Como consecuencia de los cambios propuestos en la ley de urgencia sobre legislación policial oficial, el diputado del Partido Nacional, Gustavo Penadés, dijo a CRÓNICAS que la iniciativa busca respaldar la acción de la policía. Sin embargo, para Charles Carrera, senador del Frente Amplio, los cambios propuestos en la LUC traerán consigo “más violencia si se aprueba la ley tal cual salió”.
Uno de los varios temas tratados en la ley de urgente consideración (LUC) es el de seguridad pública. Dentro de los varios capítulos que componen dicha sección, se aborda la legislación profesional policial. Oportunidad para el uso de la fuerza, procedimiento policial y empleo de las armas de fuego son algunas de las modificaciones que el documento propone; así, se argumenta que el proyecto de ley, que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados para ser aprobado, incrementaría la legítima defensa por parte de la policía. Sin embargo, desde la oposición aparecen varios reparos.
El rol del uniformado
En diálogo con CRÓNICAS, el diputado Gustavo Penadés explicó que “lo que se hace es incorporar (la legítima defensa) como un elemento justificativo de la eventualidad de un policía en un operativo”. Así, para que el uniformado pueda defenderse, podría matar al delincuente, sostuvo el representante del Partido Nacional (PN).
Así, Penadés profundizó en que uno de los objetivos del proyecto de ley es el de “intentar iniciar una recuperación de algunos valores que consideramos que son fundamentales” en materia de seguridad. Uno de esos principios está vinculado al respaldo de la acción de la policía.
A su entender, las últimas administraciones del Frente Amplio (FA) atentaron contra un respaldo en el accionar de los oficiales contra el delito. “Equiparon a la policía como nunca había estado equipada. Eso es verdad. Lo que pasa es que solamente fue un equipamiento material, porque no hubo un respaldo político detrás de la acción de la policía”, señaló Penadés. Si bien esto no significa convalidar ni autorizar el “gatillo fácil”, sí quiere decir que el objetivo que busca la ley en algunos de sus artículos “está vinculado a restablecer el orden y la jerarquía policial en base a un respeto hacia la misma”, en opinión del legislador.
En tanto, para el senador frenteamplista Charles Carrera, “no existe un dato de la realidad que diga que hay que modificar esta normativa en materia de legítima defensa para los funcionarios policiales”. Según dijo a CRÓNICAS, hay un error desde el punto de vista jurídico: “Los policías no actúan en legítima defensa, sino que lo hacen en cumplimiento de la ley”, puntualizó.
Asimismo, para el legislador de la oposición la policía uruguaya es muy profesional, por tanto, “no necesita de este tipo de eximentes” a los efectos de realizar su tarea.
Carrera sí considera que los cambios propuestos puedan generar una realidad adversa. “Lo que puede pasar con este tipo de modificaciones que se hicieron en el artículo 26 del Código Penal son situaciones de gatillo fácil, de una policía que no actúe cumpliendo los parámetros de la normativa en materia del manejo de las armas”.
Por lo tanto, profundizó el senador, la LUC -en su capítulo sobre legislación profesional policial- “está dando el mensaje de una policía autónoma, que no debe rendir cuentas”. Para Carrera, los oficiales actuarán “en forma más discrecional” en el manejo y uso de la fuerza.
¿Qué violencia?
Ambos políticos discordaron también sobre qué efectos podría tener la LUC sobre el tema de llegar a aprobarse este capítulo.
Penadés consideró que no se espera un resultado inmediato. Lo que sí garantiza, evaluó, es que el Poder Ejecutivo y Ministerio del Interior tengan las herramientas necesarias para bajar el índice de delitos en Uruguay. “Esto no se va a lograr de un día para el otro, va a ser muy difícil”, opinó.
En tanto, Carrera fue certero: “Van a existir situaciones de mucha más violencia si se aprueba esta ley tal cual salió”, aseveró.
Se refirió, por ejemplo, al artículo de la LUC que propone que los policías ya retirados pueden actuar y reprimir “delitos flagrantes”, lo cual se considera un acto de servicio. “Eso es una aberración total”, sostuvo el legislador frenteamplista; según apuntó, los oficiales retirados son trabajadores que ya cumplieron su ciclo de trabajo y tienen derecho a la jubilación. En cambio, los oficiales que sí están en cargo “actúan de a dos, tienen una preparación, usan chalecos antibalas y tienen cursos de capacitación permanente”.
“Espero que ahora en la Cámara de Diputados se pueda derogar esto, porque lo que va a hacer es generar más violencia”, finalizó.
