El proyecto de ley que contempla la colocación de tributos a retiros y pensiones de militares y familiares para paliar el déficit del organismo prestador de las pasividades se encuentra en el Senado y será discutido en los próximos días. Expertos sostienen argumentos para determinar que tal normativa puede ser considerada tan constitucional como inconstitucional, sin embargo sería la Suprema Corte de Justicia la que debería resolver. El senador nacionalista Álvaro Delgado se mostró en contra de la misma y el diputado de Unidad Popular Eduardo Rubio aseguró que en un principio no votaría ningún impuesto a las jubilaciones.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
El Poder Ejecutivo, mediante la actuación conjunta de Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEC) remitió un proyecto de ley para reformar la Caja Militar que implica impuestos a retiros y pensiones militares y familiares, en el marco de una reforma del sistema. La Caja Militar demanda anualmente una financiación de unos US$ 400 millones de Rentas Generales.
Actualmente el Estado vuelca recursos para paliar el déficit del organismo prestador de las pasividades -que contempla a un activo militar cada dos pasivos militares-, por lo que se crearía el tributo para que sean los mismos contribuyentes quienes aporten, a fin de reducir los problemas financieros del Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas.
Si bien el Frente Amplio aún no ha manifestado su posición respecto a este proyecto, en caso de que se tomara una posición positiva, no contaría con la mayoría necesaria debido al alejamiento de Gonzalo Mujica de sus filas. No obstante, hay especialistas que han pronunciado que este proyecto es inconstitucional.
En diálogo con CRÓNICAS, la senadora frenteamplista Patricia Ayala, presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, informó que el proyecto de ley se encuentra en el Senado y confirmó que “no ha habido avances”. De todas formas, descartó que las mismas no se produzcan antes de fin de año y señaló que han recibido a expertos para evaluar la futura legislación.
El abogado Mauro Da Rocha, perteneciente al estudio Galante & Martins, dijo a CRÓNICAS que el hecho de que el proyecto de ley sea inconstitucional o no, se debe definir tomando en cuenta la aplicación de más de un impuesto sobre un mismo supuesto y, contemplando al financiamiento de las prestaciones, en base a lo regulado por la Constitución, determinando quiénes serían los sujetos obligados.
Respecto al primer punto, la Constitución prevé en su Artículo 298 una prohibición de incurrir en superposiciones impositivas. “Según lo allí regulado, siempre y cuando surjan de iniciativas del Poder Ejecutivo y cuenten con mayoría absoluta del total de componentes de cada Cámara Parlamentaria, se podría extender la aplicación de ciertos tributos, o inclusive ampliar los hechos generadores sobre los cuales recaen, pero siempre evitando la ya citada superposición tributaria”, explicó Da Rosa.
En este caso se estaría hablando de una superposición de tributos si se considera que dichas pasividades ya se encuentran gravadas por el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).
Sin embargo, un argumento de quienes sostienen la constitucionalidad de este proyecto radica en que la mencionada prohibición rige a nivel departamental y no a nivel nacional, por lo tanto, al tratarse de un impuesto de aplicación nacional, la misma no ingresaría dentro de supuesto regulado.
“Quienes sostienen la inconstitucionalidad, afirman que se podrían plantear analogías entre lo regulado a nivel departamental y a nivel nacional, basados en principios de derechos y en recomendaciones de estudiosos sobre el tema de evitar la superposición tributaria en el sistema fiscal”, declaró el profesional.
En cuanto al segundo punto, la Constitución prevé que el financiamiento de las pasividades deberá ser por contribuciones obreras, patronales y “demás tributos establecidos por ley”, para luego decretar al Estado como sujeto obligado a volcar recursos subsidiariamente.
“Un argumento para la constitucionalidad es que la Constitución al hablar de ‘demás tributos establecidos por ley’ la normativa en cuestión podría ingresar en dicho supuesto”, observó Da Rosa. Por su parte, quienes defienden la inconstitucionalidad de la norma se basarían en que ante un déficit del organismo corresponde al Estado el financiamiento y no al contribuyente.
Por lo tanto, como existen argumentos por ambas partes que defienden tanto la constitucionalidad como la inconstitucionalidad, quien tendría la palabra final sería la Suprema Corte de Justicia.
En caso de que el proyecto se apruebe, comenzaría a regir la Prestación Pecuniaria de Asistencia al Servicio de Retiro y Pensiones de las Fuerzas Armadas, gravando las pensiones y jubilaciones servidas por dicho organismo y los beneficiarios abonarían, sobre la prestación recibida, el IASS y el tributo que crea la norma.
Empero, quien se considere afectado por la norma, podría entablar procesos de inconstitucionalidad y, en caso de que la Suprema Corte de Justicia declare la misma, la ley no sería aplicable únicamente para el solicitante, aseguró el abogado.
“En caso de que, a partir de la promoción de procesos de inconstitucionalidad, la Suprema Corte empezara a declarar en reiteradas ocasiones el carácter inconstitucional de la ley, comenzaría a operar el instituto de la decisión anticipada, lo que generaría que se interpongan más procesos, y que eventualmente la administración central procediera a rever la norma”, confirmó Da Rosa.
En alerta
Por su parte, el diputado de Asamblea Popular, Eduardo Rubio, dijo a CRÓNICAS que si bien están de acuerdo con que se debe trabajar en una reforma de la Caja Militar, desean primeramente estudiar el proyecto que se encuentra en el Senado.
Asimismo, comentó que se han reunido con consultores para analizar la normativa y que entienden que las jubilaciones no pueden ser fruto de quita, sino de reajuste por el Índice Medio de Salarios.
“Nos pone en alerta el hecho que hoy se plantee un impuesto a las jubilaciones militares en el mismo momento en que se habla de una crisis en el sistema de seguridad social. Podría ser abrir la puerta para que aparezca una lluvia de impuestos a las jubilaciones en general o a las rebajas de las jubilaciones o modificaciones con las que no estamos de acuerdo”, consideró. Además, sostuvo que en un principio no votarían ningún impuesto a las jubilaciones.
Por otro lado, el senador nacionalista Álvaro Delgado, integrante de la Comisión de Hacienda del Senado, se mostró en desacuerdo con el proyecto de ley. “La Caja está desfinanciada, pero no es culpa de los militares sino de una cantidad de decisiones que fueron tomadas por el poder político”, opinó.
Para el legislador, la solución no es colocar un impuesto adicional, sino que, según explicó, se debería trabajar en una reforma integral del Servicio de Retiro y Pensiones Militares “y no empezar con lo más fácil e injusto que es ponerle impuestos a las jubilaciones”, aseveró.
El Frente Amplio no cuenta con el apoyo del Unidad Popular
Luego del alejamiento del diputado Gonzalo Mujica de Frente Amplio (FA), el partido oficialista necesitaría del voto que le puede brindar Unidad Popular para aprobar proyectos que requieran mayoría absoluta. Ante esto, Rubio declaró a CRÓNICAS que “el FA no cuenta con la mayoría que le pueda brindar Unidad Popular (UP)”.
De esta forma, sostuvo: “Nosotros tomamos una actitud ante cada tema de acuerdo a nuestras decisiones programáticas. No hacemos cálculos de votos ni de beneficios particulares. Cuando algo vaya contra la decisión programática de UP, votaremos en contra. No tenemos ningún problema en ningún caso de actuar coherentemente con nuestros principios”.
