayoritarios, desde la oposición se exige transparencia en el proceso que comienza y se cuestiona la forma en la que se negoció el proyecto.
La inversión en la nueva planta será de US$ 2.700 millones y significará un incremento de la capacidad de celulosa de UPM de más del 50%, según consta en un comunicado emitido por la multinacional. Además, la empresa invertirá US$ 350 millones en operaciones portuarias en Montevideo e instalaciones locales en Paso de los Toros. Se estima que la construcción comenzará sobre la segunda mitad de 2022.
En palabras de Jussi Pesonen, presidente y CEO de UPM, la empresa se encuentra hoy “en una posición excelente para dar este paso transformador y capturar las oportunidades de mercados atractivos y en crecimiento de una manera sostenible y altamente competitiva”.
En cuanto al impacto en la economía uruguaya, se espera que la planta aumente el Producto Interno Bruto (PIB) en un 2% y el valor anual de las exportaciones en un 12%.
La decisión de realizar esta obra, que será la mayor inversión en la historia del país, fue celebrada por el gobierno y los partidos políticos mayoritarios. Según informó Presidencia de la República a través de su sitio web, este negocio “refuerza la imagen internacional de Uruguay en cuanto a su seguridad jurídica, estabilidad institucional, seriedad, responsabilidad y confiabilidad, para la llegada de inversiones extranjeras”.
Por más transparencia
De todas maneras, desde la oposición plantean algunos reparos. Si bien el Partido Nacional (PN) le dio la bienvenida al proyecto, “coherente con su postura de apertura a las inversiones que puedan generar riqueza genuina”, mantiene su cuestionamiento a la forma en la que se negoció por parte de la actual administración. “Faltó transparencia y prudencia”, dijo entrevistado por CRÓNICAS el diputado Rodrigo Goñi, perteneciente al sector que lidera el candidato Luis Lacalle Pou.
El legislador criticó que el gobierno actuó con falta de transparencia y debió involucrar –al menos en lo informativo- a los principales partidos de la oposición, “que es lo que corresponde ante una inversión de esta envergadura según las mejores prácticas en un sistema democrático republicano”.
Sostuvo, además, que en la negociación con la finlandesa estaban en juego asuntos muy relevantes tanto en los montos de inversión estatal como en la cuestión medioambiental. Explicó que esto ameritaba consultas o al menos mantener directamente informados a los partidos, que no solo representan a la mitad o más del país, sino también que antes de que empiece a funcionar la planta pueden estar a cargo del gobierno.
Goñi advirtió que el anuncio de UPM genera algunas dudas. Por ejemplo, indicó que es un enigma lo sucedido con el tema laboral, dado que la modificación del decreto de las ocupaciones era una condición que finalmente no se cumplió e igualmente se siguió adelante con la inversión. “Cabe preguntarse qué se negoció para dejar sin efecto la referida condición, lo que lamentablemente agrega dudas en vez de despejarlas”, remarcó.
De todos modos, aseguró que los blancos, lejos de querer poner “piedras en el camino”, van a exigir transparencia, conocer todo lo acordado y, si se dan las condiciones, dentro del marco jurídico, intentarán hacer las mejoras que consideren convenientes.
El diputado elogió la nueva planta de UPM en el sentido de que significará una gran oportunidad en varios aspectos. En lo económico, por la creación de empleo y la posibilidad de generar nuevas empresas; en lo social, por el impacto sobre una zona del país “muy deprimida”; en lo cultural, por su contribución a una mejor inserción internacional a todo nivel, así como aprendizajes sobre las mejores prácticas para competir en el mundo, tanto en las exigencias de formación como en la cultura del trabajo.
Finalmente, Goñi expresó que el PN va a exigir las máximas precauciones para reducir al mínimo posible los efectos perjudiciales para el ambiente.
Acuerdo para revisar
En la misma línea, el candidato por el Partido Colorado, Ernesto Talvi, se expresó a favor de la iniciativa. En declaraciones a la prensa, opinó que la tradición de Uruguay siempre ha sido honrar sus compromisos. Este acuerdo “fue firmado por un gobierno legítimamente electo por la ciudadanía”, por lo cual “el próximo gobierno tendrá que honrarlo, sin perjuicio de que habrá que revisar algunos detalles”, adelantó.
Consultado por CRÓNICAS, el senador colorado José Amorín afirmó que era esperable la concreción de este negocio dado que el gobierno uruguayo le dio a UPM “todo lo que pidió”.
Aunque opinó que la inversión es muy importante, así como lo fueron la primera planta de UPM o la de Montes del Plata, dijo que Uruguay tiene que ejercer control sobre el proceso que comienza.
El exprecandidato lamentó que quedan dudas con respecto a las condiciones en las que el gobierno negoció, e instó a la Dinama a controlar “fuertemente”, puesto que si hay contaminación, “es peligroso”. Igualmente, esgrimió que los antecedentes que tienen los finlandeses son buenos. “Estos problemas se plantearon con la primera planta, que funcionó bien. Por suerte no va a ser este gobierno el que controle, así que se puede tener un poco más de confianza”, auguró.
Confianza y trabajo
El candidato a presidente por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, indicó a través de la red social Twitter que la confirmación de esta inversión implica “una demostración de la confianza que transmite Uruguay”. A su vez, felicitó que habrá más trabajo para el país y más inversión privada coordinada con la pública.
El partido de gobierno recibió la noticia con satisfacción, y ahora comienza un largo camino hacia adelante porque esta es una ventana de posibilidades que se abre para el país, señaló en conversación con CRÓNICAS el diputado oficialista Alfredo Asti.
El parlamentario destacó que en la fase de la construcción habrá 6.000 puestos de trabajo nuevos, y en la etapa de producción habrá 10.000 durante 30 años, “en una de las zonas más vulnerables del país”. Asimismo, la conexión del centro del territorio uruguayo con Montevideo posibilitará el desarrollo de otras actividades económicas, no necesariamente vinculadas a la forestación.
En relación a las advertencias de algunos grupos ambientalistas sobre posible contaminación, Asti hizo énfasis en que el director de la Dinama, Alejandro Nario, fue muy exigente en los temas medioambientales, asegurando que tras el proceso de negociación se logró que los estándares nacionales e internacionales estén preestablecidos para la actividad de la planta. Por lo tanto no habrá mayores riesgos ambientales, añadió.
Consultado acerca de las críticas de la oposición sobre la supuesta falta de transparencia, el diputado del FA expresó que la negociación en algunos aspectos debe ser reservada, dado que está en juego la decisión de la propia empresa de ubicarse en Uruguay o en otro país de la región. “Desde el año pasado todos los legisladores tenemos el informe, y los ciudadanos pueden acceder a él en la página de Presidencia”, explicó. Además, recordó que en su momento los ministros y representantes de las instituciones involucradas con la inversión de UPM fueron llamados al Parlamento y dieron la máxima información, analizando los impactos que esta obra iba a tener.
