Verónica Alonso, Senadora por el Partido Nacional
Bajo la bandera de su agrupación Esperanza Nacional, Alonso espera convertirse en la próxima presidenta del Uruguay. Dentro de sus prioridades de cara a 2020 se encuentran apuntalar la educación, la reforma del Estado, y cambiar el funcionamiento de las empresas públicas. Además, quebró una lanza a favor del sector privado y apuntó contra el PIT-CNT acusándolo de ser cogobierno del Frente Amplio. En el debate parlamentario, fue la voz opositora a la Ley Trans y cuestionó el proceder del gobierno: “El Mides terminó siendo una sede del partido comunista con un aparato netamente clientelista”, dijo a CRÓNICAS.
El Menú En la confortable cava de Panini´s, la legisladora degustó sorrentinos capresse en salteado de aceitunas negras, cherry y rúcula. Para la sobremesa optó por un té verde.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-Durante su alocución previa a votar la negativa de la Ley Trans, aseguró que esta normativa legisla privilegios y no derechos. ¿No cree que esta colectividad haya estado históricamente en inferioridad de condiciones?
-Nunca desconocí que es una población que fue discriminada y vulnerada. Uno tiene que buscar acciones que ayuden, y esto no es contradictorio con lo que voy a decir.
A esta población se la ha ayudado durante largo tiempo a través de leyes que se fueron consagrando y que generaron algunas políticas públicas. Por ejemplo, a todas las personas por el hecho de ser trans se les otorga en el Mides la tarjeta Uruguay Social. Se aprobaron leyes entre las cuales se establecen determinados beneficios, por ejemplo, la ley de empleo laboral que establece el 2% para jóvenes trans. Otras que reconocían los derechos de las personas trans como una ley en contra de la xenofobia, discriminación y la violencia y, dentro de ello, se incluyó la diversidad sexual. Se aprobó la Ley de Unión Concubinaria donde se reconoce a parejas homosexuales y también a la población LGBTI, se aprobó la Ley de Matrimonio Igualitario, también se modificó la Ley de Adopciones y se reconoció la posibilidad de adoptar por parte de parejas homosexuales y población LGTBI.
También se creó un grupo dentro del Mides que trata de frenar y neutralizar las desventajas. Cuando uno mira eso, dice hay otras poblaciones que también son vulneradas como los ancianos y los niños. Yo creo profundamente en el derecho a ser de cada persona, aquel que se sienta distinto o quiera vivir de una manera diferente, bienvenido; lo voy a defender desde ese lugar. Lo que no voy a aceptar es que el Estado tenga que otorgar determinados privilegios y no ya derechos, simplemente por el hecho de elegir una manera distinta de vivir. Me parece que eso fue lo que pasó con esa ley. Me planté en contra porque no la creo justa, pone a una población en situación diferente a otras. También hay cosas que me preocupan profundamente, en particular, lo que tiene que ver con menores de edad y la imposibilidad de que los padres puedan ser parte de una decisión tan importante como la hormonización, tratamiento que en muchos casos termina siendo irreversible. Eso es atentar contra la patria potestad.
-También afirmó que la ley se había aprobado bajo la presión de colectivos corporativos sobre el Mides e hizo especial alusión a Ovejas Negras, ¿tiene pruebas sobre estas presiones o se refirió a un trabajo mancomunado entre los entes?
-Creo que nos hace muy mal legislar por presiones. Muchas veces pasa que esas leyes no termina pensando en el bien general. Esta ley se aprueba con la rapidez que se hace por apetitos electorales del gobierno; trata de dividirnos y profundizar una grieta en la cual si votaste en contra sos conservador, retrógrado e insensible y si votaste a favor sos progresista, sensible y de avanzada.
Además, hay sectores de la población que hacen lobby y generan mucha presión, tienen cercanía con algunos sectores del gobierno y en particular con el Mides. El colectivo Ovejas Negras fue uno de los impulsores y redactores de esta ley. Hay una relación de sociedad muy clara vinculante con el Ministerio de Desarrollo Social, tan vinculante que uno de los artículos establece que la restauración económica corre por cuenta del Mides a través de vía administrativa y no de forma judicial.
El Mides que podría haber sido una gran herramienta de transformación social, terminó siendo un club político, una sede del Partido Comunista con un aparato netamente clientelista. Tienen amigos y socios con los que promueven leyes y las terminan aprobando; esta es una de ellas.
-Hizo alusión a otros colectivos de la población que no eran privilegiados. ¿Este reconocimiento a los trans va en detrimento de hacer lo mismo con otros?
-Genera un precedente. Que se haya manejado de esta manera tiene dos cosas que me parecen muy negativas en los últimos 15 años. Este manejo para imponer determinadas iniciativas es producto de las mayorías absolutas que han debilitado nuestro sistema democrático. Nosotros creemos que es sano que se busque el diálogo y la negociación, el acuerdo y el consenso, algo que no se ha podido en estos años porque se han utilizado esas mayorías que fueron dadas legítimamente, nadie discute la legitimidad, lo que pongo en discusión es el abuso que han puesto en práctica, porque han sido mayorías necias y sordas; eso nos ha debilitado a todos, incluso al Frente Amplio, que se fue sintiendo cada vez más poderoso y dejaron de escuchar a las mayorías. Incluso aprobando leyes inconstitucionales, sin escuchar a especialistas.
-¿Por ejemplo?
-La ley del voto en el exterior planteada por el Frente Amplio, la ley de Rendición de Cuentas del 2010 que incluyó la equiparación de los funcionarios judiciales y la ley de Pluna que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia, entre otras.
-Los gobiernos de izquierda han realizado avances importantes en la llamada agenda de derechos que incluye la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y ahora la Ley Trans. En un gobierno liderado por Verónica Alonso, ¿qué pasaría con estos colectivos?
-Uno no puede venir cada cinco años a deshacer y hacer otra cosa. Con respecto a esas leyes en particular creo que hay cosas que modificaría pero no derogaría.
La Ley del Aborto hay que mejorarla, hay que buscar contención a muchas madres que no la encuentran tal y como está establecido el procedimiento en esta ley. Hay que buscar mejorar esa red de contención.
Como lo dije el día que voté en contra, yo soy partidaria de la vida como seguramente muchos y creo en la libertad de la mujer pero creo que sobre todo está el derecho a la vida y ese derecho es más importante que la libertad de la mujer a tomar una decisión sobre su cuerpo, la puede tomar sobre su cuerpo pero no sobre el cuerpo que engendró. Esa es mi postura, la voy a seguir manteniendo. Respeto el resto de las decisiones pero creo que hay que buscar mecanismos de contención.
En el tema del matrimonio igualitario cambié mi postura. Hoy hay distintos arreglos familiares y respeto la decisión de cada persona a que pueda vivir de la mejor manera que entienda. Comparto hoy una decisión que cuando se tomó en el partido hubo una postura general contraria.
Sí cambiaría la ley de marihuana. Creo que Mujica fue el peor presidente que hemos tenido en la historia del país por el daño que nos ha hecho desde el punto de vista económico y de los valores. La ley de marihuana es resultado de la incapacidad de Mujica.
El peor mensaje que se transmitió fue naturalizar el consumo, el gobierno está preocupado, producto de que permitieron y aumentó enormemente el consumo de marihuana en los más jóvenes. Creo que se debe profundizar en la educación y en la prevención. Tenemos que transmitir un mensaje mucho más firme. Respetando la libertad de aquel que quiera consumir marihuana y para eso se puede establecer el mecanismo de autocultivo pero no que el Estado termine siendo productor e, incluso, terminamos subsidiando la marihuana para combatir el mercado paralelo que no se combate.
-“Compromiso con el cambio” se apartó de su agrupación y su dirigente Ignacio Estrada aseguró que la Iglesia Evangélica Misión Vida estaba dominando la estructura de Esperanza Nacional, ¿qué piensa de estas afirmaciones y de los movimientos en una etapa decisiva de las precandidaturas?
-Cada uno es libre de tomar decisiones, esta es la etapa de los pases y soy tremendamente respetuosa de cualquier decisión, porque también tenemos diferentes formas de entender la política y creo que ahí estuvieron las principales discrepancias.
Al grupo liderado por el diputado Álvaro Dastugue no le veo ningún punto en contra, comparto el trabajo social y no hay ningún copamiento; es una agrupación libre al que se suman distintos grupos que muchas veces no son conocidos pero los valoro mucho. Esto no nos afecta absolutamente en nada.
-Búsqueda informó que cuatro de las cinco autoridades de Esperanza Nacional pertenecen a la Iglesia Misión Vida, ¿cree que el vínculo con esta agrupación puede afectar a su futuro electoral?
-Creo que no. Yo valoro los apoyos, no soy evangélica, de hecho soy judía, respeto, y la pregunta es ¿por qué creen que los grupos evangélicos me apoyan? Debe ser porque represento valores en una sociedad que está devaluada. Yo no tengo mochilas como otros, incluso en comparación con otros de mi propio partido; tengo el coraje de hacer cambios.
-La justicia falló en su contra en el caso que la vincula con facturas impagas en la campaña de 2014 que según declaró usted fueron solicitadas independientemente por Misión Vida, por qué piensa que el fallo le fue adverso?
-Porque seguramente hubo algunas confusiones y a veces el que paga mal, paga dos veces pero ya está, es un tema más que superado. Pero en este ejemplo queda clara la diferencia entre lo privado y lo público, en la órbita privada yo pagué y el tema quedó zanjado, sin embargo, en lo público, nadie se hace cargo. Eso también tendría que cambiar en las empresas públicas, que cada uno de los que ocupan lugares de jerarquía se hagan cargo y sean patrimonialmente responsables de los desastres que hacen. Hoy no hay responsabilidad política ni patrimonial, ¿nadie se va a hacer cargo de la plata que le hicieron perder a los uruguayos? Quiero ver si hacen lo que harían si saben que van a ser penados por sus incapacidades.
-¿Cómo ve al Partido Nacional y a usted en ese contexto?
-El Partido Nacional tiene la responsabilidad y la obligación de ser gobierno. Hay una enorme fragmentación social, están cada vez más radicalizados en el poder, se han debilitado los sectores moderados del Frente Amplio y no quiero un país liderado por radicales.
Veo bien al Partido Nacional, con opciones, algo que es muy bueno porque son buenos compañeros pero la gente está pidiendo un cambio, no ser más de lo mismo, no traer mochilas. En el partido muchos traen mochilas, algunos no porque quieran sino porque integran viejas estructuras de las cuales no se los puede separar. Siempre son los mismos y se reparten los cargos entre los mismos como si fuera una torta de poder y eso cansa. Yo no quiero formar parte de eso y quiero cambiar esas prácticas en el partido.
-En caso de no ocupar el primer lugar en la fórmula presidencial, ¿aceptaría, de todos modos, integrarla?
-Eso va a depender del voto de la gente. Es mi primera vez como pre-candidato y compito con viejas estructuras fuertes. Esperamos el apoyo de la gente que apuesta a otra cosa. Yo voy a estar en cualquier lugar que la gente decida. Mi obsesión no son los cargos ni el silloncito, mi obsesión es transformar el país y hacer que en un país divino como el nuestro la gente viva dignamente; ahí está mi norte.
Estado incumplidor
Al día siguiente de que se tratara en el Parlamento la Ley Trans, fue turno de los senadores de tratar la determinación de una cuota para que personas con discapacidad se desempeñen laboralmente en el sector privado. El proyecto, que ya tenía su antecedente en la órbita pública, se aprobó con modificaciones, algo que no convenció al PIT-CNT.
La senadora Verónica Alonso hizo referencia a este proyecto y fundamentó su discurso en torno al no cumplimiento del Estado: “El Estado que es el gran empleador, es el gran incumplidor y le exige a los privados lo que él no hace”, sostuvo la legisladora.
“Es muy importante ver más allá de la discapacidad y que puedan sentirse útiles para sus familias y también para la sociedad, por eso me parece bueno que se haya aprobado”, indicó. “Del 4% de cupo que debe cumplir el Estado, solo se llega al 0.6”, agregó.
Alonso criticó que las normativas que se aprueben se transformen en “letra muerta”. “Prefiero pocas leyes y buenas, que se cumplan, que muchas sin cumplirse o sin reglamentarse”, opinó.
Con respecto a la posición del PIT-CNT contraria a las modificaciones del proyecto original, Alonso hizo alusión a la compleja situación del empresariado uruguayo: “Hay muchas pequeñas empresas que están cerrando. Cuando se han perdido más de 50.000 puestos de trabajo y a las empresas los números no les dan, también es momento de contemplarlo y no siempre exigir sino tener la suficiente flexibilidad”, puntualizó.
Además, la senadora apuntó contra el PIT-CNT y sostuvo que la central sindical “debería haber velado por los derechos de los trabajadores, pero lamentablemente prefirió ser cogobierno del Frente Amplio y le ha hecho mucho daño al país”.
“En el próximo gobierno hay que ser muy firmes. Si yo mañana soy gobierno, al otro día derogaría el decreto que permite la ocupación de los lugares de trabajo, es inconstitucional y atenta contra cualquier iniciativa de emprender”, reconoció Alonso en relación a la situación del sector privado y su histórico reclamo en contra de la extensión del derecho a huelga.
Compromisos
“Se necesita un cambio profundo, no alcanza con retoques”, comentó la legisladora antes de enumerar cuáles serían sus primeras medidas a tomar en caso de ser electa presidenta en 2019.
Alonso no habla de promesas sino de compromisos y afirma que es necesario un cambio dentro del Partido Nacional. “Si nosotros seguimos presentando a los mismos y haciendo lo mismo, seguramente vamos a tener los mismos resultados”, reflexionó.
Asimismo, Alonso se refirió a un posible cuarto gobierno del Frente Amplio y señaló: “Aquello que no hicieron en 15 años no lo van a poder hacer”. A su vez, resaltó que la izquierda “no es confiable ni creíble” por ser un proyecto que está, en su opinión, “agotado”.
La senadora sentó las bases de su proyecto en la educación y planteó la necesidad de hacerle frente a “los sindicatos que no permiten el avance en la educación”.
Por otro lado hizo alusión a la necesidad de implementar la reforma del Estado. “Durante todos estos años el gobierno ha gastado más que lo que tiene y además le ha ajustado el cinturón a los contribuyentes”, opinó. Además indicó que el ajuste que tendrá que hacer el próximo gobierno para enfrentar esta situación no tendría que venir desde el punto de vista tributario sino que el ajuste debe ser del propio Estado. “Se pueden bajar un montón de gastos superfluos e innecesarios”, reflexionó. “En estos 15 años entraron 70.000 funcionarios nuevos que significan 1.000 millones de dólares al año. En la reforma del Estado que no se animaron a hacer no puede ingresar nadie al Estado hasta que se saneen las cuentas públicas”, resaltó. En la misma línea sostuvo que se bajen cargos de confianza, sueldos que estén atados a productividad y “terminar con la inamovilidad de los empleados públicos”. “Hay muchos que hacen una excelente tarea y no quieren estar en la misma bolsa que los demás”, subrayó.
Sin monopolio y con privados
La parlamentaria argumentó a favor de realizar cambios en las empresas públicas. “Es importante que estén lideradas por gente capaz, por idoneidad y no por cuota política, por cuota política tuvimos a un ex vicepresidente que no sabía administrar ni su casa y lo pusimos a conducir la principal empresa pública del país y la terminó fundiendo”, dijo.
Alonso profundizó en la necesidad de cambiar la forma de funcionar de Ancap. “Fundir una empresa monopólica como Ancap es como chocar una calesita, parece imposible pero lo hicieron”, agregó.
En este sentido, planteó la necesidad de desmonopolizar Ancap. “Que hayan otras empresas que puedan hacer lo mismo, está demostrado que esa entrada en competencia de la refinación y en la importación permitiría bajar el precio del combustible en aproximadamente un 20%”, propuso y agregó que “las empresas públicas son cajas registradoras de un gobierno que está desesperado”.
Más allá de la competencia, Alonso se refirió a la posibilidad de privatizar, en parte, a Ancap. “Yo agregaría que una parte del manejo de Ancap pueda estar en manos de algunos inversores uruguayos, porcentajes chicos pero que permitan que Ancap pueda cotizar en Bolsa, también que el Estado comparta el poder discrecional que tiene y que estos inversores no les permitan hacer los disparates que se hicieron durante estos años”, concluyó.
