Tras las distintas acusaciones de omisión por parte del Estado y el Banco Central del Uruguay (BCU) al respecto de la situación de Conexión Ganadera, CRÓNICAS realizó un pedido de acceso a la información pública a la entidad monetaria para indagar acerca de la información que el BCU cuenta sobre esta empresa. En la respuesta, se aclara que la entidad realizó una actuación en Conexión Ganadera en 2018, pero clasificó la información obtenida como confidencial. Por otro lado, CRÓNICAS dialogó con el abogado Ricardo Olivera García, que destacó que en este caso “falló” el acceso a la información y la opacidad con la que la empresa y otras entidades del sector actuaron.
Por Mateo Castells @teocastells
A raíz de la situación generada por Conexión Ganadera, la empresa que la semana pasada declaró un déficit patrimonial que ronda los US$ 230 millones y un pasivo con sus inversores de aproximadamente US$ 384 millones, distintas voces se han alzado pidiendo responsables y destacando omisiones por parte del Estado.
Abogados de los inversores de la empresa han resaltado en estas semanas que los privados “confiaron en que el Estado iba a realizar controles” sobre Conexión Ganadera. Camilo Silvera, abogado de un grupo de inversores, dijo en el programa En Perspectiva que “el Estado debe hacer mea culpa” por incurrir en omisión y falta de controles sobre la empresa.
Su estudio analiza que el Estado sea socio de las empresas vinculadas a los fondos ganaderos y baraja la posibilidad de demandarlo.
Por su parte, el abogado Ignacio Durán, en entrevista con Desayunos Informales, dijo, referido a la responsabilidad que le compete al BCU, que la no regulación del Banco y la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) “pudo haber derivado en lo que derivó”.
También, el futuro ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, dijo que existió una “omisión flagrante” del BCU y que pudo intervenir, pero no hubo “voluntad política”. Además, en entrevista con el informativo Sarandí, soltó que “quienes abogan a que el mercado regule todo y que no hay que meterse en negocios entre dos privados, quiero ver qué van a decir ahora”.
Luego de las declaraciones del futuro ministro, el BCU emitió un comunicado en el que se desliga de toda responsabilidad por la deuda de Conexión Ganadera y explica que los contratos de capitalización ganadera no pueden ser considerados como inversiones financieras.
A su vez, Washington Ribeiro, presidente del BCU, declaró que, dada la configuración de este tipo de inversiones, no pueden ser catalogadas como inversiones financieras, sino que son “contratos de capitalización ganadera”, que no quedan dentro del marco regulatorio legal del Banco.
De todas formas, en la respuesta de las autoridades no se contempla que Conexión Ganadera prometía tasas de rentabilidad por esa capitalización ganadera.
A raíz de lo acontecido, CRÓNICAS realizó un pedido de acceso a la información pública a la autoridad monetaria, en la que se solicita la información al respecto de Conexión Ganadera. En la respuesta del mismo se aclara que la empresa no se encuentra registrada en la Superintendencia de Servicios Financieros (SSF) y se dice que a partir del año 2018 se realizaron distintas actuaciones de parte del BCU en Conexión Ganadera, pero se especifica que la información recabada en dichas actuaciones fue clasificada oportunamente como confidencial y tramitadas en el expediente 2018-50-1-01667.
Sin embargo, en otro pedido de información realizado por CRÓNICAS, en la que se indaga al respecto de la información que la entidad cuenta sobre República Ganadera -empresa que realizaba el mismo negocio que Conexión Ganadera y que había entrado en concurso de acreedores meses atrás- en la respuesta que dio el BCU -además de declarar la información confidencial, al igual que el caso anterior- se especifica que el 10 de mayo de 2022 se emitió un comunicado mediante el cual se puso en conocimiento del público general y los mercados, que la SSF instruyó a República Ganadera al cese de toda comunicación dirigida al público en general y de forma impersonal, a los efectos de financiar su actividad, “salvo que ello se realice mediante el mercado de valores”, cumpliendo su respectiva legislación y reglamentación.
“Acá falló el sistema”
La semana pasada, Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, en una conferencia realizada por YouTube, habló de las vías de salida que tenía la situación de la empresa y destacó que era “inevitable” ir a un concurso.
Al respecto de ello, dijo que no puede garantizar que ese concurso no sea para “erosionar” los activos que respaldan, sino “todo lo contrario”.
“Dejaré el pellejo para que esta solución que se tome o el camino que se siga, pueda llegar al mejor fin posible. Pero me interesa la cristalinidad que tiene que tener, y por eso en mis prioridades está tener la auditoría jurídica o de la Justicia por el caso», concluyó.
Consultado por CRÓNICAS, el doctor Ricardo Olivera García, redactor de las leyes de Concursos y de Fideicomisos vigentes, resaltó que no hay diferentes categorías de acreedores y que es necesario aclarar “cuál es la posición que tienen los inversores respecto de Conexión Ganadera”.
“De todos los contratos, más allá de las peculiaridades que cada uno pueda tener, surge que la posición jurídica del acreedor es el tener un derecho de crédito dinerario contra Conexión Ganadera. Acá no hay acreedores por vacas y acreedores por dinero. Acá tenemos acreedores que tienen derecho a que se le devuelva la plata que colocaron, con una tasa de interés”, resaltó.
Según explicó, si el concurso que se decretará a la brevedad queda metido en una puja entre acreedores, será un “tema eterno” y hay que tener en cuenta que, detrás de este problema, hay un activo perecedero y que requiere mantenimiento, atención sanitaria y arrendamiento de campos. Por lo tanto, una lucha entre los acreedores va a hacer que se produzca un deterioro aún mayor de los activos.
“Espero que los síndicos que se designen en los concursos, tengan claro esto para poder encausar a un procedimiento relativamente rápido, donde se analicen los activos, se determinen los pasivos y se trate de minimizar la pérdida”, dijo Olivera al respecto.
Por otro lado, el abogado apuntó a que lo que hubo en este caso es una “opacidad” en la información de parte de la empresa.
“En este caso falló el acceso a la información y la opacidad con la cual Conexión Ganadera y otras entidades del sector actuaron. Cuando otorgo crédito a alguien, yo tengo la necesidad de conocer cuál es la situación financiera. Y aparentemente, esto no lo sabía nadie. Acá falló el sistema, porque si uno analiza con detenimiento lo que hacía la empresa, que era salir al mercado a captar ahorros en operaciones de crédito, esta práctica debería haber quedado comprendida en las normas del mercado de valores, donde los conceptos de valor que establece la ley, incluye a los derechos de crédito y de inversión”, concluyó.
Contratos firmados por Basso después de su muerte
Según informó El Observador días atrás, existen contratos firmados por Gustavo Basso, director de Conexión Ganadera, después de su muerte. Basso falleció el pasado 28 de noviembre de 2024 en un accidente de tránsito en la Ruta 5 al impactar a alta velocidad su vehículo Tesla contra una máquina de construcción vial.
El abogado de inversores, Juan Pablo decía, denunció que existían contratos firmados el 17 de diciembre de 2024 por Gustavo Basso por más de US$ 100.000 y exigió a Fiscalía y al Poder Judicial que adopten “medidas cautelares de inmediato”.
