Tras pedidos de diferentes actores, el Poder Ejecutivo anunció una batería de medidas para apoyar la situación de los departamentos fronterizos con Argentina. Desde el gobierno se puso foco en cinco puntos relativos a generar beneficios a las empresas, pero ninguno de ellos apuntó al control del contrabando o ajuste de las resoluciones que lo regulan. En este sentido, CRÓNICAS conversó con representantes del sector empresarial, entre ellos, Gabriel Murara, de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), y Diego O’Neill, de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE).
Consultados por CRÓNICAS, tanto Gabriel Murara, actual vicepresidente de CIU, como Diego O’Neill, presidente de la CCE, coincidieron en que si bien las medidas presentadas por el Poder Ejecutivo son positivas, por lo grave de la situación se necesitaría un complemento, vinculado mayormente al control más estricto del contrabando.
El bloque de medidas, que tanta expectativa generaba, salió a la luz en su totalidad el día miércoles sobre el final de jornada y presentó cinco puntos principales. El primero de ellos estableció la ampliación de la Ley de Frontera, la cual rigió en dos periodos: desde el 1º de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022, y luego, en su segunda versión, entre el 1º de noviembre de 2022 y el 30 de abril de 2023.
La segunda medida encomendaba tanto a OSE como a UTE a estudiar la exoneración de los cargos fijos a los comercios comprendidos en los beneficios de la antes mencionada Ley de Frontera.
La tercera disposición presentada apuntó, por su parte, al aumento del monto de la reducción del Impuesto Específico Interno (Imesi) en las ventas de naftas de frontera. Por decreto, ya se había establecido en 2022 la reducción del 30%, y ahora, luego de considerar la modificación de los precios de nafta de la región, se decidió aumentar la reducción del monto del mencionado impuesto a un 40%.
La penúltima consideración trata, en concreto, de una promoción que se venía haciendo con almacenes y pequeños supermercados a través de beneficios del BROU, a los que ahora se incorporan las farmacias. Las mismas contarán con un descuento del 30% en las compras con la tarjeta Mastercard BROU Recompensa los días martes y jueves, desde el 16 de mayo y hasta fin del mes de agosto de 2023, siendo los departamentos alcanzados Colonia, Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas.
Por último, se tendrán en cuenta algunas consideraciones que apuntan al estímulo del empleo donde, por resolución de la Dirección Nacional de Empleo, se incluyó de modo excepcional a las personas que residen en los departamentos de Soriano, Río Negro, Paysandú, Salto y Artigas. Específicamente, recibirán subsidio de salarios aquellas empresas que decidan contratar personas residentes en estos departamentos, que tengan entre 15 y 29 años o sean mayores de 45 años, y que además formen parte de un hogar que se encuentre por debajo de la línea de pobreza. Este subsidio corresponderá a un lapso de entre seis y 12 meses, y será del 60% del salario si la persona es varón, o del 80% si es mujer; siendo el monto máximo $ 33.789 mensuales por cada persona nueva que se incorpore.
El plasmado de una visión
En la visión general de diferentes participantes de la actividad económica, tanto del litoral como del resto del país, así como también algunos legisladores, estaba presente la necesidad de apuntar a la necesidad de atender las vicisitudes que poco a poco se fueron profundizando como producto de la diferencia cambiaria con Argentina. En abril de este año, en la búsqueda de poner en datos estas visiones que cada vez eran más frecuentes, fundamentalmente dentro de los participantes directos del comercio y la industria, justamente la CIU realizó un reporte a través de encuestas a sus empresas socias. Fueron un total de 87 las respuestas recibidas y consideradas, las cuales representan aproximadamente el 12% dentro del universo del empleo industrial formal del país.
Dentro de los datos más destacados vinculados a la situación fronteriza se concluyó que el 35% de las empresas reportaron caída de ventas en la zona fronteriza con Argentina en 2022 respecto a 2021.
Más allá de este dato concreto, también se profundizó en datos de percepción y relativos a decisiones, donde emergieron factores vinculados a la situación de frontera. Puntualmente, una de cada tres empresas expresó que el contrabando incidió en la caída de ventas del año pasado, 9% de ellas indicó que redujo el personal ocupado producto del mayor impacto del contrabando y el 35% de las mismas respondió que cree que el contrabando aumentó en los primeros meses de 2023.
Por otra parte, en lo relativo específicamente a las causas del contrabando, la mayoría de ellas coincidieron con que esto se da por la proximidad con la frontera, el segundo factor destacado lo atribuyó a organizaciones delictivas, y por último, como tercer factor causal, apareció la participación en esta actividad de turistas.
Las medidas y sus repercusiones
Tanto Murara como O’Neill coincidieron en que, más allá de lo positivo de que el gobierno haya buscado aliviar la situación en la que se encontraban algunos actores económicos del litoral del país, la diferencia cambiaria, en conjunto con el contrabando, son dos elementos que sostienen la gravedad del asunto.
El vicepresidente de la CIU puso énfasis en que no se puede seguir “perdiendo venta, negocios, empleos, trabajo y, al final, recaudación”, ya que a través de eso “va a perder todo el país”. Ambos apuntaron como solución la búsqueda de ajustar en la frontera el control del contrabando, haciendo cumplir estrictamente la legislación vigente.
Por más que desde la CIU se había promovido la iniciativa de modificar la resolución vigente y pasar a una instancia de cero kilo, Murara reconoció que más allá de que no parece haber un apoyo del Ejecutivo hacia ese lugar, hoy se espera que “dentro de la normativa vigente, se controle más y mejor”. Además, agregó que para seguir combatiendo este delito se necesita de forma directa la colaboración de actores locales que pongan límites a la venta en ferias y otros lugares donde sea visible que hay contrabando, lo que en definitiva “es una infracción aduanera y un delito”, remarcó el ejecutivo de la gremial industrial. De cara al futuro, el directivo de CIU señaló que el diálogo con el Ejecutivo se ha mantenido, pero a partir de aquí se va a hablar nuevamente “cuando tengamos además de un problema, alguna solución”.
Por su parte, O’Neill hizo énfasis en la venta informal, e indicó que se trata de “un tema sobre el que hay que actuar”.
Desde el litoral, el Centro Comercial e Industrial de Salto dio su opinión, en esta oportunidad a través de un hilo de Twitter. Allí se estableció que las medidas fueron “un paso en la dirección correcta”, sin embargo consideraron que es necesario “que se estudien los proyectos de ley presentados para promover el comercio de la región”. Como parte de la coyuntura, enfatizaron además en la necesidad y la urgencia de analizar las causas de Uruguay como un país caro. Por último, concluyeron que “es hora de accionar y avanzar en medidas que impacten a nuestra sociedad”.
Nueva negociación colectiva y viejas observaciones de la OIT
En 2009, con la promulgación de la Ley de Negociación Colectiva, surgieron una serie de posturas encontradas. Una de ellas tenía como actor principal al conjunto de cámaras empresariales que solicitaban que la misma se ajustase a lo establecido en el Convenio 98 de la OIT. Desde aquel momento hasta hoy Murara recordó que se hicieron distintas consultas a dicha organización internacional, las cuales decantaron en la llegada de misiones y una serie de observaciones que solicitaban una corrección de la mencionada ley.
Pasadas cuatro legislaturas, en la tarde de ayer se promulgó un proyecto de ley que hace caer todas las observaciones, con la excepción de una. El directivo de CIU valoró esto como “un principio de satisfacción”, ya que, señaló, se seguirá buscando ajustar esa observación restante que aún hoy queda por fuera de lo solicitado por la OIT.
O’Neill, por su parte, apuntó a aquellas mejoras que, a su entender, salen adelante a partir de este proyecto de ley. Y en forma general, comentó que hay que ver este proyecto y el de personería jurídica para las asociaciones gremiales como un conjunto. Yendo a cuestiones específicas, valoró positivamente que se le pida personería jurídica a las organizaciones sindicales a la hora del intercambio de información con las empresas, cuestión que permite que posteriormente se puedan hacer responsables en caso de violar la confidencialidad o reserva. Se mostró también gratificado por la nueva posibilidad de que a partir de ahora el sujeto quede habilitado para negociar convenios a nivel de empresa cuando no exista sindicato en ese ámbito sin tener que recurrir a negociar solo a partir del sindicato de rama. Por último, destacó la modificación de la ultraactividad y expresó que es correcta en el sentido de que se entiende que “todo convenio tiene que ser temporal y tener un principio y un final”. A partir de ahora, y en definitiva, se “equilibra la negociación y le da mayores garantías”, concluyó O’Neill.
