Danilo Astori, ministro de Economía
Para evitar la utilización de las empresas públicas como trampolines electorales, lo que el ministro Danilo Astori definió como “una costumbre histórica, practicada por todos los partidos”, hay varios proyectos de ley en carpeta. Su sector político, el Frente Líber Seregni (FLS), insiste en aumentar los controles y para eso presentó varios meses atrás un proyecto, que pretende encaminar en el ámbito parlamentario en los próximos meses. La oposición, por su parte, busca crear una Comisión Especial con el mismo objetivo.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
Impedir que los directores de empresas públicas puedan ser candidatos a cargos electivos en el período siguiente a su gestión es una de las propuestas que incluye un proyecto de ley presentado en noviembre del año pasado por el FLS y que sigue a consideración del Parlamento. El ministro de Economía y líder del sector, Danilo Astori, dijo en diálogo con CRÓNICAS que el objetivo es “separar la gestión de la dirección de las empresas públicas, de la peripecia electoral”.
“Eso, aunque parezca mentira, es muy importante, porque separa las aguas, disminuye la contaminación de la dirección muy impregnada de conveniencia electoral, que en el país ha sido obviamente una realidad negativa. Durante mucho tiempo hemos comprobado acciones de jerarcas de empresas públicas claramente orientadas hacia una ventaja electoral, y así no se dirige una empresa pública”, afirmó Astori.
Consultado sobre casos concretos de jerarcas que hayan utilizado su cargo con fines electorales, el ministro prefirió no entrar en detalles y explicó: “Me refiero a una costumbre histórica que ha habido en el país, practicada por todos los partidos. Las empresas públicas fueron frecuentemente utilizadas como trampolines electorales”.
En la misma línea, el diputado del FLS, Alfredo Asti, en entrevista con CRÓNICAS hizo énfasis en la necesidad de separar a los directores de los entes autónomos y servicios descentralizados de temas electorales, tal como ya sucede en el Banco de Previsión Social (BPS), donde no alcanza con que renuncien un año antes de las elecciones para ser candidatos, sino que cuando ingresan a la función saben que en el siguiente período electoral no podrán postularse.
“El hecho de que a través de una empresa pública se puedan obtener beneficios electorales en cantidad de votos es algo que afecta al manejo de las empresas, pero también a la calidad democrática del país. Ejemplos de eso hay muchos y es bueno que no se puedan reiterar. Creo que es una buena medida y por eso impulsamos esa limitación de candidaturas”, puntualizó.
El legislador nombró como ejemplo a Ricardo Lombardo, que fue presidente de Antel en el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, y posteriormente precandidato presidencial por el Partido Colorado. Este caso fue recordado también en la reciente discusión parlamentaria producida a raíz de las declaraciones del presidente del Banco Central, Mario Bergara, quien un mes atrás dijo a CRÓNICAS que no descarta ser candidato a presidente por el Frente Amplio (FA).
De todas formas, el FLS entiende que los dichos de Bergara no tienen nada que ver con el tema porque él no es candidato. “Simplemente ante una pregunta periodística, él dijo que en un escenario de renovación consideraría la posibilidad de serlo, pero no se candidateó, como se ha dicho en algún medio. Si quiere ser candidato tendrá que renunciar como establecen las disposiciones legales y constitucionales, con tiempo suficiente. Pero esto no fue un acto político, no dijo que lo votaran ni que votaran al partido tal”, explicó Asti.
Por más controles
El proyecto de transformación de las empresas públicas del FLS tiene el cometido de mejorar su gestión y sus resultados. Además de separar a los jerarcas de los asuntos electorales, el sector frenteamplista busca aumentar el control sobre todas las empresas del Estado, y permitir su alineamiento con los “objetivos país”, camino que ya se ha empezado a transitar desde la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) para cumplir con los compromisos de gestión.
“Las empresas públicas fueron frecuentemente utilizadas como trampolines electorales”, dijo Astori.
Cuando este texto normativo fue presentado, en noviembre pasado, desde la oposición se buscaba impulsar una Comisión Especial para tratar los controles sobre las empresas públicas. En ese entonces, para el FA no ameritaba crear una nueva Comisión, dado que ya existían proyectos relacionados con el mismo tema a estudio de la Comisión de Hacienda.
En ese momento surgió también de la bancada oficialista otro proyecto sobre empresas estatales, aunque no tenía el objetivo de fortalecer el control, sino de ampliar sus facultades, fundamentalmente para que aquellas empresas que generan conocimiento por su propia actuación, como Antel o UTE, puedan tener dentro de sus competencias la posibilidad de negociarlo, difundirlo y cobrar por él.
La intención del oficialismo era unir ambos proyectos, pero de noviembre a la fecha, la Mesa Política del FA no ha tratado el tema. Igualmente, Asti señaló que en junio es probable que haya una moción al respecto, ya que la oposición volverá a proponer la creación de la Comisión Especial, “lo que puede motivar que se refloten estos dos proyectos y puedan avanzar”, concluyó.
