La lucha por una Ley de Salud Mental en Uruguay tiene casi 30 años de historia. Antes del proyecto que hoy se encuentra a estudio en la Cámara de Diputados, tras haber sido aprobado por el Senado, regía una ley del año 1948, referida al «psicópata». La iniciativa por renovar la legislación es válida, pero la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental (CNLSM), integrada por 54 organizaciones, no está conforme y propone que se realicen varias modificaciones, desde la perspectiva de los derechos humanos.
Por Federica Chiarino | @FedeChiarino
Una de las organizaciones que integra la CNLSM es Radio Vilardevoz, un programa radial con sede en el Hospital Vilardebó. Una de sus fundadoras, Cecilia Baroni, dijo a CRÓNICAS que el proyecto de ley está cargado de un enfoque «biologicista», y que estigmatiza, por ejemplo, al utilizar el término «trastorno mental», entendiendo al problema de la salud mental como algo individual y patológico.
La Comisión entiende que una consecuencia que genera esta categoría de «trastorno mental» es particularizar a un núcleo de personas delimitadas, cuando una ley debería ser para la población en general, y no para «aquellos con trastorno mental».
Además, sostienen que la denominación atenta contra la perspectiva de Derechos Humanos que se quiere implementar, ubicándose en el paradigma de lo patológico, y acentuando aquello que les faltaría o sobraría a las personas para ser «normales». «La salud mental tiene que ver con respetar a los sujetos en sus diferencias, y no con el ideal de que hay que curar algo porque hay algo enfermo», dijo Baroni, y añadió que de los padecimientos psíquicos y psicológicos «nadie está libre».
Quienes conforman la organización Vilardevoz entienden a la salud mental como algo que no depende solo del sujeto, sino también de su entorno, relaciones y cosas a las que pueda acceder. El proyecto de ley habla de «proteger la salud mental». «La salud mental no se protege, lo que se hace con la salud mental es promover, tratar de generar y poner el foco en otros procesos que tienen más que ver con lo creativo y lo sano del sujeto», opinó Baroni.
La CNLSM propone que se cambie la denominación «trastorno mental» por la de personas usuarias de los servicios de atención en salud mental, para que la ley se adecue a la perspectiva de los Derechos Humanos.
Otra carencia que la Comisión identifica en la ley es que el proyecto no incluye el abordaje interdisciplinario en los diferentes momentos del proceso de atención, que permitiría un enfoque psicosocial y comunitario en los dispositivos de atención. Las 54 organizaciones nucleadas proponen dispositivos que tengan que ver con el acompañamiento y con darle tiempo a cada persona de hacer su proceso. «Muchas veces se utiliza medicación o tratamientos invasivos porque no hay camas, por ejemplo. O sea, como un recurso administrativo y no terapéutico», contó Baroni.
La Comisión manifiesta la necesidad de modificar los puntos donde solamente se menciona el ejercicio médico para que pase a hacerse referencia a «equipos interdisciplinarios». También proponen modificar que, en situaciones graves, las personas sean atendidas en unidades interdisciplinarias de salud mental, en hospitales generales, y los niños y adolescentes en hospitales pediátricos donde funcionen las mismas unidades.
El Proyecto de Ley no establece una fecha de cierre para las instituciones asilares y monovalentes en todo el territorio nacional. La CNLSM propone que se paute, como año de tope, el 2020, tal como lo establece el consenso de Panamá. Baroni explicó que en muchos lugares de Europa, por ejemplo, ya no existen los manicomios, mientras que en Uruguay sí, y son utilizados «casi con una concepción de depósito de gente».
La vocera de Vilardevoz explicó, además, que en Uruguay no existe un órgano independiente del Ministerio de Salud que se encargue de velar por los derechos humanos. La Comisión plantea que esa figura exista para que, sin tomar partido, intervenga e investigue si suceden casos de abuso o de violación a los derechos humanos de las personas con padecimientos psíquicos y psicológicos.
A su vez, el Proyecto de Ley no establece ninguna consideración respecto a la Incapacidad Civil y al régimen de curatela en Uruguay. La Comisión reclama que, en la actualidad, el país se encuentra en una contradicción, desde el punto de vista normativo, con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En 2016, el Comité de Seguimiento de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, al analizar el Informe País, recomendó a Uruguay adecuar las normas vigentes, por considerarlas violatorias de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
La Comisión considera necesario modificar el Instituto de la Incapacidad Total, como está plasmado en el Código Civil, pasando a institutos de capacidad parcial y figuras de apoyo para el acompañamiento en la toma de decisiones, en el marco de un Sistema de Apoyo para el ejercicio de la autonomía. La figura del curador o el concepto como tal, según la comisión, debería ser transformado a un concepto de acompañamiento en la toma de decisiones, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y gradualidad, y sus efectos en la vida de las personas.
Baroni dijo estar contenta con el hecho de que se quiera actualizar la legislación referida a Salud Mental en Uruguay, ya que la ley vigente es de hace varios años. Sin embargo, consideró que esta nueva ley debería «contemplar los cambios y los avances que en el mundo entero se están haciendo».
La vocera de Vilardevoz opinó, además, que esta ley debería haberse presentado hace 30 años pero, en su momento, no fue posible dado que la psiquiatría en su conjunto se oponía a una nueva ley en Uruguay. «Que ahora estén aplaudiendo y presionando para que salga, para mí, es muestra de que, en realidad, no cambió nada», dijo.
Mientras el Proyecto de Ley continúe siendo sometido a estudio en la Cámara de Diputados, la CNLSM seguirá luchando para ser escuchada y para que se evalúen las modificaciones que proponen. Las organizaciones son conscientes de que esto podría generar que el proyecto regrese a la Cámara de Senadores y enlentezca el proceso, pero esto no les preocupa, ya que consideran que «si los cambios no son ahora, después no se hacen».
