En el marco de un evento por su 40º aniversario, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) alertó sobre los efectos negativos de un marco regulatorio excesivo, que frena la productividad y encarece el costo de vida. En tal sentido, el director ejecutivo de la institución, Ignacio Munyo, anunció el lanzamiento de un estudio para colaborar en la simplificación normativa y la urgencia de cinco reformas clave para el Estado.
Ante unos 400 invitados, Munyo presentó los estudios de Ceres que respaldan estas reformas, cuyo denominador común es dotar de mayor eficiencia a la gestión pública. “Un sector público más eficaz ya no es una aspiración, sino una condición indispensable para el desarrollo del país”, sostuvo.
La primera reforma propuesta es una revisión del gasto público, ya que, según Munyo, “es alto y no entrega lo que promete”. Esto se traduce en problemas de coordinación dentro del Estado, superposición de funciones entre distintas reparticiones y una tendencia a enfocarse en controles sobre aspectos menores “en lugar de velar por lo sustancial”. Señaló que existen “múltiples dependencias con objetivos similares”, lo que genera un desperdicio de recursos, conflictos burocráticos e incoherencias que dificultan el acceso de los ciudadanos a programas públicos. “El verdadero desafío”, indicó, es que exista “una voluntad política firme” para resolver este tipo de problemáticas.
La segunda reforma imprescindible, según Munyo, está vinculada a la gestión de los funcionarios públicos, quienes -advirtió- son mal aprovechados debido a “un sistema de incentivos que premia la estabilidad y la burocracia por encima de la productividad y el mérito”. En ese sentido, cuestionó los criterios salariales en el Estado y propuso dejar atrás “la tradicional lógica del expediente” para avanzar hacia una dinámica de cadenas de valor dentro del sector público, con objetivos, procesos y funciones bien definidos.
En línea con esta idea, la tercera reforma busca atraer “talento de primer nivel” a la administración pública, mediante la creación de un sistema de alta gerencia ocupado por profesionales altamente capacitados. “Estamos convencidos de que Uruguay necesita atraer al menos 100 orientales que desembarquen en el Estado. Si se logra captar a las personas adecuadas, veremos mejoras rápidas en la provisión de servicios públicos en todas las áreas”, afirmó.
Destrabar y desregular
La cuarta reforma está enfocada en mejorar procesos y destrabar inversiones, eliminando las llamadas “oficinas tranca inversiones”. Munyo destacó un trabajo de Ceres basado en la metodología deliverology, utilizada en países desarrollados para garantizar que las políticas públicas cumplan efectivamente con sus objetivos. “La única forma de levantar este escollo es mediante la conformación de equipos profesionales, bien preparados y con respaldo directo desde la más alta jerarquía”, resumió.
Por último, la quinta reforma propone simplificar el marco regulatorio. Según detalló, desde 1985 hasta 2024, Uruguay aprobó unas 188.000 normas, un promedio de 4.700 por año. Además, aseguró que en la última década “el ritmo se ha duplicado, reflejando una tendencia global donde más regulación suele traducirse en menor productividad y un costo de vida más alto”.
El economista citó a Australia como un caso exitoso de reducción normativa, que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano y que podría servir de inspiración para Uruguay. “Creemos indispensable poner en marcha un proceso profesional de simplificación regulatoria”, enfatizó, destacando la necesidad de escuchar al sector privado, que enfrenta “trabas burocráticas y normas innecesarias que entorpecen la actividad”.
Además, Munyo anunció que Ceres impulsará un proyecto para contribuir a la búsqueda de soluciones a esta problemática. En ese sentido, señaló que tanto la institución como las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas avanzan en paralelo, coincidiendo en la relevancia del tema para el futuro del país.
