Un informe de Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) presentado esta semana asegura que ascendió a 57 el número de proyectos vinculados a la construcción amparados bajo la ley de grandes inversiones privadas. En este marco, el docente de la UdelaR el investigador en promoción de inversiones, Diego Vallarino, aseguró a CRÓNICAS que la promoción de inversiones debe desasociarse de la rentabilidad y enfocarse a trabajar sobre la estructura de costos.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
Con regularidad, la Unidad de Apoyo al Sector Privado rinde cuentas acerca de los proyectos que se presentan a la Comisión de Aplicación a la Ley 16.906 y los que aprueba la comisión.
En esta oportunidad, la Unasep elaboró un informe en base a un solo decreto (el 329/016) de esta norma. El decreto se refiere estrictamente a beneficios en la construcción.
De este documento surge que el número de proyectos presentados a diciembre 2017 fue de 57. Asimismo, el monto de inversión asociado a los mismos fue de US$ 1.901 millones. Los proyectos se concentraron en tres departamentos: Maldonado (44%), Canelones (37%) y Montevideo (19%) y el monto de inversión asociado a los mismos, según la Unasep, fue de US$ 1.901 millones.
El investigador en promoción de inversiones, Diego Vallarino, aseveró a CRÓNICAS que el decreto se enfoca a un sector que presenta complicaciones, especialmente por la pérdida de unos 25.000 empleos en un año. “Los beneficios fiscales incentivan a que las empresas generen compromisos de construcción”, puntualizó.
A las claras este parece ser el motivo por el cual el Ministerio de Economía y Finanzas prorrogó por un año el plazo para presentar nuevos proyectos al amparo de este beneficio, los que deberán ser presentados antes del 31 de diciembre 2018.
En este sentido Vallarino añadió que esta iniciativa resulta oportuna porque el sector “genera mucho empleo que redunda en un importante efecto derrame en la economía local”.
“¿Solamente hay 57 proyectos para ser presentados
o hay más proyectos y no pudieron acceder a beneficios fiscales?” se cuestionó Vallarino. El especialista opinó que es posible que existan más proyectos pero que por sus características no puedan acceder a la oferta de beneficios fiscales.
“Sería necesario rever las características que se requieren porque creo que deben ser muy específicas para ciertos tipos de proyectos”, comentó.
Cambiar el foco
Con respecto al grueso de las inversiones privadas, tras un trabajo de investigación académica, Vallarino pudo confirmar que los beneficios fiscales son determinantes para la decisión de invertir de las industrias. Su vasto estudio abarcó experiencias desde 1973 hasta 2010.
En esta línea, el experto recordó que la Ley de Inversiones incentiva fundamentalmente sobre dos áreas: las exoneraciones en la importación de maquinaria o en la construcción y en la gran vedette de la ley que es el beneficio sobre la renta- el IRAE-.
“Como viene el tema de la competitividad y por la productividad que tienen las empresas, la verdad es que la rentabilidad de las empresas ha disminuido mucho”, explicó y agregó: “Si vas a dar un incentivo sobre la rentabilidad y las empresas no rentan se pierde el sentido”.
El especialista indicó que el beneficio sobre la renta para invertir es propicio cuando el ciclo de la economía se encuentra en un punto alto pero cuando la competitividad no acompaña y los costos de producción son altos, la realidad cambia.
“Muchos de esos costos están relacionados con las tarifas públicas y algunos con los salarios”, detalló Vallarino y resaltó que en este momento el problema radica justamente en la estructura de costos.
“La Comap debería dar beneficios que impacten sobre la estructura de costos de las empresas”, señaló el investigador en promoción de inversiones Diego Vallarino.
“Si el gobierno tiene un espacio fiscal para utilizarlo sobre exoneración de la renta ¿por qué no utilizarlo sobre la reducción de ciertas tarifas o costos que hoy tiene que producir en Uruguay?”, indicó Vallarino y sostuvo que se podría aplicar a la electricidad, al combustible o a las telecomunicaciones. “Dependiendo de la industria se podría definir qué estructuras de costos tiene y calcular, sobre la misma matriz que se calculaba el impacto en la rentabilidad, un beneficio para su estructura de costos”, propuso y agregó: “De esta forma puede utilizarse donde más le duele hoy a la empresa”.
Por otro lado, Vallarino se refirió al acceso a los beneficios y sostuvo que hoy en día es más difícil que antes del 2012. “El gobierno ha sido más restrictivo en el alcance de las empresas que podían presentarse a los beneficios”, detalló el investigador. En este contexto, reflexionó acerca de las exigencias en determinados aspectos como las características del empleo que se ofrece o la utilización de energías renovables.
“A nivel de empresas comerciales se ha reducido el volumen de empresas comerciales que ingresan a los beneficios fiscales desde 2012; es muy complejo acceder a los beneficios”, concluyó.
