Dr. Jorge Chediak, presidente de la Suprema Corte de Justicia
El 16 de julio de 2017 será una fecha histórica para el Poder Judicial uruguayo. Ese día, tal como está previsto, entrará en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal (CPP). La mala noticia es que no serán suficientes los fondos otorgados por el gobierno para su implementación al 100%, según dijo a CRÓNICAS el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Jorge Chediak. Por otra parte, el jerarca lamentó que el sistema judicial tenga escasos recursos para prevenir los feminicidios, y opinó que probablemente consagrar dicha figura en la Ley Penal “no tenga un impacto mensurable en los hechos”.
El menú El Dr. Chediak, por tercera vez presidente de la SCJ, degustó sorrentinos rellenos de muzzarella artesanal, albahaca y tomates confitados, con tomates cherry, aceitunas negras, rúcula y aceite de oliva, que acompañó con Coca-Cola light y, simultáneamente, con una copa de champagne. A la hora del postre, optó por helado de vainilla y frutilla.
Por Oscar Cestau | @OCestau y Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-En lo que va del año fueron asesinadas siete mujeres por sus parejas o exparejas. ¿Cómo evalúa los hechos de violencia de género que vienen creciendo en el país?
-Con altísima preocupación, y no solo por el número. La seguidilla, que es sorprendente, nos impele a todos a tomar la mayor cantidad posible de medidas para prevenir esta situación. Es necesario concentrarse, sin perjuicio de modificaciones legales, en las medidas de prevención. Tenemos que ajustar el número de peritos y de tobilleras, y avanzar en la universalización de ese sistema.
-¿Hoy no tiene el Poder Judicial el número suficiente de peritos?
-Tenemos buenos peritos, no tenemos el número suficiente para organizar en todo el país el diagnóstico temprano, el diagnóstico en tiempo real, es decir, cuando acaece la primera manifestación de la violencia doméstica.
-¿Esa carencia se debe a límites presupuestales?
-Es un tema básicamente presupuestal y de organización.
-¿La falta de peritos en la Justicia es lo que impide que se puedan prevenir los casos de muertes por violencia de género? El Poder Judicial ha dispuesto de más juzgados especializados en violencia doméstica, pero parece no ser suficiente.
-Tenemos que tener el número necesario para cubrir todos los días de la semana, de todas las semanas, de todos los años, en un horario amplio, el funcionamiento de la Justicia de Familia especializada a los efectos de lograr en tiempo real un diagnóstico, un pronóstico de peligrosidad, en casos menores de violencia de género, antes de llegar a la privación de la vida, y prevenir esa situación.
Para eso se requiere presupuesto, un número adecuado de peritos, más juzgados, porque los que tenemos no son suficientes. Se requieren recursos y técnicos.
Tenemos el espejo donde mirarnos en la República Argentina, donde han logrado una oficina que funciona los 365 días del año, las 24 horas del día, con la posibilidad de efectuar el diagnóstico en tiempo real del nivel de peligrosidad en el primer momento, cuando pasa el primer hecho de violencia, sin tener que llegar al hecho grave.
-¿Estamos lejos de ese modelo?
-Estamos lejos. Por otro lado, no deben esperarse milagros en ningún caso de las normas, y si uno pone demasiadas expectativas en alguna modificación legal punitiva, luego la decepción puede ser muy grande.
-Igualmente usted no se opone a configurar el feminicidio como agravante especial.
-No he puesto ninguna objeción, técnicamente parece más adecuado que esté encartado como una agravante muy especial del delito de homicidio. Ya hay una agravante especial que lleva el mínimo de pena a los 10 años y el máximo a los 24 cuando se trata de homicidio de cónyuge o de concubino.
“Los recursos del Poder Judicial no alcanzan para prevenir las muertes por violencia de género”
-Pero esa agravante no contempla casos de violencia de género más generales.
-No contempla casos más generales, como por ejemplo las relaciones afectivas ocasionales, en cuyo contexto puede ejercerse una violencia de género.
-También están fuera los casos de violencia de género de un hombre hacia una mujer, como puede ser una violación, aunque ni siquiera se conozcan.
-Exactamente.
-¿Hay un problema en ese sentido?
-Sí, por eso no nos hemos opuesto a efectuar precisiones a la legislación penal, pero debe encartarse, aunque sea una agravante especial, dentro del delito de homicidio.
-¿El nombre de la figura complica?
-Cuando empezamos a discutir hace años la figura, la Real Academia Española (RAE) no reconocía ninguno de los neologismos, ni el femicidio, que viene de femicide, ni el feminicidio, que viene de fémina. Hoy la RAE reconoce la figura del feminicidio como la privación de la vida a una mujer en razón de su sexo, pero no el femicidio.
No me es ajeno que el feminicidio en el Derecho Comparado ampara una cantidad de situaciones que el femicidio no. El femicidio está más concentrado en la figura penal, en privar de la vida a una mujer, y el feminicidio puede conllevar algún otro tipo de situaciones, como cuando no hay una respuesta adecuada del Estado, cuando hay omisión del Estado en la aplicación efectiva de la legislación en relación a la violencia de género.
-Según dijo al portal ECOS Teresa Herrera, vocera de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, “la distinción se hace en torno a que el feminicidio se considera como aquel crimen de odio por el hecho de ser mujer, donde además hay una cierta complicidad y desprotección total por parte del Estado. Por eso es que se habla de femicidio, porque sería una contradicción plantear una ley de protección bajo el nombre de feminicidio”. Agregó que “la RAE generalmente va muy por detrás de los procesos sociales”.
-Parecería que para el delito, para la figura penal, femicidio es lo más adecuado. En eso coincido con Teresa Herrera, pero hoy es un neologismo no reconocido por la RAE. Sí señalo que ambas figuras están reconocidas en el entorno regional, hay legislación en algunos países hermanos donde le llaman femicidio, y yo no tendría ninguna objeción respecto de utilizarlo.
“Es muy probable que consagrar la figura del feminicidio no tenga un impacto mensurable en los hechos”
-¿Por qué afirma que agravar las penas a través de la figura del feminicidio no será una medida efectiva?
-Allí ya vamos hacia una discusión más general sobre si el agravamiento de las penas tiene o no efecto disuasivo en futuros delitos. La evaluación que hace quien va a cometer un delito de costo-beneficio parece tener dos vertientes principales: la posibilidad de ser aprehendido y el quantum de la pena.
Esto es muy discutible. Se suele señalar en contra del agravamiento de las penas el desconocimiento de los delincuentes del Código Penal (CP), que es muy complejo. Ahora, estadísticamente, los delitos que se cometen son mayoritariamente seis: homicidios, rapiñas, hurtos, copamientos, violaciones y violaciones a la Ley de Estupefacientes, con lo cual el delincuente no tiene que conocer el CP, sino solamente seis delitos.
Dicho esto, yo creo que en algunos delitos la legislación penal de Uruguay no tiene el nivel punitivo que debiera tener, y lo he señalado sobre todo en aquellos que violan la Ley Penal teniendo menos de 18 años de edad.
En el caso del feminicidio, de aprobarse, la agravante muy especial llevaría el mínimo a 15 y el máximo a 30 años. Por otro lado, no cambiaría la tasa de resolución, es decir, cuántos de los feminicidios resolvemos. Desde siempre –porque no es que haya mejorado la capacidad de investigación de los organismos correspondientes del Estado- los delitos de violencia de género vinculados a la privación de la vida de una mujer por parte de su pareja o expareja, han tenido una alta tasa de resolución efectiva: nueve de cada 10.
Y hoy la pena ya es alta, y sin embargo los hechos siguen pasando, por eso simplemente nuestra advertencia es que es muy probable que consagrar la figura de femicidio no tenga un impacto mensurable en estos hechos. Entonces, sin perjuicio de la modificación de la ley, concentrémonos en la prevención.
-Más allá de que la pena ya sea alta, teniendo en cuenta que hoy los reclusos cuentan con una serie de beneficios a través de los cuales pueden reducir la pena, ¿no se debería solucionar por ese lado el problema?
-Yo creo que sí. He concordado, quizás desde una posición menos radical, con algún notorio representante del Ministerio Público que ha señalado que sería mucho más productivo concentrarnos en que se cumplan las penas y no en elevarlas.
“Que los legisladores hayan decidido aplicar el nuevo Código del Proceso Penal en un año solo, va a complicar su entrada en vigencia”
-Gustavo Zubía.
-Sí, sin duda. El mecanismo de redención por trabajo y estudio es estupendo, es lo que nos puede asegurar que el mandato constitucional de que las cárceles sirvan para redimir y no simplemente para castigar, se cumpla.
La mera privación de la libertad ambulatoria no cumple la función sanadora de rehabilitar. Es importantísimo que estudien y trabajen para mejorar las capacidades propias para el desempeño laboral y tener mejores posibilidades de reinserción.
El problema es que el legislador que estableció este positivo mecanismo de redención, no hizo exclusiones, que pueden ser de dos tipos: un tope de redención, es decir, reducir la pena hasta un 30%, por ejemplo, y la exclusión de algún delito. Pero no hay tope y no se excluyó ningún delito.
-¿Qué delitos cree usted que no deberían tener redención por trabajo y estudio?
-Un homicida serial, por ejemplo. Hay determinados delitos de sangre en los cuales no parece muy positivo que el Estado rebaje la pena por el hecho de trabajar o estudiar.
“La calificación de crímenes de pasión es una categoría jurídica de larga data, pero es sexista y anacrónica”
Yo comparto la opinión del Dr. Zubía en el sentido de que probablemente sea una materia pendiente el cumplimiento efectivo de las penas y no tanto, en general, salvo en la materia de menores infractores, la elevación del quantum efectivo de la pena.
-Semanas atrás, la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, mediante un comunicado rechazó que usted catalogara al feminicidio como un “crimen pasional”. Según la Red, los feminicidios “no son crímenes pasionales, son crímenes de poder”.
-No era mi intención entrar en un contencioso por problemas de lenguaje. No lo catalogué de delito pasional, sino que señalé que en mi época se llamaban crímenes de pasión, teniendo claro que la pasión es una modalidad de la emoción. Sin duda la mayoría de estos delitos están vinculados a la esfera de lo emocional, aunque probablemente la relación de poder tenga mucho que ver. La calificación de crímenes de pasión es una categoría jurídica de larga data, pero es sexista y anacrónica.
“No vamos a llegar a julio con los recursos necesarios para la aplicación del nuevo CPP”
-Este es un año muy esperado para el sistema judicial por la implementación del nuevo CPP, que será el 16 de julio. ¿Cómo se prepara para esa instancia la SCJ?
-La Comisión de Instalación del CPP está trabajando a los efectos de afrontar los problemas que esta implementación conlleva de recursos humanos, de capacitación, de tecnología y de adecuación edilicia en todo el país. No va a haber una implementación 100% culminada al 16 de julio. En la mayoría de los casos la implementación se va a hacer, pero una cantidad de temas se irán resolviendo en el segundo semestre del año.
-¿No van a llegar a julio con los recursos necesarios?
-No. Y no toda la capacitación se va a poder hacer para el 16, ya que recién a partir del 1º de julio vamos a nombrar a los 30 jueces adicionales y a los defensores, porque es cuando se nos habilitan los fondos. Nos hubiera gustado tener unos cuantos meses para realizar instancias de capacitación.
-De hecho, los redactores del Código, entre los que se encuentra usted, previeron tres años para su implementación. Que los legisladores hayan decidido aplicarlo en un año solo, ¿va a complicar su entrada en vigencia?
-Sí, va a complicar, pero de todas maneras la parte llena del vaso es que efectivamente va a entrar en vigencia. Nos hubiera gustado tener tres años para poder hacer, con los tiempos suficientes, las reformas edilicias, las mejoras tecnológicas, las designaciones y las capacitaciones de los nuevos operadores judiciales, pero no se pudo.
-¿Qué significa para usted ser presidente de la SCJ el mismo año en que entra en vigencia un Código que cambiará la historia de los procedimientos penales del país?
-En lo personal es una gran satisfacción. Yo agradezco a mis compañeros de la Corte, que entendieron que podía ser el más indicado para ser el presidente en el año de la implementación del Código. Por otro lado, representa un gran compromiso y una gran responsabilidad de que salga lo mejor posible. Hemos hecho algunas alertas tempranamente en relación a que las leyes no hacen milagros.
“No hay mucho sustento para que los fiscales supervisen las investigaciones, nunca lo han hecho y los jueces lo hicimos siempre”
-Una de las alertas que viene tanto de parte del Poder Judicial como del Legislativo es que el nuevo CPP no va a mejorar la seguridad como muchos esperan. ¿Comparte?
-Si lo hace, estaremos más que satisfechos, pero la mera modificación de un proceso penal no asegura que la seguridad pública mejore sustancialmente. Van a mejorar los tiempos –por el proceso en audiencia, los juicios penales duran mucho menos- y se va a acentuar formidablemente la transparencia del sistema penal, que es opaco.
El Código no lo redactamos teniendo como objetivo principal mejorar la seguridad pública. La motivación fue modernizar el proceso, hacerlo más rápido, más transparente y más garantista para todos –mejora las garantías de los denunciados, pero también el papel de las víctimas, que son las grandes ignoradas de nuestro proceso penal-.
Ahora, en la nueva modalidad procesal, la investigación va a seguir siendo de la Policía pero va a estar supervisada por los fiscales y no por los jueces, que es lo que le interesa a la población.
-Pero ¿van a ser más eficaces los fiscales? ¿Están preparados para ese cambio?
-No lo sabemos. Los jueces lo venimos haciendo desde siempre, pero los fiscales nunca lo han hecho, entonces, quizás no sea prudente esperar que el cambio de elenco en la supervisión de la investigación policial conlleve a una mejora, más allá de que pueda coordinar mejor la Fiscalía que los jueces, que son absolutamente independientes y que no se les puede dar ningún tipo de directivas. No parece que haya mucho sustento para ese cambio.
Rendición de Cuentas: “Mantenemos expectativas pero no demasiadas”
-“Limitar el presupuesto a los organismos de contralor no ayuda al equilibrio democrático”, dijo a CRÓNICAS en noviembre de 2015. ¿Hoy continúa limitado el presupuesto o mejoró en algún sentido?
-Continúa limitado. Nuestra situación en el rubro ingresos y egresos se mantiene en los mismos términos del año pasado. Tuvimos algún refuerzo presupuestal puntual, pero equilibramos el presupuesto con las medidas de ahorro bastante draconianas que tomamos.
Las vinculadas a funcionamiento y gastos tuvieron un impacto limitado porque en general los organismos públicos en Uruguay tienen una composición de gastos donde el 80% aproximadamente son sueldos, y solo el 20% restante son inversiones y gastos de funcionamiento. Si uno solo ahorra en el 20% cuando el déficit es tan grande –supera los 80 millones de pesos-, no hay forma de lograr que cierren las cuentas.
La medida que terminó equilibrando nuestras cuentas el año pasado y que estamos manteniendo este año fue disponer el no ingreso de funcionarios en los escalafones administrativo y de servicios. Es decir que las bajas que se dan naturalmente por jubilación o fallecimiento en esos dos escalafones, no las hemos repuesto.
Pensamos continuar el primer semestre de este año con esa política, pero lo que resulta claro es que en el segundo semestre será imposible hacerlo por la entrada en vigencia del nuevo CPP.
-¿Qué expectativas tiene el Poder Judicial con la Rendición de Cuentas, considerando que en las últimas cuatro instancias presupuestales tuvo aumento cero?
-Mantenemos expectativas pero no demasiadas. Si bien haremos todo lo posible para que algunas de nuestras necesidades más imprescindibles puedan ser recibidas en el mensaje del Poder Ejecutivo y en definitiva por el Parlamento Nacional, nuestro plan B es seguir manejando los fondos acotados que tenemos actualmente.
“Haremos todo lo posible para que nuestras necesidades más imprescindibles sean contempladas en la Rendición de Cuentas, pero nuestro plan B es seguir manejando los fondos acotados que tenemos actualmente”
Ese panorama seguirá al menos por este año porque no tendremos fondos adicionales, dado que la Rendición de Cuentas se empezará a ejecutar el 1º de enero de 2018, por eso hemos mantenido todas las medidas de ahorro del año pasado.
-Entonces la implementación del CPP no está condicionada a la Rendición.
-No, para el Código se nos dieron los fondos adicionales que van a entrar en vigencia, en su mayoría, el 1º de julio.
-¿Por qué cree que el gobierno no tiene al nuevo Código entre sus prioridades para el presupuesto que se estudiará este año y que tendrá incidencia durante los próximos tres, cuando es una de las reformas más importantes a nivel judicial de los últimos años?
-La implementación del Código no depende de fondos que se voten en esta Rendición de Cuentas. Los fondos ya están votados y aprobados.
-Pero no serán suficientes.
-No. Se nos dio lo mínimo indispensable, teníamos una expectativa mucho más alta respecto a los fondos que necesitábamos para la implementación efectiva del Código. En el transcurso de la negociación con las otras dos ramas del gobierno debimos ajustar nuestros números al mínimo indispensable absoluto, sin el cual no se podría implementar el Código.
Por supuesto que con el correr del tiempo deberán hacerse inversiones adicionales, porque el mínimo lo que asegura es la decencia de la implementación, pero no que va a ser una implementación 100% eficiente ni mucho menos.
-¿Cree que el Parlamento le está dando la importancia que merece a este nuevo Código?
-En mi opinión, el sistema político esperará a que efectivamente entre en funcionamiento el Código, verá los resultados de su implementación y nuestra evaluación y la de la Fiscalía –y el Ministerio del Interior me imagino que hará lo propio- respecto a las bondades y carencias que la implementación pueda tener. Y luego, seguramente el año que viene, plantearemos las carencias que detectemos.
