Guillermo Maciel, subsecretario del Interior
Las cifras oficiales de delitos marcan una tendencia a la baja desde que asumió este gobierno. Esos datos, junto con el aumento de personas privadas de libertad, demuestran que “era posible” revertir la inseguridad, algo que “Bonomi nunca logró”, de acuerdo con Maciel. El jerarca explicó que, “como la gestión del Frente Amplio (FA) fue tan desastrosa, había que dar un gran golpe de timón”. Se refirió también a la reciente fuga de un preso del Comcar y respondió a las críticas de la oposición sobre la Ley de Urgente Consideración (LUC).
El menú El viceministro degustó albondiguitas de cordero gratinadas en queso de cabra sobre medallones de papa confitada, y de segundo plato eligió los tradicionales ñoquis de papas de Panini’s en salsa cuatro quesos. Acompañó el menú con agua mineral. A la hora del postre, optó por tiramisú.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Por más de 20 años fue dirigente colorado y asesor en seguridad del partido, hasta que en 2019 abandonó la fuerza política para integrarse al equipo del entonces candidato a presidente Luis Lacalle Pou. ¿Cómo fue ese cambio?
-Fue complicado, pesó mucho el apoyo familiar. La seguridad me apasiona y soy muy partidario de la policía. Yo venía colaborando con Fundapro –que era honorario-, debatiendo públicamente con el Ministerio del Interior y con el exministro Bonomi. La labor allí no era solo debatir, sino hacer propuestas tomando ejemplos de lo que estaba ocurriendo en el mundo.
Yo trabajaba en el Parlamento con Bordaberry y tenía afinidad con legisladores de otros partidos y una relación que va más allá de la política con el presidente Lacalle –también conocía a su familia-. Cuando vino la instancia electoral, Sanguinetti me pidió que lo asesorara en seguridad, cosa que hice. Talvi ganó la interna y yo no fui convocado para seguir asesorando y continué en la actividad privada como abogado. Algún integrante de Ciudadanos hizo ciertas declaraciones que prefiero no recordar, tal vez atribuibles a la falta de experiencia política, y decidí no seguir.
Tuve una conversación con Lacalle por iniciativa suya, me preguntó qué iba a hacer y le mencioné que estaría encantado de colaborar. No me pidió cambiar de partido. Él quería que aportara en la campaña, en un asesoramiento directo en seguridad, como Álvaro Garcé, con quien tengo una relación de afecto. Me junté con él, que estaba trabajando en la LUC, le dije que había elaborado una cantidad de proyectos para Bordaberry y que los podíamos incorporar. Le encantó y empezamos a pulir la LUC.
-Luego de varios años de aquel diálogo multipartidario convocado por el expresidente Tabaré Vázquez sobre seguridad pública, ¿qué evaluación hace al respecto?
-El expresidente Vázquez tuvo una muy buena idea que fue convocar a un cónclave de seguridad de todos los partidos. Fue una desilusión, porque entre toda la oposición llevamos unos 50-70 proyectos de ley que hacía años veníamos presentando en el Parlamento, y no nos aceptaron ninguno. Solo pusieron sobre la mesa cuatro iniciativas del FA, que avanzaron, pero alguna no salió porque su propia bancada no la apoyaba. Fue una pena haber perdido esa oportunidad y haber tenido que esperar hasta el cambio de gobierno para implementar un nuevo enfoque en seguridad.
-¿Se podría hacer algo similar en este período?
-No lo sé. Es una iniciativa que la tendría que tomar el presidente. Ha habido un cambio en el eje de la seguridad pública. La primera señal que dio fue el 2 de marzo (de 2020) al reunirse con el ministro, subsecretario, director general, director de la Policía Nacional y jefes de Policía. Su prioridad era la seguridad. Como la gestión del FA fue tan desastrosa, había que dar un gran golpe de timón. El plan iba de la mano de la gestión, el apoyo a la policía y el respaldo legal –uno de los capítulos más importantes de la LUC-.
-La seguridad fue por muchos años la principal preocupación de la gente, pero desde la pandemia pasaron a generar más desvelo temas como la economía, el empleo, la salud. ¿La emergencia sanitaria ayudó en ese sentido?
-Obviamente que, si perdés el trabajo, tu gran preocupación son tus ingresos, pero si llegás a tu casa porque saliste a buscar trabajo y te desvalijaron, sigue siendo un problema. Si tu hija va al liceo y la rapiñan en la parada del ómnibus, o si tu padre vuelve de trabajar y lo roban, también es un dolor de cabeza.
Si con la emergencia sanitaria hubieran bajado los delitos de la manera que sostiene el FA, no habría 2.000 presos más. ¿De dónde salieron? Era gente que estaba delinquiendo en plena pandemia. Eso es eficacia de la policía. Decir que esta situación hizo bajar los delitos en todo el mundo es otra falsedad; en algunos países bajaron y en otros no.
-¿Qué explica esa baja en nuestro país?
-El cambio de gestión; el hecho de que la policía se sienta respaldada, porque sale a actuar de otra manera; el aumento del patrullaje; la descentralización del PADO; la creación de las brigadas contra el narcotráfico en Montevideo y Canelones, donde no se combatía el narcomenudeo. Había cientos de destacamentos policiales y subcomisarías cerrados en el Interior, donde la persona no va solamente para denunciar un delito, sino que es un lugar de auxilio, y abrimos 70.
Desarrollamos la actividad de la Policía Aérea, que tenía cuatro helicópteros y dos aviones y los potenciamos. Hoy hacen vigilancia diurna y nocturna y han capturado ladrones de vehículos, narcotraficantes, rapiñeros desde el aire. Creamos la Dirección Nacional de Seguridad Rural. El abigeato era un delito que estaba dejado de lado y eso implicaba un perjuicio económico para el país y para los productores rurales, y lo bajamos un 46%. Ese marco de acciones va acompañado por la LUC.
-El FA cuestiona las cifras.
-Es que el FA está peleado con los números.
–Bonomi afirmó a CRÓNICAS: “Nosotros implementamos la modalidad en línea y los policías en la calle podían tomar la denuncia en la tablet, que ya no se ve. Y hay demoras en la atención. Muchas veces uno llama y le dicen: ‘Eso es poco, ¿para qué lo va a denunciar?’. Por tanto, las cifras no nos dan garantías”.
-Como todas las cosas que dice Bonomi, si tiene pruebas, que las exhiba. Eso no es así. Hoy podés hacer la denuncia por el celular a través de la aplicación del 911, en la web, en la seccional, y las tablet siguen existiendo. En la medida que se ingresa la denuncia, también la ve la fiscalía, entonces, es una justificación para criticar al gobierno, que ha obtenido resultados que Bonomi nunca logró.
Hablan desde el enojo, fracasaron en bajar los delitos y le querían hacer pensar a la gente que los delitos aumentaban en todo el mundo y que había que acostumbrarse a vivir en una sociedad más violenta. Eso es resignación. No es que nosotros decimos que hay más presos, es la fiscalía la que lo confirma, lo que demuestra que esto se podía revertir.
La gestión fue pésima. Es entendible la frustración que sienten los dirigentes del FA al ver que el gobierno hizo en 15 meses lo que ellos no pudieron hacer en 15 años. No lograron revertir la inseguridad, bajar los delitos ni encontrar a sus responsables. Ahora los grandes hechos delictivos están siendo aclarados a las 24, 48, 72 horas, o a la semana. Después, si la Justicia entiende que están las evidencias para formalizarlos y condenarlos, fantástico. Dicen que en su época se incorporó tecnología y es cierto, pero por sí sola no alcanza.
-Usted hacía mención a la importancia de los cambios en la LUC en materia de seguridad. Al respecto, el senador Enrique Rubio dijo a CRÓNICAS que el tema de la defensa propia está mal planteado, dado que se presta a la interpretación de que el propietario de un bien, en caso de hurto, puede tirar a matar.
-Los planteos del FA eran que la LUC iba a traer una catástrofe, pero hace más de un año que se aprobó y no hay procesados por abuso de presunta legítima defensa; no hay policías que hayan salido a matar ciudadanos ni gente que haya salido a matar personas que estaban entrando a su propiedad.
Rubio no leyó el Código Penal de Irureta Goyena, donde ya lo decía: uno sale en legítima defensa de sus derechos o los de terceros, consagrados en el artículo 7 de la Constitución, que incluye el derecho de propiedad. Lo que se hizo acá fue clarificar, porque había diferentes interpretaciones a nivel judicial, pero se mantiene lo mismo que ya estaba.
-Otra crítica de la oposición sobre la LUC es el rol que se les da a los policías retirados.
-El policía retirado es un ciudadano común. Yo, si mañana veo que están rapiñando o robando a alguien, puedo intervenir y hacer un arresto civil, que está previsto en el Código del Procedimiento Penal. Es de suponer que un policía retirado está más capacitado, porque tuvo una formación, para actuar de esa manera.
Lo que establece la LUC es que, ante un delito flagrante, donde pasa un policía retirado y ve que está ocurriendo eso y que hay personas en riesgo, puede intervenir. Ya lo puede hacer hoy como civil, pero acá se le está diciendo: “Usted, que es policía retirado, que es un profesional, si se anima a intervenir, le vamos a dar la protección legal de que esa actuación que cumpla, la haga como un policía”. Quiere decir que va a tener mayor protección en caso de que le ocurra algo.
-Ha señalado que la fuga de Morabito fue “vergonzosa” y un “escándalo”. Recientemente se fugó un preso del Comcar, ante lo cual el ministro Heber dijo: “No se puede escapar un narco a pie de la cárcel”. ¿Son casos comparables?
-Cuando se empezó a trabajar en qué ocurrió en las primeras horas, surgieron hipótesis de investigación sobre cómo se pudo haber ido, entonces, había más de una posibilidad. No olvidemos que lo detuvo la policía, que lo fue ubicando por las cámaras de vigilancia.
Una presunción es que utilizó ropa de un operador penitenciario y salió por la puerta. Él mismo declaró por dónde salió, y efectivamente existe una zanja por la cual pasaban perros, de poca profundidad, un tejido que estaba roto y una ropa que él dejó ahí, tal como dijo. La fiscalía va a determinar cómo fueron los hechos. Hay una cámara en la puerta de ingreso, se hizo una revisión de todas las imágenes y no apareció.
-El ministro de Defensa, Javier García, puso en duda que se haya ido por el alambrado, cuya vigilancia le compete al Ejército.
-Pero nos faltaba información a todos y ahora la tenemos –las cámaras y la declaración del detenido-. Habrá que ir viendo a medida que las evidencias acrediten cuál fue el mecanismo de la fuga.
-¿Cree que recibió ayuda para fugarse?
-El imputado declaró que no, pero no es que le vamos a creer a rajatabla. Está en investigación. Nunca se descarta ninguna hipótesis, pero hay que probarla. Desde el punto de vista penal, la LUC cambió una circunstancia de la autoevasión, que estaba prevista en el Código Penal. Antes se castigaba solo cuando la persona que se evadía lo hacía rompiendo algo o amenazando a alguien. En la LUC se estableció que incluso si te vas sin romper nada ni amenazar, vas a tener una pena, que será menor. Si yo fuera el abogado defensor, preferiría que mi cliente declarara o trataría de demostrar que se fue caminando, porque la pena va a ser menor que si rompió algo.
El prontuario de Hugo Pereira
Heber afirmó que el preso fugado del Comcar “es un señor que consumía drogas y traficaba dentro del penal, no es un narco”, ante lo cual le llovieron críticas. Consultado sobre esas declaraciones, Maciel explicó que el imputado se define como boquetero y reconoce que vendía drogas, pero la calificación de narcotraficante se la dan a alguien que tiene “más relevancia”, no a “un mero vendedor de algunas drogas”.
El subsecretario informó que, hasta la fecha, Pereira estuvo preso por los siguientes delitos: tentativa de robo, autor de robo, asociación ilícita, secuestro, hurto, encubrimiento, receptación, lesiones personales, violencia privada, autoevasión, apropiación indebida y suministro de drogas. “En este abanico de delitos no es permanente el narcotráfico, por esa razón es que no se lo considera narcotraficante”, aclaró.
Denuncia por abusos policiales
En julio, los defensores de oficio denunciaron ante la Suprema Corte de Justicia la existencia de presuntos excesos policiales dados por ciertos cambios en la LUC. Al respecto, Maciel opinó que fue muy “curioso” el mecanismo que eligieron los funcionarios para manifestar esto, dado que la denuncia debe hacerse en el Ministerio del Interior o en la Fiscalía, y hasta el momento no se ha presentado ninguna.
