El exfiscal y diputado electo por la Tercera Vía del Partido Colorado (PC), Gustavo Zubía, espera que el gobierno entrante comience a aplicar una línea de mayor represión en el combate contra el delito, a diferencia de lo que ha hecho el Frente Amplio (FA) durante sus tres administraciones nacionales. Para ello considera que deben hacerse reformas importantes a nivel legislativo y pretende incidir en ese aspecto.
En las últimas semanas, el futuro representante colorado presentó una lista de 15 nombres en el marco de las negociaciones por cargos para el gobierno de la coalición multicolor, según confiaron a CRÓNICAS fuentes partidarias. Entre las personas ofrecidas se encuentran profesionales de diversas áreas, aunque el énfasis está puesto en la gestión de la seguridad.
Algunos de los más destacados son el exdirector de Cárceles y de la Guardia Republicana, Enrique Navas; el exdiputado y exdirector del Correo y del Codicen, Diego Martínez; y el exedil y exdirigente de Vamos Uruguay, Ángel Facchinetti.
Consultado al respecto, Zubía se limitó a confirmar el nombre de Navas, a quien describió como un individuo con una experiencia vastísima en el área de seguridad, que se caracteriza por buscar “la aplicación de la ley en toda su extensión”. El exjerarca ocupó el segundo lugar en la lista al Senado que encabezó el exfiscal.
En este momento Zubía está dedicado a la planificación de su participación en la Cámara de Diputados y dijo que no aceptaría un cargo ejecutivo. Su intención es que desde el 1º de marzo se empiece a atacar la inseguridad. Para esto, entiende que la base de las futuras operaciones son las modificaciones legales en las que ya está trabajando.
Lo que propone el diputado electo no es mano dura, asegura, sino imponer las sanciones pertinentes a los delincuentes, cosa que muchas veces, según su parecer, no se hace. “Yo no pido mayor sanción que la que establece el Código Penal. En todo caso, en algunos delitos habría que mejorar las sanciones, como en los delitos vinculados a estupefacientes y los de estafa, que son dos figuras que tienen una imputación todavía muy pequeña”, explicó.
Además, opinó que hoy la sociedad está dividida entre aquellos que han seguido el discurso de que al delincuente hay que tratar de recuperarlo, y para eso necesita el tratamiento más benévolo posible, y quienes piensan que se deben comenzar a aplicar sanciones en serio, para que el criminal observe que el negocio del delito no es próspero. Agregó que la primera filosofía es la que ha mantenido el FA en los últimos 15 años, lo que ha llevado al país hacia una situación desastrosa, mientras que la segunda es la que prevalece en la mayor parte de la población, que en las pasadas elecciones votó por un cambio.
“No podemos ser tolerantes y dejar que los delitos sigan campeando con la impunidad con la que lo hacen. Hay que detener a las personas que los cometen y hay que aplicar sanciones en serio, cosa que no se está haciendo, lamentó el líder de la Tercera Vía.
Igualmente, sostuvo que el próximo gobierno se va a enfrentar a la sociedad dividida por el tema de la seguridad. Afirmó que la mayoría del pueblo se expresó en favor de un sistema represivo sancionatorio más serio, que fue la que llevó al gobierno al Partido Nacional (PN) y a los partidos de la coalición multicolor, dándoles, además, mayorías parlamentarias. Del otro lado se encuentra una porción que sigue todavía sosteniendo la necesidad de benignidad en el trato al delincuente en todos los niveles, apuntó.
Hacia la mano firme
Acerca del futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga, Zubía dijo que coincide con él en la importancia de que exista una mano firme frente al delito y de que se robustezca la actuación de la policía. Eso implicará una modificación en la ley del procedimiento policial para que los policías puedan trabajar más seguros en situaciones de enfrentamiento, aseveró. De hecho, recordó que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, ha insistido en la posibilidad de que haya una legítima defensa presunta al momento de la acción policial.
Para Zubía, es fundamental darle más potestades a la policía, modificar el Código del Proceso Penal (CPP) para hacer sanciones más efectivas y reformar la gestión de las cárceles. A su vez, espera que en la ley de urgencia se incluyan los ámbitos del CPP y del Código Penal para cambiar las leyes y así evitar que la delincuencia sea “un negocio perfecto”.
“Yo estoy a la espera de tener contactos con los operadores de la ley de urgencia para poder dar mi punto de vista al respecto. De lo contrario lo haré luego a nivel parlamentario. La nueva gestión tiene que apuntar hacia los parámetros de mayor efectividad en el control de la delincuencia, que se ha perdido”, concluyó.
