El Poder Judicial se encuentra elaborando el mensaje presupuestal que enviará al Poder Ejecutivo de cara a la Rendición de Cuentas que se discutirá este año. En esa instancia prevé obtener nuevos recursos humanos y económicos que entiende necesarios para aplicar la Ley Integral contra la Violencia Basada en Género.
La normativa, que aumenta las medidas de protección para las víctimas y crea nuevos organismos para combatir la violencia de género, fue aprobada por el Parlamento en diciembre del año pasado con los votos de legisladores de todos los partidos –por unanimidad en el Senado y por mayoría en Diputados-.
Aunque en las pasadas instancias presupuestales el Poder Judicial no recibió aumento del presupuesto –sí se le otorgó una partida especial para la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP)-, para la Rendición de Cuentas que se aprobará este año –y que será la última en la que el gobierno puede ejecutar gasto-, plantea que es indispensable que se le brinden nuevos recursos.
Si eso no sucede “va a ser imposible” implementar la nueva legislación en materia de violencia de género, aseguró a CRÓNICAS el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Chediak. Desde un principio, las autoridades del organismo avisaron al gobierno que necesitaban recursos y tiempo para poner en marcha la ley, que implica una nueva reforma tras la modificación del sistema procesal penal, la cual todavía no ha sido completada.
Una vez entrado en vigencia el nuevo Código, los recursos del sistema judicial quedaron “absolutamente al límite”, y ahora deberán llevar adelante el cambio que requiere la ley de género, lo que preocupa al magistrado por la falta de fondos.
Chediak sostuvo que intentarán llegar a “los números mínimos indispensables para una implementación decente de la ley”, y harán ese planteamiento en la Rendición de Cuentas. Además, señaló que la posibilidad de transformar algunos juzgados para destinarlos al cumplimiento de la norma, es muy acotada. De hecho, no cubriría ni la tercera parte de los requerimientos.
Esto significa que “la condición indispensable para que la ley no quede en el papel –lo cual desacreditaría al sistema-, es la creación de nuevos cargos”, sumada a los recursos económicos que necesitan para comprar o alquilar locales y adecuarlos a su concreción, debido a que la reforma procesal penal agotó las capacidades edilicias de ese poder estatal.
Restricción fiscal
CRÓNICAS se comunicó con el diputado del Frente Amplio (FLS) y miembro de la Comisión de Hacienda integrada con Presupuestos de la Cámara Baja, Alfredo Asti, para conocer la visión del oficialismo sobre este tema. Los legisladores han tenido acceso a las bases del proyecto de la Rendición de Cuentas, por lo cual están al tanto de varias prioridades del gobierno.
Algunos de los gastos ya comprometidos por leyes anteriores son el financiamiento de la Ley de Nocturnidad, y el convenio que pone fin al conflicto salarial con los judiciales. La normativa que busca luchar contra la violencia de género “también es un compromiso, pero no sé si estará dentro de esos recursos que tienen que asignarse como gasto endógeno por resoluciones anteriores a la propia Rendición de Cuentas”, manifestó el diputado.
Los fondos solicitados por parte del Poder Judicial deberían alcanzar para cubrir la contratación de unos 30 jueces letrados –en su mayoría para el Interior del país-, más de 60 defensores, más actuarios y funcionarios administrativos, aparte de los recursos para nuevos edificios. La cifra final será presentada la próxima semana.
Consultado al respecto, Asti explicó que ese tema lo discutirán con el sistema judicial, para poder establecer si realmente es imprescindible la creación de cargos, dado que también se debe tener en cuenta que el cambio del CPP implicó modificaciones importantes en la distribución de las funciones jurídicas entre el Poder Judicial y la Fiscalía. Dijo, asimismo, que el oficialismo tiene “la restricción fiscal de no aumentar el gasto”.
“La condición indispensable para que la ley no quede en el papel –lo cual desacreditaría al sistema-, es la creación de nuevos cargos”, sostuvo Chediak.
Gobierno comprometido
De todas formas, pese al poco margen de incremento del gasto público que tiene el equipo económico, el gobierno ratificó su compromiso de dar cumplimiento a la normativa sobre violencia de género, según informó el portal de Presidencia la semana pasada.
El jueves 7, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, recibió en la Torre Ejecutiva a una delegación de la Intersocial Feminista, que representa a 30 colectivos de todo el país.
Luego del encuentro, la vocera de la organización, Valeria Caggiano, señaló en conferencia de prensa que “el compromiso con la ley está”, además de que “no habrá un aplazamiento de la entrada en vigencia ni una suspensión de la vigencia de la ley por parte del Poder Ejecutivo”.
Agregó que la implementación de la norma “es un proceso acumulativo y gradual, y así se pusiera de un momento para el otro el 100% de los recursos que se necesitan, tampoco estaríamos operando un cambio radical en la situación porque hay un proceso que hay que asumir”. De todas formas, no habló de números, ya que el tema no fue parte de la conversación con Roballo.
Finalmente, comunicó que el Ejecutivo también se comprometió a llevar adelante “un monitoreo” del abordaje de la puesta en marcha de la normativa.
