La próxima semana se presentará en el Plenario una norma interpretativa sobre los derechos y obligaciones de los uruguayos residentes en el exterior, que permite instrumentar el sufragio fuera del país. De conseguir los votos del Senado, se creará una comisión encargada del tema para lograrlo. Sin embargo, la oposición está en desacuerdo no sólo con el proyecto sino también de la modalidad para alcanzarlo.
Por Jessica Vázquez | @JessVazquezL
La Constitución de la República plantea en su artículo 77 que “todo ciudadano es miembro de la soberanía de la Nación; como tal es elector y elegible en los casos y formas que se designarán”. Por otro lado, en el 81 se sostiene que “la Nacionalidad no se pierde ni aun por naturalizarse en otro país, bastando simplemente, para recuperar el ejercicio de los derechos de ciudadanía, avecinarse en la República e inscribirse en el Registro Cívico”.
Las interpretaciones de estos dos párrafos parecen dividirse según colores políticos. Desde 2009, el Frente Amplio (FA) ha propuesto distintas maneras de hacer ley el hecho de que los uruguayos que residen en el exterior puedan votar en las elecciones nacionales. En ese año, se realizó un plebiscito para la reforma constitucional de esos artículos que habilitaría el voto epistolar, pero solo el 38% de la población estuvo de acuerdo.
Pasaron cuatro años desde ese entonces para un nuevo intento, y se planteó un proyecto de ley con la posibilidad de permitir el voto consular para los erradicados en el extranjero. Sin embargo, no tuvo apoyo parlamentario. Hoy, el Frente Amplio apuesta a una norma interpretativa que, de ser aprobada por el Senado, requerirá de la creación de una comisión para que elabore un informe, un proyecto de ley y, de ese modo, tratar de aprobar el voto fuera de fronteras.
Se prevé que la comisión que se creará estará compuesta por un representante de cada partido, miembros de la Cancillería, de la Corte Electoral e integrantes de asociaciones civiles. A la vez, estará a cargo la Institución Nacional de Derechos Humanos.
Para la oposición esto es inconstitucional. Pedro Bordaberry, senador del Partido Colorado (PC), indicó a CRÓNICAS que como el gobierno no llegó a los votos en el plebiscito de 2009 ya que los uruguayos con su voto dijeron que no, “ahora no quiere el riesgo de consultarlo y escuchar la voz del voto, no toma en cuenta el pronunciamiento popular, y pretende aprobarlo por medio de una ley”.
Para el senador de la oposición, el interés constante por parte del FA y la búsqueda exhaustiva de modalidades que permitan el sufragio en el extranjero es una muestra de que “quiere tratar de sacar ventaja pretendiendo erigirse en defensor del voto de los uruguayos en exterior”. Y añadió: “Su estrategia es esa: si puede lograr que voten afuera del país en forma inconstitucional estarán contentos porque están convencidos que tendrán mayor caudal de votos”.
Asumió además, que esto se realiza con mayor interés que los intentos anteriores debido a que considera que las fuerzas de izquierda han perdido capacidad de convocatoria y militancia, “como todos los partidos de Uruguay y el mundo” y, en ese sentido, ya no tiene la capacidad de hacer que quienes están fuera del territorio lleguen a Uruguay con el fin único de votar. “Y en parte, también, porque ya no les creen”.
Cambio de frente
Por otra parte, el senador por el Frente Amplio, Charles Carrera, puso en discusión la visión que se tiene por parte de la oposición. Indicó que esta ley está en consonancia con la Constitución de la República pero, además, lo está con una serie de instrumentos y de convenciones internacionales que fueron ratificadas por Uruguay, que dicen que no se puede limitar los derechos cívicos de los ciudadanos de los Estados ratificantes.
“Por diferentes situaciones, primero por la dictadura, después por el desarraigo económico, tenemos un gran porcentaje de nuestra población -el 18% aproximadamente- que reside en otros países, pero eso no les hace perder el derecho a votar”, entendió Carrera.
En esa línea, el senador oficialista explicó que en 2009 se intentó plebiscitar una forma de hacer efectivo el voto, y que no es lo mismo que se está discutiendo hoy. “Nosotros no estamos legislando acerca de cómo se va a instrumentar el derecho, sino que lo estamos reconociendo. Es un gran paso porque esta es una demanda de los residentes en el exterior desde hace muchos años”, sostuvo.
“Si no lo logran, utilizarán eso para motivar a que vengan a votar”, aseguró el senador colorado.
En cuanto a la comisión que se espera crear, detalló que a partir de que se apruebe tendrá 120 días para elaborar el informe y el proyecto que contemple la vialización del sufragio en el extranjero. “Para llegar a esto e instrumentarlo hay un trecho que recorrer aún, vamos a necesitar una mayoría calificada de dos tercios”.
Interés electoral
El planteo de este proyecto se da un año antes de las próximas elecciones, esto es, para Bordaberry, una señal de que el FA trata de tener una “ventaja electoral” y son acciones para “cambiar las reglas del juego”.
“Lo hace porque sabe que está en una muy mala posición dados los continuos y graves errores que ha cometido: los casos de corrupción en Ancap, Pluna y ASSE; la desesperante situación en que nos ha colocado a los ciudadanos en materia de inseguridad, con récords de homicidios y rapiñas; la promesa incumplida de no aumentar impuestos; entre otras cosas”, sostuvo el senador.
Pero para Carrera lo que dice la oposición “es una falsedad absoluta” porque en los temas de reconocimiento de derechos de los ciudadanos “no se puede hablar de ventaja electoral”. Expresó que se hace en este momento porque hubo organizaciones sociales que trabajaron y militaron muchos años para concretar esta propuesta.
“Acá no se está buscando ninguna ventaja electoral porque no se están cambiando las normas electorales de nuestro país, no se está modificando el padrón electoral, ni se está tomando ningún tipo de medida similar”, puntualizó.
