Los asesores en seguridad de los candidatos a presidente que hoy obtienen más respaldo y que –según las encuestadoras- tienen reales chances de llegar al balotaje, conversaron con CRÓNICAS acerca de las propuestas que pretenden implementar en esta materia si logran alcanzar el gobierno. También opinaron de la situación actual y coincidieron en la necesidad de revertir la realidad de las cárceles.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Desde hace varios años la inseguridad aparece en las encuestas de opinión pública como la principal preocupación para los uruguayos. El sondeo más reciente, difundido dos meses atrás por la consultora Factum, indica que la seguridad pública es el mayor problema según un 47% de los encuestados, mientras que para el 72% se encuentra entre los tres primeros.
En línea con esa situación, los postulantes a la Presidencia mencionan el asunto de la seguridad como una de las principales dificultades del país a atender. Dentro de los enfoques que plantean en esta área los candidatos favoritos, Daniel Martínez, por el Frente Amplio (FA); Luis Lacalle Pou, por el Partido Nacional (PN) y Ernesto Talvi, por el Partido Colorado (PC), hay más de una coincidencia. Una de ellas es la importancia del ejercicio de la autoridad, según dijeron a CRÓNICAS sus respectivos asesores: el frenteamplista Gustavo Leal, el nacionalista Álvaro Garcé, y el colorado Diego Sanjurjo.
En el caso del FA, uno de los ejes conceptuales de la política de seguridad implica ejercer activamente la autoridad, “sin miedo y sin complejo, teniendo como referencia los derechos humanos y la Constitución y las leyes”, afirmó Leal.
Los blancos, en su plan de gobierno, sostienen que en materia de represión del delito es necesario ir hacia un esquema de “ejercicio pleno de la autoridad, de modo tal que la policía esté respaldada por el Ministerio del Interior (MI) para hacer lo que debe de acuerdo a la Constitución y la ley”, expresó Garcé.
Por su parte, Sanjurjo explicó que el camino de la ilegalidad “está prohibido” y “no hay ninguna excusa para eso”. De hecho, dijo que “si una persona traspasa ese límite, tenemos que actuar con autoridad y sancionarla”.
Las cárceles y su incidencia
La realidad carcelaria incide en la inseguridad. En ese concepto concuerdan los tres entrevistados, y una parte de sus medidas delineadas consiste en implementar cambios al sistema penitenciario para frenar la reincidencia y con ello combatir con mayor eficacia la delincuencia.
El programa de gobierno del oficialismo plantea llevar a cabo una estrategia integral enfocada a fortalecer la rehabilitación, donde se trabaje en conjunto con las familias de las personas privadas de libertad, para generar un entorno que favorezca su reinserción y detenga la posibilidad de que sus familiares se incorporen al circuito de la delincuencia.
Actualmente la tasa de reincidencia es del 60%, por lo tanto, “todo lo que se logre mejorar y toda la rehabilitación exitosa que haya en los centros carcelarios, redunda directamente en la seguridad en el afuera”, señaló Leal.
En el FA también apuntan a la separación definitiva de la gestión de las cárceles del MI, y a que el 70% de los presos estudien y trabajen.
En el PN, por otro lado, la gestión de la privación de libertad está dirigida a la recuperación del control operacional en las cárceles, dado que entienden que el Estado se ha ido ausentando. “Es imposible custodiar un módulo de 700 internos con tres policías”, puntualizó Garcé, y agregó que eso implica que los grupos de criminales puedan organizar y planificar el delito que se comete afuera.
En este sentido, el asesor de Lacalle Pou dijo que la cifra de homicidios –que ascendió a 414 el año pasado-, tiene que ver con las disputas de territorio y los ajustes de cuentas, que están en directa conexión con las cárceles, donde se encuentra una parte del cerebro de las bandas delictivas. Es por esto que los centros carcelarios no solo no están rehabilitando, sino que son escuelas de adiestramiento en el delito y lugares funcionales al crimen organizado, lamentó.
Los blancos proponen acciones vinculadas a la promoción del trabajo, del estudio y de la salud, y en esta última, específicamente, se centran en el tratamiento de las adicciones. Esto significa dar oportunidades terapéuticas tanto a los privados de libertad mayores como para el sistema penal juvenil.
El PC, por su parte, proyecta una reforma del sistema carcelario, donde si bien hay profesionales que ejecutan las tareas de manera efectiva con recursos muy menguados, “las cárceles son realmente desastrosas”, subrayó Sanjurjo.
El sistema penitenciario que pretenden tener estaría compuesto por cárceles chicas, donde expertos puedan analizar a las personas que han cometido delitos graves, informen de sus necesidades y de cómo satisfacerlas. Además, parte del plan implica que los presos tengan una rutina completa diaria que incorpore educación, asistencia terapéutica y para sus adicciones, formación laboral y ocio productivo. Esto incluye medidas pospenitenciarias, a fin de que quienes salen de prisión tengan un lugar para poder ir a dormir los primeros días, puesto que muchas veces no poseen lazos familiares.
Sanjurjo lamentó que en Uruguay no se rehabilita prácticamente nadie, y destacó la cárcel modelo que tiene el país, en referencia a la de Punta de Rieles. “Para nosotros ese sistema tiene muchas carencias, pero a grandes rasgos, es el modelo que queremos generalizar en todo Uruguay”, porque allí “la persona aprovecha su tiempo para adquirir hábitos positivos, para trabajar y estudiar”, concluyó.
Narcotráfico y crimen organizado
El avance de estos flagelos preocupa a todas las fuerzas políticas, y también se relaciona con la situación de las cárceles, desde donde muchas veces se coordinan algunas operaciones por parte de bandas organizadas.
Para esto, el programa del partido de gobierno tiene como uno de sus pilares un fuerte combate al narcotráfico y, en particular, al narcomenudeo. Esto implica, entre otras cosas, realizar intervenciones en las bocas de pasta base y de venta de droga, por entender que esos lugares generan en su entorno un espiral inusitado de violencia y otro tipo de actividades delictivas como rapiñas, hurtos, homicidios y extorsiones.
En el PN preocupa el aumento del delito, pero sobre todo, el del narcotráfico a nivel internacional, “que utiliza las facilidades que el Estado uruguayo le ha dado en los últimos seis o siete años”, aseguró Garcé, en relación a la falta de controles, fundamentalmente en los puertos y aeropuertos como lugares de entrada y de salida, la porosidad de las fronteras y la pérdida del control del espacio aéreo.
“Hay que dar un combate frontal no solo al narcotráfico sino a todo el crimen organizado, que incluye el contrabando y los circuitos económicos de comercialización de los animales y los efectos robados. Hay que actuar golpeando esas organizaciones y bloqueando la posibilidad que tienen de blanquear y de vender los bienes que son producto del delito”, manifestó.
Los colorados, en la misma línea, consideran que todos sus esfuerzos deberían estar dirigidos a luchar contra esa dinámica, en el entendido de que el crimen organizado se ha instalado y se ha expandido, y es lo que refleja el aumento de los homicidios. Los uruguayos que conforman esas bandas “deberían estar estudiando y trabajando, y esos mercados, a medida que se expanden, van corrompiendo toda la sociedad, los barrios y las ilusiones”, aseveró el asesor de Talvi. Añadió que esta estructura hace que la cárcel se convierta en el lugar perfecto para reclutar personas y ofrecerles participar de actividades criminales cuando recuperan la libertad.
Comisarías y soluciones integrales
Tal como se desprende de sus programas de gobierno, tanto el FA como el PN comparten la necesidad de resignificar las comisarías, con el objetivo de poder tener una presencia más significativa en los barrios y así combatir la inseguridad.
El planteo del oficialismo apunta a fortalecer las seccionales policiales con mayor cantidad de personal y a través de una estrategia de intervención en las seccionales basada en “el policiamiento orientado a la solución de problemas”. Eso conlleva una metodología de trabajo con policías que recorran ciertas zonas específicas, patrullando, pero al mismo tiempo recolectando y analizando información para detectar las causas de las situaciones críticas de seguridad que están ocurriendo en ese lugar, y luego determinar los pasos a seguir.
En tanto, en materia de prevención del delito, los nacionalistas creen fundamental la reactivación de las comisarías como la unidad policial básica, para la realización de las denuncias y la recolección de la información necesaria para la investigación. El propósito es restablecer un nexo “perdido” de confianza bilateral y recíproca entre la ciudadanía y la policía. A su vez, consideran necesario un patrullaje que sea “experto”, es decir, cuyos funcionarios conozcan los barrios donde se despliegan.
Por el contrario, la política de seguridad de Talvi está orientada a modificar el sistema disuasorio, para que “la policía sea solamente una pata de la respuesta”. A fin de lograrlo, planifican la creación de centros de atención integral, que estarán ubicados en los barrios más carenciados de Montevideo y en las zonas de mayor violencia del país. En esos espacios trabajarían en forma conjunta policías, médicos, educadores y trabajadores sociales, con el objetivo de encontrar soluciones integrales a los problemas de cada barrio.
Daniel Martínez también ha planteado una estrategia global denominada “Más barrio, más vida”, que propone un shock de acciones de carácter urbano, habitacionales, sociales y de seguridad en zonas estratégicas. La finalidad de estas intervenciones es mejorar la convivencia y recuperar las relaciones de cercanía y de habitabilidad en esos lugares. Para ello, se buscará desplegar una táctica de patrullaje que garantice una baja de los delitos, especialmente de violencia extrema, y la desarticulación definitiva de bandas mafiosas y criminales.
Los ejes de cada partido para llevar adelante las políticas de seguridad
Además del ejercicio activo de la autoridad, otro pilar establecido por el FA en esta materia es la equiparación de una agenda de derechos con una agenda de responsabilidades en la sociedad. Esto significa que tiene que haber un adecuado balance en las normas y en la estrategia de seguridad, apelando a la responsabilidad de los ciudadanos en relación a los hechos que cometen. Un tercer enfoque está basado en la defensa de las víctimas.
Esos tres ejes conceptuales se sintetizan en la cultura del trabajo como un modelo de integración y de fortalecimiento de la comunidad. “La izquierda nunca ha defendido la cultura de la delincuencia, por entender que representa la exacerbación del egoísmo como alternativa a la integración social y que, por lo tanto, esa cultura del trabajo y del esfuerzo debe ser la vía legítima de integración”, sostuvo Leal.
El partido oficialista considera que en el campo de la seguridad tiene que haber un conjunto de ajustes de algunas de las políticas que se desarrollan, y una serie de profundizaciones de iniciativas que se han llevado adelante durante estos últimos años, particularmente, en lo que respecta a la profesionalización de la policía. Sobre esto, el asesor de Martínez mencionó que ha habido un aumento de la capacidad operativa de la policía con mejor equipamiento, tecnología, armamento y salarios, pero eso no quita reconocer que existen problemas en esta área. Por tanto, aseguró que “un nuevo gobierno del FA liderado por Daniel Martínez no va a ser más de lo mismo”.
Leal destacó, a su vez, la importancia de ampliar y mejorar el PADO; fortalecer los componentes tecnológicos en el MI para la disuasión y el patrullaje, más que nada, la incorporación de videovigilancia; continuar reformando el nuevo Código del Proceso Penal, ya que en su implementación se han detectado muchas fallas.
Por otro lado, el programa del PN, que tuvo como base el del sector Todos que lidera Lacalle Pou, está dirigido a una mejora global de la gestión en el MI y en la Policía Nacional, sujeta a la medición de los resultados, para poder optimizar los recursos, maximizar la eficiencia y construir indicadores que sean fiables y transparentes. Luego el plan despliega tres grandes líneas de acción: la prevención del delito, la represión del mismo y la rehabilitación por medio de la privación de libertad.
Aparte del esquema que proyectan de ejercicio de la autoridad y el apoyo a la policía en el cumplimiento de sus cometidos, pretenden crear una Dirección Nacional de la Seguridad Rural para atender el problema de la delincuencia en el campo, “que no es solo el abigeato, sino que implica también copamientos, daños, hurtos, y que está haciendo estragos a los productores”, aseveró Garcé.
Según el especialista, los problemas más importantes a combatir son los homicidios, las rapiñas, los ataques a la propiedad y la violencia de género.
Como solución se orientan a la utilización de la tecnología con sistemas “probadamente eficaces”, por ejemplo, el que hoy tiene Maldonado, que cuenta con 1.200 cámaras. Eso permite hacer el seguimiento permanente de un departamento en toda su extensión, “no en determinadas zonas controladas como hay en Montevideo y que otras queden libres de control, porque eso favorece el desplazamiento del delito”, opinó el nacionalista.
Por otra parte, de acuerdo con Sanjurjo, la situación de inseguridad actual es “calamitosa”, con una tasa de homicidios “epidémica” según la Organización Mundial de la Salud. “Todas las formas de delitos violentos han aumentado en los últimos 15 años; eso incluye el abigeato, las rapiñas, los robos. Lo que viene haciendo el gobierno no mejora la situación de ninguna manera, cada vez estamos peor, y lo que propone un nuevo gobierno del FA es profundizar lo que se está haciendo hasta ahora, que son básicamente los ‘operativos mirador’”, sentenció.
Sumado a las medidas ya mencionadas del PC, otra propuesta que apunta directamente a combatir la inseguridad es la reforma de la educación pública. Esto se explica porque, en palabras de Sanjurjo, “da igual qué tan buenas sean nuestras propuestas de seguridad; si no logramos hacer que los uruguayos terminen el liceo, a corto y mediano plazo no hay nada que hacer, está todo perdido”. El asesor de Talvi recordó el reciente informe del Ineed, del cual se desprende que seis de cada 10 jóvenes no terminan el liceo, lo que calificó como “una catástrofe”. Agregó que “no importa qué voluntad tengan, a la larga muchos de ellos no van a poder evitar caer presos del crimen organizado, que es la peor emergencia que tenemos en Uruguay”.
