La Asociación Nacional de AFAP del Uruguay (Anafap) organizó el foro “¿Hacia dónde va la Seguridad Social en Uruguay?” El evento contó con la presencia de los economistas Gabriel Oddone, socio y responsable del Departamento de Análisis Económico y Finanzas de CPA Ferrere; Pablo Rosselli, socio del Departamento de Asesoramiento Financiero de Deloitte; Mercedes Comas, senior manager de Consultoría Económica de PwC Uruguay; y las conclusiones del exministro de Relaciones Exteriores y expresidente del Banco Central del Uruguay (BCU) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Enrique Iglesias.
La actividad tuvo lugar el pasado martes 23 de abril y se enmarcó en la Semana de la Seguridad Social. Durante su disertación, Oddone hizo referencia a lo crucial que significa para Uruguay tratar el tema fiscal. “Nuestro país ha perdido el ancla de su estabilidad macro y eso compromete la macroeconomía para el futuro”, comentó. Dentro de este capítulo, dijo que la seguridad fiscal es un aspecto relevante.
Según dijo, ha habido una pérdida de control en algunas variables vinculadas al régimen de Seguridad Social, sistema que está ingresando en una trayectoria de no sostenibilidad que compromete las finanzas públicas. En esta línea, señaló las tareas que deberá llevar adelante el próximo gobierno.
“Se tendrá que cometer un capítulo de finanzas públicas ambicioso que va a incluir un ajuste fiscal y una reforma del sistema de Seguridad Social que, espero, sea estructural y no solo paramétrica”.
Oddone planteó, además, la necesidad de asegurar la equidad del sistema. “Tenemos un conjunto de subsidios no transparentes y que son implícitos, algunos de ellos inescrutables. Algunos tienen que ver con las transparencias que hacemos a algunos regímenes especiales, como para grupos de población definida con mejores niveles de prestaciones en promedio que son deficitarios. Este es un problema”, aseguró. «También hay que cambiar el sistema de incentivos. Por ejemplo, hoy la tasa de reemplazo en jubilación por incapacidad es mayor que en el régimen general», dijo.
En tanto, Comas indicó que existe una necesidad de repensar el sistema para que se logre una solución consensuada y con respaldo social que respalden una sustentabilidad. De igual forma, dijo que el país cuenta con las tasas más altas de América Latina, lo que acarrea un “serio problema financiero”, y que los datos de pobreza muestran que la población de mayor edad está mejor cubierta. Por último, manifestó: “No hay que centrarse tanto en aumentar la edad jubilatoria, sino en brindar más incentivos para que la gente continúe trabajando”.
Rosselli, por su parte, dijo que “es insostenible” que los militares se jubilen con 45 años y un monto “prácticamente igual a su sueldo” y mencionó la necesidad de atender la situación de las cajas paraestatales. “La Caja Profesional notoriamente necesita una reforma, dado su déficit actuarial”.
El socio del Departamento de Asesoramiento Financiero de Deloitte sostuvo que se debe revisar la jubilación básica dado que “desestimula a mucha gente a seguir trabajando”.
Una cuestión de identidad nacional
Durante el foro, Iglesias coincidió con los expositores en que el país debe abordar las problemáticas referidas a la Seguridad Social. Indicó que estos corresponden a una tendencia mundial, enmarcado en un debate permanente agudizado por las nuevas características de la humanidad, como la expectativa de vida. De igual forma, mencionó los desafíos que propone el futuro del trabajo en esta materia. “Un desafío de gran magnitud que se debe poner en debate”, resumió.
De igual forma, indicó que en nuestro país la Seguridad Social abarca una mayor complejidad debido a que se trata “de un tema casi de identidad nacional” y que debe acompañar la incorporación del entorno que permita llevar los grandes desafíos del mundo.
A la vez, defendió la figura del Banco de Previsión Social (BPS). “Tenemos una construcción institucional que podrá tener defectos, pero el BPS es una institución muy respetable, incluso en América Latina”, argumentó.
Si bien dijo que en el sistema actual se debe trabajar, apuntó a la necesidad de instalar un procesos de reformas “progresivas e informadas”, en lugar de una “gran reforma”.
En esta línea, comentó la importancia de que, en todas las negociaciones, se incorporen visiones relacionadas a las tasas demográficas y los problemas actuales, de forma tal que se cree consciencia sobre la necesidad de administrar los cambios de forma progresiva. “A nuestro país le cuesta aceptar los cambios, pero con la explicación y el tiempo se irán incorporando”, vislumbró.
Añadió que Uruguay cuenta con los elementos necesarios para comenzar a construir un proceso de reforma en el cual se incorpore la juventud y aseguró que, aunque se realice una gran reforma, dentro de cinco o diez años, se deberá continuar repensando el tema.
Iglesias indicó en su ponencia, asimismo, la promoción del ahorro voluntario. “Me parece que vale la pena trabajar en ello”, asintió. Igualmente, sostuvo que se debe incorporar, en la medida de las posibilidades, a las personas en edad pensional al sistema económico “en formas de oportunidades para continuar contribuyendo, en la medida de sus deseos y posibilidades, al futuro del país”.
