El pasado martes la Academia Nacional de Economía realizó una charla en el World Trade Center titulada “La propuesta de reforma previsional del PIT-CNT: ¿Qué está en juego?”. Participaron Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED); Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres); Gonzalo Zunino, director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y Bárbara Mainzer, directiva de la Academia de Economía (Pharos). Los cuatro coincidieron en que esta reforma sería altamente perjudicial.
Hernán Bonilla expresó que la reforma impulsada por el PIT-CNT es “una bomba populista” extraña a la tradición de la política uruguaya. “Es la peor propuesta de política pública que vi en toda mi vida”, aseguró. En su exposición, argumentó en contra de los tres pilares que propone la iniciativa. En primer lugar, se plantea limitar la edad de retiro a los 60 años con 30 años de trabajo, algo establecido en el modelo aprobado de 1904. Aquí hay un problema con la baja tasa de natalidad en relación a las tendencias de envejecimiento de la población. “Cuando uno analiza la expectativa de vida y la edad de jubilación en muchos países comparables a Uruguay, encontramos que en todos la edad de retiro está en el entorno de los 65 años. Con la reforma del año pasado, Uruguay se está poniendo a tiro”, explicó Bonilla.
Otro pilar es que las jubilaciones mínimas pasarían al nivel de salario mínimo nacional. Para el economista, si esto se implementa y se tienen en cuenta los impuestos que pagan los activos, la jubilación real sería más alta que el mínimo nacional. Como tercer punto, el plebiscito eliminaría las AFAP y prohibiría cualquier forma de ahorro individual, contrariamente a lo que “se debería estimular”. Esto resultaría en que los trabajadores afiliados a AFAP con ahorros generados, perderían el beneficio de poder heredar a sus hijos esos ahorros en caso de fallecer, ya que se trataría de “un sistema de reparto duro” donde el dinero volvería al BPS.
Para Bonilla, esta reforma vuelve insostenible nuestro sistema de seguridad social, incrementando en gran medida la presión fiscal. “Si se financiara con puntos de IVA, tendríamos que pasar de los 22 puntos de tasa básica a más de 30. Imaginen el impacto negativo en la capacidad de compra, en el comercio y en toda la actividad económica”, advirtió. Agregó que la reforma implicaría un aumento del déficit y sería un elemento de inestabilidad macroeconómica que pondría en riesgo el grado inversor de Uruguay. También afectaría la reputación del país en su fama de “país estable con reglas de juego predecibles”.
“Quien está a favor de esta reforma, que no hable de los derechos de la primera infancia. Si esto sale, olvídense de destinar fondos a la niñez, a la educación y a la salud, no va a haber margen”, apuntó Bonilla. En su análisis, expresó que la reforma genera inequidades intergeneracionales, ya que la pobreza infantil es ampliamente mayor a la de los mayores de 65 años. “La prioridad fiscal no tiene que estar en la persona de más 65 años, tiene que estar en la infancia, es la inversión más redituable y es lo más justo”, concluyó.
Ignacio Munyo reflexionó sobre otra consecuencia, los posibles juicios al Estado si se tiene en cuenta el antecedente de Argentina en 2008, cuando Cristina Fernández eliminó el ahorro individual (AFJP) y esos fondos pasaron a ser gestionados por el sistema estatal Anses. En dos días, aumentó en 520 puntos básicos el riesgo país de Argentina. “Esto le pasa factura hasta ahora con juicios al Estado y dejó a la Argentina con el peor sistema previsional del mundo según los rankings internacionales. Con esta reforma nos queremos parecer a ellos”, sentenció.
Munyo entiende que se trata de “una tentación totalmente riesgosa e irresponsable” y que, si bien muchos piensan que el plebiscito no se aprobará en octubre, su posible impacto es suficiente para ser precavidos. A modo de ejemplo, mencionó una encuesta reciente de Factum que dice que el 82% de los uruguayos están a favor de que las pasividades mínimas se equiparen al salario mínimo nacional, el 75% a favor de bajar la edad jubilatoria y el 35% a favor de eliminar las AFAP. “Estos números muestran que, si les ofrecemos a las personas la posibilidad de trabajar menos y ganar más, la gran mayoría lo apoyan. Pero si preguntamos si quieren que sus ahorros acumulados sean expropiados y colocados en una bolsa manejada por el BPS perdiendo la titularidad, una gran parte diría que no”.
“De un día para otro”, habría una suba del gasto por mayores pasividades en el entorno de los US$ 1.100 millones, 1,5% del PBI, que se genera cuando se tienen que equiparar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional. También habría un aumento del gasto asociado por la baja de retiro que costaría US$ 3.000 millones, 4% del PBI. “Es un volantazo para afuera del camino, que interrumpe toda la energía que tiene el Uruguay para avanzar. Estos componentes inducen a una suba de impuestos que va a haber que hacerse cargo. No alcanza la plata, el Estado se termina casi que por fundir si se implementa esta reforma”, planteó Munyo.
Gonzalo Zunino consideró que el texto incluido en el plebiscito genera rigideces innecesarias e inconvenientes al sistema al hacer un añadido a la Constitución. Según estudios llevados a cabo por el Cinve, si el plebiscito triunfa, hacia el 2050 se duplicaría el déficit actual, y hacia finales del siglo se triplicaría. También dijo que la eliminación del pilar de ahorro individual limitaría la cantidad de instrumentos disponibles para diseñar un sistema justo, y que los problemas que puedan existir en la organización actual del pilar tienen soluciones regulatorias y de ningún modo justifican eliminarlo.
Bárbara Mainzer, directiva de la Academia de Economía (Pharos), reconoció que el plebiscito persigue un fin loable pero irrealizable. Ante la aseveración de que la reforma del PIT-CNT “mueve la solidaridad intergeneracional”, Mainzer respondió: “¿Es más solidario un sistema que carga una mochila cada vez más pesada en las generaciones futuras? Para que haya justicia entre generaciones precisamos sustentabilidad financiera, para que las próximas generaciones puedan tener una jubilación digna”.
Ante la pregunta de CRÓNICAS sobre si el sistema de seguridad social actual es sostenible con los cambios introducidos en la reforma del año pasado, Bonilla respondió: “Sí, impactó positivamente en la calificación de Uruguay. Es una reforma que le da sustentabilidad al sistema por un tiempo prudente. No es la reforma que a mí me hubiera gustado, el presidente dijo ‘se le echó agua la leche’, se fueron haciendo concesiones que recortaron la vida útil de la reforma. Ninguna reforma de este tipo es de una vez y para siempre, se va a tener que ir ajustando”.
