En medio de la lucha del transporte público, que se sigue extendiendo, por la irrupción de aplicaciones que llegaron para competir principalmente con los taxímetros, dos gremiales empresariales presentaron un proyecto de ley que busca incentivar la creación de “Plataformas Colaborativas”, con la intención de posicionar a Uruguay a nivel internacional en cuanto al desarrollo de aplicaciones.
Por Adolfo Umpiérrez | @AdolfoUmpierrez
Las cámaras de Tecnologías de la Información (CUTI) y de Economía Digital del Uruguay (CEDU) presentaron al Parlamento un proyecto de ley que pretende declarar de interés nacional las actividades vinculadas a la “Economía Colaborativa” para “brindar nuevas oportunidades a ciudadanos, contribuir al crecimiento del empleo, fomentar el desarrollo de la productividad, la competitividad y la innovación”. El proyecto expresa que se denomina “Economía Colaborativa” a los modelos de negocio que facilitan actividades mediante “Plataformas Colaborativas” que crean un mercado abierto para el uso temporal de mercancías o servicios, ofrecidos a menudo por particulares.
Es un texto bastante general, según dijo el presidente de CUTI, Álvaro Lamé, a CRÓNICAS, el proyecto no apunta a ninguna aplicación, ni a ningún modelo de negocio en particular, sino que “busca generar un ámbito de promoción y desarrollo de aplicaciones informáticas para posicionar a Uruguay a nivel global en cuanto a la infraestructura en telecomunicaciones, que ya se ha iniciado con programas como el Plan Ceibal”, dijo.
Ante la aparición de algunas aplicaciones que llegaron para romper con los modelos de negocios “tradicionales”, Lamé considera que “se presentaron proyectos de ley sobre lo que no tiene mucho sentido legislar de nuevo. Todas las empresas que estamos en Uruguay estamos obligadas a pagar impuestos, todas las personas que trabajan están obligadas a hacer los aportes correspondientes a la seguridad social. Sobre eso entendemos que no hay que legislar. Por otro lado, dependiendo después de qué tipo de negocio se trate, están las regulaciones específicas. Ya hay regulación para el transporte público, eso lo manejan las intendencias”. Según la postura que expresó el presidente de la gremial, lo necesario en estos casos es usar y aplicar las regulaciones que ya existen, y en todo caso, ajustarlas a la nueva realidad que presentan las aplicaciones, pero no comenzar a legislar de nuevo “cada vez que aparece una nueva aplicación”.
«Todas las empresas que estamos en Uruguay estamos obligadas a pagar impuestos, todas las personas que trabajan están obligadas a hacer los aportes correspondientes a la seguridad social. Sobre eso entendemos que no hay que legislar». Álvaro Lamé
“En el caso de Uber, una exigencia que podría cambiar, que la tienen los taxis pero no la tienen los remises, es el uso de la mampara. Esto podría cambiar porque en Uber, los conductores no manejan dinero, entonces entendemos que deja de tener un interés para quienes delinquen, ir a robarle a un chofer de Uber. Entonces quizás lo que hay que hacer es no exigir las mamparas”, puso como ejemplo y agregó: “Si un chofer de Uber necesita una libreta profesional, que la tramite. No veo por qué hay que hacer una ley especial para Uber”.
Dado el caso de Airbnb, la aplicación que ofrece alojamientos fuera de hoteles o prescindiendo de inmobiliarias, en todo el mundo, “la reglamentación sobre lo que hay que pagar por los alquileres ya existe. Incluso de hecho hoy existen determinadas condiciones que se dan cuando vas a Punta del Este y le alquilas un apartamento al portero del edificio, aunque obviamente termina siendo todo en negro. Pero sobre Airbnb hay que usar la legislación que ya existe”.
“Le damos vuelta a un tema tratando de legislar de alguna forma y terminamos proponiendo proyectos de ley que al final son restrictivos para desarrollo de aplicaciones. Esta ley va en otro sentido a las propuestas que hay ahora y apunta a que Uruguay sea visto desde el exterior como un país innovador y donde no se trata de ser restrictivos con las aplicaciones, sino que se trabaja a favor de ellas”, agregó Lamé.
“Le damos vuelta a un tema tratando de legislar de alguna forma y terminamos proponiendo proyectos de ley que al final son restrictivos para desarrollo de aplicaciones», dijo Lamé
Por su parte, Marcelo Montado, presidente de CEDU, dijo a propósito del proyecto de ley que, “estas plataformas promueven que más actores se sumen, diversificando y aumentando la oferta, generando competencia, mejorando la calidad de los servicios, la adecuación de los precios, el impulso de la innovación, la iniciativa personal y el emprendedurismo. Además, responde a una preocupación creciente de la humanidad como es el desarrollo de una economía sustentable y ecológicamente amigable”.
Los modelos de negocio
En cuanto a la repercusión que tiene una aplicación al instalarse, desde el momento en que desbanca modelos de negocios estables que se encuentran en pleno funcionamiento, Lamé asegura que este proyecto no se mete en ese problema: “Los modelos de negocios se han visto impactados durante toda la historia, desde que nació la imprenta ya hubo modelos perjudicados. Contra eso no podemos ir, ¿Qué hacemos, paralizamos internet?”.
A su vez, Lamé apeló al paradigma de la tiranía del consumidor: “Uber funciona porque a los usuarios les gusta, no es por otra razón ¿Vas a proteger un modelo que la gente no quiere? En esto no es tan fácil actuar”.
Se estima que el volumen de negocio operado por plataformas de economía colaborativa crecerá exponencialmente, llegando en 2025 a USS 350.000 millones, el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de América Latina y el Caribe.
“Lo que queremos lograr es que los empresarios pongan cabeza en cambiar los modelos de negocios. Si hay desarrolladores que quieren tener una plataforma de Economía Colaborativa, que vean que en Uruguay hay una ley que los apoya y los incentiva, eso nos va a permitir generar un movimiento en la economía que, al final, va a ser mucho mayor que los negocios tradicionales”, sostuvo.
De todas formas, Lamé consideró que, si bien puede estar a gusto con un servicio en particular, no comparte la manera de cómo se ha comportado Uber en Uruguay y en otros países, con su llegada sin previo aviso y sin invertir en publicidad. “El costo que tienen es por algún conflicto, o por pagar alguna libreta que le sacan a un chofer. Eso le sale mucho más barato de resolver que gastar en publicidad”.
En cuanto al trabajo que se ha desarrollado para poder dar una solución a la incorporación de las aplicaciones, Lamé dijo que las distintas cámaras han estado en interacción con todos los actores desde el principio, incluso con el gobierno y con los legisladores de todos los partidos. “Cuando nos preguntan por dónde se debería legislar, nuestra opinión desde el principio es que la mejor ley para estos casos es no legislar, sino adaptar la legislación que ya existe”.
Se estima que el volumen de negocio operado por plataformas de economía colaborativa crecerá exponencialmente, llegando en 2025 a USS 350.000 millones, el equivalente al 6% del Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de América Latina y el Caribe.
Cortar por lo sano
Un proyecto de ley presentado por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, propone, por otro lado, ir contra aplicaciones de las características de Uber con diferentes medidas. Por ejemplo, el proyecto presentado a mediados de octubre establece que se incorpore a la ley de Seguridad Vial un artículo para aumentar los controles sobre los conductores de transporte de pasajeros.
En este sentido se habilita a los funcionarios del Ministerio del Interior y el Ministerio de Transporte, así como a las intendencias, a controlar el transporte pago de personas. Esto incluye el transporte de escolares y turistas, ambulancias, taxímetros, remises o similares. Estos servicios se podrán prestar «únicamente en los vehículos autorizados a tales efectos».
A su vez, establece un sistema sancionatorio para aquellos choferes que se encuentren por fuera de la reglamentación: el conductor al que se le compruebe que se encuentra fuera de la ley se le retendrá el permiso de conducir por un año si es su primera infracción. En el caso de reincidir la sanción se puede extender hasta un año más. En todos los casos, se aplicarán las multas correspondientes.
Éramos pocos…
Desde ayer funciona en Montevideo una nueva plataforma para contratar viajes pagos con tarjetas de crédito. Cabify, una empresa española instalada en once países, llegó a Uruguay de diferente manera a lo que hizo Uber.
Cabify, a diferencia de su prima hermana norteamericana, brindará un transporte de acuerdo con la normativa que establece la Intendencia de Montevideo. Dado que alcanzó un acuerdo con decenas de remises para su funcionamiento, sus choferes contarán con licencia profesional, se encuentran autorizados por la comuna, y deberán hacer sus aportes tanto a la Dirección General Impositiva (DGI) como al Banco de Previsión Social (BPS).
Si bien el director de operaciones de Cabify en Uruguay, Manuel Gros había asegurado a El Observador que lo que busca esa aplicación es posicionarse desde la calidad de servicio y no desde la competencia por precio, en su primer día de funcionamiento los viajes contaron con bonificaciones.
