Ante las explicaciones hechas por el Banco Central del Uruguay (BCU) que no convencieron a los integrantes de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, se convocará al ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, para plantearle la disconformidad de la nueva regulación de las fintech, ya que para el comisionado “hace inviable el negocio y las empresas del rubro”.
Las plataformas fintech tienen varios servicios financieros, desde una app para pago hasta plataformas que acercan tomadores de crédito y oferentes de plata, es decir, que acercan a un prestamista -quien tiene ahorros y quiere ofrecerlos al mercado a cambio de un interés-, a tomadores de crédito. Dada su importancia, es que se apuesta a que la regulación esté acorde a las necesidades.
A raíz de una iniciativa del diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, presidente de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología, se convocó al Banco Central (BCU) para consultar sobre la regulación del sector fintech —aplicación de tecnología en la actividad financiera— que más desarrollo ha tenido en Uruguay: las plataformas de préstamos entre partes, denominadas peer to peer lending. Al no llegarse a un acuerdo entre las partes, se decidió convocar al ministro Danilo Astori.
“Uruguay no puede ir contra las empresas fintech, es hacerse un harakiri si mata la innovación tecnológica de estas. Yo remarqué las declaraciones de Fernando Brum -el presidente de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII)- que es el principal referente de la tecnología del gobierno: dijo que se estaban yendo los emprendedores”, aseguró el diputado.
Los dos temas principales por los que se citó al BCU a la comisión están relacionados, en principio, con la regulación del peer to peer lending y el crowdfunding. Este último es un aspecto que, para el diputado nacionalista tiene gran importancia y por el que se está trabajando para una posible aprobación en el sistema financiero digital.
“Buscamos que si alguien necesita un crédito para un proyecto, lo publique en una plataforma y le aparezcan personas que quieran invertir en el mismo, tanto como prestamistas y accionistas. Sería acercar a la gente que necesita dinero con la que lo ofrece”, aseguró.
Estas plataformas permiten juntar a un universo de inversionistas con tomadores de créditos, lo que genera mejores condiciones porque el mercado se amplía, según Goñi. Añadió que todas estas tecnologías incorporan determinadas formas de analizar la información mediante algoritmos que permiten agilizar los trámites y hacerlos con menos gente.
En su opinión, la reglamentación impone obligaciones y cargas “innecesarias y sin fundamento” que hacen inviable el desarrollo de la actividad.
“El tema de regulación digital dice que hay que ser muy prudente con el reglamento de la tecnología, porque cualquier mala señal que se dé, expulsa a los que piensan iniciar emprendimientos”, indicó.
Choque de intereses
El BCU hace una reglamentación que impone obligaciones y cargas que a entender de las cámaras, de Brum, presidente de la ANII y de varios legisladores, son “absolutamente innecesarias, sin fundamentos y que provocan mayores costos. Son obligaciones que lleva a que muchos inversionistas no estén en el mercado o se retiren hacia otros”, dijo Goñi.
Entre los asuntos que la oposición no está de acuerdo, se encuentra el tema de la confidencialidad. Para Goñi, una persona no tiene por qué dar su nombre a cualquier otro públicamente informando que desea prestar dinero, porque una cosa es que alguien quiera prestar plata en la plataforma y otra que todos sepan que tiene un ahorro. “Esto no quiere decir que la plataforma no tenga el nombre, pero que no sea de público conocimiento”, indicó.
Otro de los puntos refiere a la obligación que indica que no se pueden usar algoritmos para brindar préstamos según ciertas características del tomador. El algoritmo permite que el oferente dé dinero, sesgue qué tasa de intereses tendrá, con qué personas, de qué edad y qué tipo de situación. “Pero el BCU dice que cada vez que haya una operación los dos tienen que saber quiénes son y decidir. Si se hará a gestión o no. Es volver a la época de las carretas”, dijo Goñi.
Para el diputado, el BCU lo que en el fondo quiere es “limitar al máximo la actividad” y, al prohibir los algoritmos, lo que hace es que haya muchas menos operaciones. “La cámara dice que la gente se está yendo por eso voy a hacer un contraataque”.
