El Poder Ejecutivo (PE) presentó un proyecto de ley para atender las observaciones realizadas por la OIT sobre ciertos aspectos de la ley de Negociación Colectiva, que es valorado positivamente por expertos en derecho laboral consultados por CRÓNICAS. Nelson Larrañaga comentó que “va a generar una regulación y un ámbito de relaciones laborales mejor”, mientras que Conrado Díaz interpretó que “nos deja mucho mejor posicionados frente a la OIT” y “da mayores garantías a todos los actores”.
Buscando levantar las observaciones realizadas por el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre ciertos aspectos de la ley de Negociación Colectiva, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley que recoge parcialmente las recomendaciones realizadas.
El abogado especializado en relaciones laborales y seguridad social, Nelson Larrañaga, evaluó que “el proyecto es un avance porque levanta cinco observaciones que datan de marzo de 2010”. Si bien quedan dos observaciones pendientes, el propósito del Gobierno sería trabajar en ellas una vez aprobado el proyecto actual.
Larrañaga detalló que la primera observación atendida refiere a que cuando se comparte información confidencial, los sujetos negociadores deben tener personería jurídica. “Hay cierta información que es necesaria para que la negociación llegue a un buen resultado, puede haber información sensible y entonces tiene que haber un compromiso de las partes de guardar confidencialidad, y en caso de incumplimiento hacerse responsable de los daños”, explicó.
La segunda observación refiere a que la ley vigente establece que el Consejo Superior Tripartito (el órgano máximo de gobernanza de las relaciones laborales) puede resolver el nivel en que negocian las partes, bipartita o tripartita, lo cual “ataca la autonomía de los sujetos a negociar”. “Lo que hace este proyecto es derogar esa facultad que tiene el Consejo Superior Tripartito de fijar en forma preceptiva, obligatoria, el nivel de negociación de las partes”, señaló.
La tercera refiere a que, de no haber un sindicato en la empresa, la negociación que puedan hacer los trabajadores por algunas condiciones de trabajo actualmente obliga a intervenir al sindicato de la rama. El proyecto deroga esa posibilidad, por lo que “se respalda la libertad de los trabajadores de elegir sus propios representantes a nivel de empresa y negociar con el empleador”.
La cuarta observación atendida es la derogación de la ultraactividad de los convenios. La ley vigente establece que un convenio colectivo con plazo vencido mantiene su plena vigencia hasta la celebración de un nuevo convenio, salvo que las propias partes hayan dicho que se extingue. “Si no se dice nada, salvo las cláusulas salariales que sí tienen un plazo de vigencia, el resto de las condiciones de trabajo (…) continúan más allá del plazo establecido”, explicó Larrañaga. A su entender, “esto es un ataque a la libertad de los contratantes, que son los que tienen que determinar si el convenio colectivo tiene vigencia más allá del vencimiento del plazo”.
Por último, la quinta observación que se levanta atiende el pedido de la OIT para que el registro y la publicación se realice sin ninguna objeción u obstáculo por parte del Ministerio de Trabajo. Larrañaga aclaró que en los hechos ya venía funcionando así, pero el proyecto de ley lo establece a texto expreso.
Mejor esto que nada
Larrañaga recordó que en 2019 Uruguay estuvo en la lista de casos a ser examinados por la Conferencia General, lo cual generó mucha polémica “porque es una observación bastante fuerte para el país estar en esos veintipico de casos que examina”. El Gobierno anterior se comprometió y envió un proyecto de ley, pero no se trató, terminó la Legislatura y quedó archivado. Ahora el nuevo gobierno presenta este proyecto, que estaba dentro del Compromiso por el País que firmaron los cinco partidos de la coalición.
“Este proyecto contempla parcialmente las observaciones, cinco de siete, pero dentro de esas dos observaciones y media que quedan sin cumplir, hay una muy importante que es la competencia de los Consejos de Salarios”, sostuvo Larrañaga. Fundamentó que la OIT sostiene que la negociación colectiva debe ser bipartita, directamente entre las partes y sin participación del gobierno, salvo la negociación de salarios mínimos. “Eso es lo que resta levantar. El gobierno lo va a seguir conversando, pero prefirió en esta primera etapa avanzar con este proyecto, que al ser igual al presentado por el Frente Amplio en 2019, parecería que a nivel político no debería haber dificultades en cuanto a su aprobación”, afirmó.
En cuanto a las partes involucradas, reconoció que la central sindical se opondrá como lo hizo en 2019, y los empresarios lo considerarán “un avance, pero que no satisface el total de las observaciones”.
“Es mejor que se avance en este sentido de ir levantando observaciones, de manera de que la OIT lo va a ver con buenos ojos, si bien va a insistir en que todavía no se cumplió con el total de las observaciones, pero es mejor hacer esto que no hacer nada», concluyó.
“Es entendible la disconformidad que puedan sentir las cámaras” y que “sientan cierta frustración”
El abogado laboralista socio de Tellería Díaz & Asociados, Conrado Díaz, aseguró que tiene “una opinión muy favorable” sobre el proyecto, ya que permite “subsanar una serie de incumplimientos”. “Si bien las observaciones que había hecho la OIT fueron siete y este proyecto contempla cinco, creo que es un avance muy importante y sobre todo nos permite estar alineados con las recomendaciones y con lo que la OIT establece en materia de negociación colectiva”, explicó Díaz.
El abogado indicó que “hay cambios sustanciales” contemplados en el proyecto, dentro de los que destacó los vinculados a la ultraactividad de los convenios colectivos y a la personería jurídica de los actores -incluyendo los sindicatos-, y la legitimación de los trabajadores no sindicalizados para negociar.
“Lo ideal sería ajustarnos a todas las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT. De todas maneras, creo que una vez que esté aprobado este proyecto, va a generar una regulación y un ámbito de relaciones laborales mejor del que existía antes de que este proyecto se apruebe”, comentó.
Díaz afirmó que “es entendible la disconformidad que puedan sentir las cámaras (empresariales) por el hecho de que no se contemplen estos otros puntos” y que “sientan cierta frustración”. Sin embargo, interpretó que “globalmente es un proyecto muy bueno” y “nos deja mucho mejor posicionados frente a la OIT y da mayores garantías a todos los actores que están involucrados en los procesos de negociación colectiva”.
