Una de las tantas polémicas surgidas a raíz de la ley de urgencia refiere a la reglamentación de algunos derechos vinculados al trabajo. Durante esta semana se analizó el tema en el ámbito parlamentario, con la exposición de varias delegaciones relacionadas a esa área. Dentro de la coalición multicolor hay acuerdo respecto a concretar las modificaciones, que generan un fuerte rechazo de la oposición.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
El pasado lunes 18, una delegación del Ministerio de Trabajo encabezada por el ministro Pablo Mieres, compareció en la comisión especial del Senado que analiza el proyecto de ley de urgente consideración. El propósito fue discutir las disposiciones incluidas en la iniciativa, vinculadas a su cartera.
Una de las resoluciones que desató grandes controversias en esa reunión refiere a los derechos de huelga, libertad de trabajo y libre ingreso a la propiedad de la dirección de la empresa.
En ese aspecto, lo que busca el gobierno es definir el equilibrio en tres derechos fundamentales consagrados en la Constitución, que a veces entran en conflicto, a fin de que ninguno se imponga sobre los otros.
De esa forma, el artículo garantiza los tres derechos: el de los huelguistas a hacer la huelga, el de los trabajadores a trabajar si quieren hacerlo, y el de los propietarios a ingresar al lugar de trabajo cuya propiedad tienen o administran, aunque haya ocupantes.
Consultado al respecto, el senador nacionalista Jorge Gandini explicó a CRÓNICAS que “hay un derecho de huelga consagrado en la Constitución, así como un derecho al trabajo y un derecho de propiedad”. Agregó que, por lo tanto, “no puede un grupo de personas impedir que otros hagan huelga, ni que los propietarios de una empresa ejerzan el derecho de propiedad, ni que quienes quieran trabajar puedan hacerlo”.
Durante su comparecencia, Mieres destacó que la posición del gobierno es no afectar en modo alguno el derecho de huelga. Además, aseguró que el texto transcribe literalmente la resolución Nº 940 del Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Por la negativa
Desde el primer día de la discusión legislativa por la ley de urgencia, el Frente Amplio (FA) manifestó su postura contraria sobre este asunto. Los frenteamplistas no comparten la necesidad de poner el derecho de huelga en igualdad de condiciones con el de los no huelguistas y el de los empleadores, pues entienden que de esa manera se distorsionan y restringen las garantías de los huelguistas.
En su intervención, el senador del FA, Eduardo Bonomi, recordó que, en el año 1987, Uruguay ratificó el Convenio Internacional del Trabajo Nº 144 a través de la Ley 15.857. Esto significa que, previo a la aprobación de una nueva normativa en materia laboral, se debe llevar a cabo un proceso de consultas a los interlocutores sociales –trabajadores y empleadores-. “La consulta previa no se agota en informar a los interlocutores sobre la reforma proyectada”, puntualizó.
En respuesta a este punto, el ministro de Trabajo informó que el tema fue conversado a través de varias reuniones con el PIT-CNT y con las cámaras empresariales. De hecho, en función del diálogo fluido con el movimiento sindical, el texto del artículo original sufrió algunas modificaciones. Igualmente, Mieres dejó en claro que las normas laborales las dicta el gobierno y “en ningún lugar dice que tengan que ser acordadas con las partes, porque implicaría ir a un Estado corporativo, que no es el que institucionalmente prevé la Constitución”.
Coalición unida
Por su parte, el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech, destacó que “ha habido un pronunciamiento mayoritario en las urnas de quienes reclaman límites para los desbordes que hemos presenciado a lo largo y ancho del país”.
El parlamentario considera que la propuesta en cuestión es acorde al derecho nacional e internacional. Por otro lado, argumentó que es necesario enviarle un mensaje a la población de que el derecho al trabajo se respeta, a la vez que se conjugan perfectamente los derechos de huelga y de los no huelguistas.
El Partido Colorado también va a acompañar estas reformas en la legislación, de acuerdo con lo transmitido por el senador Adrián Peña a los medios de prensa. “Tiene que ver con aquello a lo que nuestros partidos se comprometieron en campaña electoral, y allí hay pleno acuerdo”, resumió.
Ocupaciones y piquetes
El FA rechaza esta normativa por entender que el gobierno reglamenta el derecho de huelga para evitar las ocupaciones, según dijo entrevistado por CRÓNICAS el senador de la oposición, Charles Carrera. Añadió que el derecho de los trabajadores que no se adhieren a una huelga está contemplado en el ordenamiento jurídico, además de que existe un recurso de amparo que han utilizado diferentes colectivos.
El legislador opinó que eso está entrelazado con otro artículo relativo a la prohibición de los piquetes, lo que “está asociado a la criminalización de la protesta”. Criticó que también le da poderes a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior para que actúen directamente, y que allí “se están olvidando de uno de los poderes del Estado que debe participar, que es el Poder Judicial”.
“Uruguay es un país que no tiene problemas de piquetes como hay en otros países, donde existe una utilización exorbitante de ese derecho a manifestar libremente la expresión de un pensamiento. De acuerdo a la redacción de la norma, cuando se junten dos trabajadores a repartir volantes, se puede considerar que eso está atentando contra la libre circulación de las personas”, aseveró.
Al respecto, Gandini aseguró que las ocupaciones no estarán limitadas. De hecho, el artículo las prevé cuando dice que los propietarios tienen derecho a ingresar. “Si no estuviera ocupado el bien, ingresarían; el asunto es hacer valer el derecho, aunque esté ocupado”, explicó. En la misma línea, remarcó que “no puede ser que huelguistas no dejen trabajar a la mayoría; eso no va a pasar más”.
Sobre las declaraciones del senador frenteamplista, Gandini señaló: “Charles Carrera mira desde su lado, que es el de los que quieren hacer piquetes; nosotros miramos desde el lado del derecho de todos los demás, en defensa de la libertad. Entonces, la manera de proteger un conflicto de intereses, es declarar ilegítimos los piquetes que obstaculizan la libre circulación de personas o vehículos”.
Esto quiere decir que no es ilegítimo si ocupan una plaza. Tampoco lo es si en la puerta de una fábrica hay una concentración, salvo que interrumpan el tránsito y la circulación de personas. “Se puede manifestar, protestar, es más, se puede enlentecer el tránsito para dar volantes, pero se debe permitir pasar”, sentenció. Eso no solamente está referido a los trabajadores, sino a cualquier grupo de ciudadanos que se quieran manifestar.
Lo que se pretende con esto es garantizar un derecho “fundamental” que es la libre circulación, sin impedir el legítimo derecho a protestar que tienen todos los ciudadanos.
