El Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) difundió un documento técnico donde expone las “10 razones para no apoyar la reforma del PIT-CNT este domingo”: la reversión de una política de Estado, la confiscación de los ahorros individuales, ir en contra de las tendencias demográficas, el aumento de impuestos que implicaría, la postergación de recursos para áreas prioritarias, la incerteza jurídica y daño reputacional para el país, la afectación del crecimiento potencial, disrupciones en los mercados, no seguir el camino del kirchnerismo y que ningún candidato presidencial lo apoya.
El CED publicó un documento convocando a “no votar el plebiscito de la seguridad social”, puesto que “las propuestas incluidas en la papeleta no hacen más que alejarnos del país desarrollado al que aspiramos, afectando nuestro futuro económico y perjudicando principalmente a las generaciones más jóvenes”.
En primer lugar, el CED advierte que se trataría de la “reversión de una de las principales políticas de Estado desde el retorno democrático”, puesto que, desde su instauración en 1996, el sistema de seguridad social ha sido “mantenido y validado” por “gobiernos de todos los partidos políticos”. Se destaca que el actual sistema brinda una amplia cobertura y suficiencia. “La aprobación del plebiscito podría poner en riesgo los niveles de cobertura y suficiencia alcanzados, así como acrecentar exponencialmente los problemas de equidad y sostenibilidad financiera del sistema”.
El segundo motivo refiere a lo que se entiende es “la confiscación de ahorros individuales”, lo cual “atenta contra la propiedad individual”. “La expropiación de estos recursos hacia un fondo común es un acto confiscatorio sujeto a los procesos legales pertinentes en nuestro país, ya que el trabajador no solo pierde esos recursos para su jubilación, sino la posibilidad de que sean heredados por sus deudos en caso de fallecimiento”. Todo ello implica el riesgo de “miles de reclamos” contra el Estado.
En tercer lugar, se alerta que topear la edad de retiro es ir en contra de las tendencias demográficas de envejecimiento poblacional que experimenta Uruguay. Además, se advierte por la rigidez de establecer este tipo de cuestiones a nivel constitucional.
El cuarto motivo tiene que ver con que “la insostenibilidad financiera del sistema llevará a aumentar impuestos”. Se esgrime que, actualmente, Uruguay destina en pasividades a la seguridad social un 10% del PIB, lo que es “un monto ya de por sí elevado” y, en caso de aprobarse, el gasto superaría el 15% del PIB en menos de 20 años. “Un cálculo ‘conservador’ (del) CED estima que serán necesarios al menos 10 puntos porcentuales de IVA adicional dentro de 20 años para financiar el incremento del déficit que originaría la reforma”.
Impactos de primera ronda
Por otra parte, se advierte que la aprobación del plebiscito implicaría la postergación de recursos en áreas prioritarias (educación, primera infancia o sistema carcelario) e inequidad intra e intergeneracional. “Se trata de una iniciativa regresiva desde el punto de vista de la asignación presupuestal y que promueve inequidad intra e intergeneracional”, señala el CED.
El sexto argumento refiere a que la iniciativa “atenta contra el corazón” del principal activo que tiene el país, que es su respeto a las reglas de juego, la estabilidad jurídica y la confianza en el cumplimiento de los contratos y las obligaciones. Se advierte la contradicción de la reforma con otros artículos de la Constitución (en particular el artículo 32 sobre el derecho a la propiedad), así como “inconsistencias y vacíos legales”.
El punto siete del documento menciona el impacto de la reforma sobre el crecimiento potencial, el empleo, los salarios y las jubilaciones reales. Se destaca el rol que desempeñan las AFAP en la inversión de proyectos de infraestructura vial, agrícola, forestal, entre otros, lo cual genera “crecimiento económico y generación de puestos de trabajo”. “Eliminar las AFAP supone suprimir esa importante fuente de financiamiento y por tanto es sinónimo de menor crecimiento y menor empleo”.
El octavo motivo del CED señala las disrupciones que generaría en los mercados: tasas de interés, dólar y la pérdida del grado inversor. “La inflación retomaría una senda alcista (…). El dólar tendría un fuerte aumento y muchos de los activos uruguayos perderían un valor significativo (…). El riesgo país al menos se duplicaría y el grado inversor estaría muy cercano a perderse. Las tasas de interés para el consumo o el crédito hipotecario se verían impactadas significativamente al alza. Y todos son efectos parciales y de primera vuelta, probablemente subestimados ante un evento de alto impacto”.
Motivos políticos
Por último, el análisis del CED hace mención a dos argumentos políticos: “no imitar el camino que el kirchnerismo argentino tomó en 2008” y que “ninguno de los principales candidatos a la presidencia lo apoya”.
Respecto al noveno argumento, recuerda el camino de Argentina que en 2008 “expropió” los ahorros de las AFJP a un fondo estatal, eliminando las cuentas individuales, tal y como propone la reforma del PIT-CNT. Se señala que esa situación llevó a una duplicación del gasto público del sistema de pensiones en tan solo 15 años (de 5% a 11% del PIB), contribuyó a la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, y genera enormes dificultades para establecer causal jubilatoria con 30 años de aporte. Además, se remarca el impacto de esa decisión sobre la economía real, y el “caos macroeconómico y social” que se registra en el país vecino desde entonces.
Por último, el CED remarca que “ninguno de los principales candidatos que competirán por la Presidencia de la República apoyan este plebiscito”. En tal sentido, argumenta que la aprobación de la iniciativa “sería restar un enorme capital político y agenda económica al nuevo gobierno, aún sin haber iniciado su mandato”. “No hay programa de gobierno que se pueda cumplir en el escenario de aprobación del plebiscito”, concluye el informe.
