El exfiscal analizó la situación actual de la seguridad a nivel nacional y fue duramente crítico con el sistema político en su conjunto por entender que todavía prevalece una visión “infantil” sobre los delincuentes. Por otro lado, celebró la reducción de los delitos que ha logrado este gobierno y apuntó contra los que piden la renuncia del ministro Luis Alberto Heber, “cuando (el exministro, Eduardo) Bonomi estuvo años y no obtuvo ningún descenso de delitos”.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Los homicidios aumentaron un 33% en el primer trimestre del año y en las últimas semanas se han dado casos de asesinatos muy violentos. ¿Qué evaluación hace sobre esto? ¿Por qué está costando tanto mejorar la seguridad?
-Las cifras que se incrementaron ahora de los homicidios no son definitivas, sino que hacen referencia a estos últimos meses y se oponen a toda la cantidad de años que tuvimos antes con el aumento de los delitos del Frente Amplio (FA) y a los dos años de gobierno de coalición en los que hubo un descenso. Por lo tanto, no podemos manejar las cifras de los últimos días como una tendencia.
Además, son homicidios que se dan entre narcos, con motivo de que ha habido muchos procedimientos de incautación de droga y en este momento hay más demanda que oferta, y eso genera competencia entre los narcotraficantes, que a la vez provoca conflictos entre bandas y asesinatos. Esa es una explicación, pero me quedo con el descenso en las rapiñas, los hurtos, los abigeatos, aunque hay que reconocer que todavía estamos en niveles altísimos.
-¿Usted considera que la Ley de Urgente Consideración (LUC) ha tenido efectos positivos en materia de seguridad?
-La LUC ha mejorado la seguridad, ha servido para reducir el delito, sobre todo en el caso de rapiñas y hurtos, y homicidios al principio también, más allá de estos últimos días, que ha habido incrementos. Pero la LUC es solamente una de las patas que hacen a todo el sistema de Justicia, básicamente apunta a la policía, y hay solo una disposición que es la derogación del sistema de la suspensión condicional del proceso, pero faltan numerosas medidas relativas a la reforma del Código del Proceso Penal (CPP).
En ese sentido, con los diputados Eduardo Lust (Cabildo Abierto) y Mario Colman (Partido Nacional) estamos trabajando en una comisión, diseñando las posibles modificaciones, más que nada, en el proceso abreviado, y otras normas en lo que concierne a la evaluación de la prueba y los procesos, que apunten a mejorar la calidad del sistema del proceso penal.
-¿Con qué objetivos se creó esta comisión?
-Lamentablemente, el procedimiento es lento. Empezamos a citar personas, hasta ahora hemos tenido dos reuniones. Los temas importantes tienen que ver con reformas en el CPP, que no son fáciles, porque se diseñó un sistema muy malo.
Uno de los asuntos principales a tratar es la derogación de las instrucciones generales para la acción de los fiscales, o su modificación, de modo que queden estrictamente en instrucciones administrativas y no en unas que tienen poco menos que rango de ley, como las que hizo (el exfiscal de Corte, Jorge) Díaz. Si la instrucción le dice al fiscal que tiene que negociar todos los delitos, la tipificación, la pena, la forma de cumplirla, se transforma casi en ley. Por la vía de instrucciones generales, en realidad están imponiendo normas que tienen un valor casi legal porque son obligatorias para los fiscales, bajo pena de sanción. Es una barbaridad que tengan ese rango. Se confió en Díaz y armó todo un sistema completamente ilegal.
Por otro lado, yo particularmente voy a proponer la creación de la Fiscalía de Cárceles, que esté ubicada cerca del Penal de Libertad y del Comcar y que tenga un equipo especializado en recabar las pruebas cuando se cometen delitos dentro de las prisiones y no como sucede hoy, que las fiscalías de San José, enloquecidas de trabajo normal, encima tienen que agarrar esos casos.
-Por su experiencia, ¿cuáles son los delitos más frecuentes en ese sentido?
-Los centros de reclusión son una usina generadora de delitos, tanto a nivel interno como externo. Cuando yo fui fiscal, había bandas organizadas para la extorsión de los presos y sus familias adentro de las cárceles. Tuve un caso de una compuesta por varios integrantes que extorsionaban a unas 200 personas, con agentes adentro y afuera de la prisión amenazando a las familias con dañar a otros presos en caso de que no les pagaran. Los procesamos por extorsión. Por lo que me relatan ahora conocedores de la interna carcelaria, la situación sigue y es terrible no poder solucionarla.
Habría que hacer, entre otras cosas, una cárcel para narcos, para separarlos del resto de la población carcelaria a la cual lamentablemente echan a perder y le imponen sus reglas de juego.
-¿Tiene solución el problema de las cárceles?
-Es un problema dificilísimo de abordar. Yo tengo una visión crítica de todo el sistema político, porque seguimos con una posición de adolescentes frente al delincuente. Esta es una crítica que va para todo el FA, pero también para la coalición, que siguen sin ver que el delito es mucho más profundo de lo que muchos suponen cuando sueñan con los procedimientos de rehabilitación.
-¿No es posible la rehabilitación con el sistema carcelario actual?
-En un 10% de casos puede ser, pero el 90% restante es una delincuencia que se organiza, ni hablar de los narcos, donde pensar en la recuperación no tiene lógica en absoluto.
Como decía anteriormente, seguimos con una perspectiva infantil de lo que representa el delincuente, que es un “pobrecito”, como si el delito fuera un fenómeno individual, cuando está respondiendo cada vez más a crimen organizado en otras partes de América, penetra en el Uruguay y nosotros seguimos teniendo una política infantil y de creencia en la rehabilitación.
Hay un porcentaje mínimo de personas que pueden ser rehabilitadas en otras condiciones de las cárceles diferentes a las actuales, donde hay presión, pesos pesados, circulación de drogas, extorsiones a los familiares en el exterior. Se hace muy difícil la rehabilitación en ese entorno, no solamente por eso, sino también por creer que el delincuente, que ya está profesionalizado, va a cambiar de vida. Nunca lo va a hacer si no es mediante un sistema mucho más duro y severo que el que tenemos.
Seguimos siendo adolescentes que sueñan con Heidi cuando enfrentamos a los delincuentes. Seguimos teniendo una visión de comprensión, de disminución de penas, de que todo es problema social o que tuvieron una mala infancia. ¡Por favor! Una madre una vez me dijo clarito: “Yo tuve cuatro hijos, tres salieron bien, este me salió torcido (era el más chico), probablemente porque lo malcrié”. La sociedad malcría delincuentes y después se queja de lo que sucede.
-¿Le preocupa el avance del narcotráfico y el aumento de la violencia?
-Por supuesto. Eso se liga con lo que te decía de que tenemos una visión de adolescentes del delito. El cuerpo desmembrado, los múltiples homicidios, la violencia que está en crecimiento… Antes al que no pagaba le daban una paliza, ahora le pegan dos tiros. Todo eso tiene que despertar al sistema político de la visión idílica de que a los delincuentes los tratás bien, les hablás, les conseguís un trabajo y se rehabilitan. ¡Mentira!
El otro día a un padre que violaba a la hija le dieron dos años y poco, ¡y vos te querés pegar un tiro! Es un sistema que no sanciona. Se llegó a un acuerdo con el violador, que quedó contento, entonces, seguimos generando un ámbito donde el delincuente se siente beneficiado con el tratamiento de sentencia. Las penas que se imponen, en una gran mayoría de casos, no guardan relación con la entidad de los delitos.
¿Qué pasa con el sistema? El fiscal puede cambiar la tipificación, la pena, el cumplimiento. Cada fiscal tiene una independencia enorme al momento de la imposición de la pena, y todo eso amerita la designación de un nuevo fiscal de Corte o un triunvirato, pero que genere nuevas pautas.
-Usted propuso la creación de un triunvirato, justamente. ¿Por qué cree que es una mejor alternativa que la figura del fiscal de Corte?
-Yo hice la propuesta del triunvirato para crear vacantes de los fiscales directores de la Fiscalía de Corte. Era una solución tendiente a salir de esta realidad anómala que es la existencia de un fiscal interino que no tiene el apoyo del gobierno. A Juan (Gómez, fiscal de Corte) lo respeto mucho, pero está generando una situación de inercia en la dirección de la Fiscalía de Corte, que es la llave del sistema judicial penal.
No hay una decisión sobre la designación del nuevo fiscal general, o del triunvirato, y eso impide que el gobierno marque un perfil, como sí lo hizo el de Tabaré Vázquez que, con la sanción del nuevo código, la posición de Díaz, que era ideológicamente afín al FA, marcó un perfil, en el acierto o en el error. Nosotros llegamos al poder hace dos años y medio y no estamos logrando marcar un perfil en la Fiscalía, porque con todo lo respetable que es Juan Gómez, quedó en función de fiscal interino; llegó al cargo no por designación del sistema político, sino por la vacancia que dejó Díaz. Si la coalición quiere marcar un perfil en el combate contra el delito, tiene que designar un nuevo fiscal de Corte.
“El combate a la droga trae como consecuencia los ajustes de cuentas”
-¿Cómo evalúa la gestión de Heber al frente del Ministerio del Interior, que está siendo bastante cuestionada y hay quienes piden su renuncia?
-El Ministerio ha venido logrando una baja de delitos. Las rapiñas y los hurtos descendieron, también los homicidios en los dos primeros años de actividad. A Bonomi lo soportamos 12 años con crecimiento de delitos todos los meses, ¿y no vamos a comprender ahora la situación de Heber, que solamente unos pocos meses ha tenido dificultades con los homicidios, cuando las rapiñas y los hurtos se han mantenido a la baja? No comparto en absoluto que se esté hablando de la renuncia de Heber por un problema de unos meses, cuando Bonomi estuvo años y no obtuvo ningún descenso. Además, el combate a la droga, que ha sido más eficiente, trae como consecuencia los ajustes de cuentas, porque hay mayor demanda que oferta y eso genera una competencia violentísima entre los grupos organizados.
“El proceso abreviado es ventajoso para el delincuente”
-Usted ha sido crítico con el proceso abreviado, donde el acusado admite su culpabilidad y a cambio obtiene una rebaja de la pena. ¿Con qué está en desacuerdo?
-El 95% de los presos que son condenados hoy están de acuerdo con su sentencia porque van por la vía del proceso abreviado, que representa un acuerdo entre el fiscal y el defensor. ¿Cómo no te va a sonar una cosa disparatada que casi el 100% de los presos esté satisfecho con su sentencia? ¿Qué significa eso? Que le es negocio estar de acuerdo, por algo lo está, porque le es ventajoso. En esas condiciones estamos impartiendo justicia, con los presos de acuerdo con las penas que se les imponen, que, además, al momento de su concreción, se diluyen en libertades, en sistemas ambulatorios, en prisión domiciliaria.
Habría que modificar eso. Las soluciones van a venir de la comisión en la que estamos trabajando. Una alternativa posible es darle mayor efectividad al proceso extraordinario, que está a mitad de camino entre el abreviado y el oral. No estoy en contra del proceso abreviado para los delitos de escasa entidad, pero sí para los delitos mayores. Los homicidios simples van por proceso abreviado, o sea, la muerte de una persona se dilucida en uno o dos días; parece una grosería tratándose del delito más importante que tiene el Código Penal —no el homicidio especialmente agravado, que tiene que ir por juicio oral—.
