Mientras la oposición en conjunto critica la Ley de Inclusión Financiera y recogen firmas para una reforma constitucional, el asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Martín Vallcorba, dijo a CRÓNICAS que “hay que empezar a separar lo que pueden ser diferencias genuinas que se puedan tener con argumentos que no tienen sustento ni en la evidencia ni en la realidad”.
La Ley de Inclusión Financiera se ha ubicado en el centro del debate político en las últimas semanas, a raíz de las diversas campañas de recolección de firmas en contra de la obligatoriedad de la norma. Esta semana, la iniciativa liderada por el abogado y precandidato por el Partido Verde Animalista, Gustavo Salle, no llegó a la cantidad de firmas necesarias para convocar al referéndum, pese a que su campaña contó con el apoyo de otros precandidatos presidenciales de primera línea como los colorados Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle, o el nacionalista Juan Sartori. Sin embargo, aún sigue la recolección de firmas de la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este. De hecho, según informó Subrayado, la Cámara Empresarial de Maldonado da como un hecho que el plebiscito contra la bancarización se realizará en mayo de 2020.
Consultado por CRÓNICAS respecto a las críticas a la ley, el coordinador de Inclusión Financiera en el MEF, Martin Vallcorba, valoró que “hay críticas reales” a la iniciativa, pero también existen “cuestionamientos que se basan en premisas que son falsas”. “Hay que empezar a separar lo que pueden ser diferencias genuinas que se puedan tener con argumentos que no tienen sustento ni en la evidencia ni en la realidad”, agregó.
Puso a modo de ejemplo a los supuestos perjuicios a los pequeños comercios. “Eso no tiene ningún asidero, porque no hay ninguna disposición en la ley que genere una obligación a los pequeños comercios que pueda provocar o alterar la ecuación económica. Al contrario. Lo que se ha hecho ha sido en la dirección de mejorar las condiciones en las cuales los pequeños comercios acceden a los medios de pago electrónico, pero siempre y cuando el comerciante lo quiera hacer, porque no está obligado”.
Obligatoriedad
También criticó el argumento de estar “contra la obligatoriedad”. “Estaría bueno preguntarse a qué obligatoriedad se refieren, porque en la realidad la ley tiene muy pocas disposiciones que generan obligaciones”, señaló. Fundamentó que la principal obligatoriedad tiene que ver con el pago de remuneraciones, ya que ni las jubilaciones ni otros beneficios sociales se tienen que pagar por medios electrónicos. Tampoco obliga a los trabajadores de las localidades de menos de 2.000 habitantes.
Respecto a los trabajadores obligados, instó a “reflexionar en cuáles son los fundamentos” que llevaron a esa determinación, mencionando “dos funciones fundamentales”:
“Una tiene que ver con seguir generando herramientas para mejorar la formalización en el mercado de trabajo, teniendo en cuenta que un trabajador formal (…) implica más beneficios y más derechos. Y el pago electrónico de salarios sin duda es una herramienta que favorece y mejora las herramientas con las que cuenta el Ministerio de Trabajo y el BPS para detectar situaciones irregulares de trabajadores en negro”.
“La segunda tiene que ver con garantizar que se pueda ejercer efectivamente el derecho a acceder a un medio de pago electrónico gratuito. Porque en el mercado de trabajo muchas veces existe una relación muy asimétrica entre el trabajador y el empleador, sobre todo en empresas pequeñas en las cuales no hay organización sindical, y el trabajador no tiene el derecho para elegir dónde cobrar y termina siendo el patrón el que resuelve”, explicó. Agregó que eso no implica que el trabajador deba usar los servicios financieros, ya que “la ley dispone que todas las instituciones tienen que ofrecer un mecanismo que le permita al trabajador retirar todo su dinero en un único movimiento y sin ningún costo”.
El asesor del MEF destacó además el incremento en la utilización de medios de pago electrónico, que se ha multiplicado por 26 en el caso del uso de tarjetas de débito, así como una extensión en la cantidad de POS que se multiplicó por cinco desde la implementación de la norma.
Vallcorba también señaló que quienes critican la ley son personas o sectores que ya accedían a los servicios financieros y tenían la posibilidad de utilizarlos antes de aprobada la ley, y subrayó que el foco de la norma es “permitir a quienes no accedían a los servicios financieros a que lo puedan hacer”. “Eso es un avance en términos de equidad, de igualdad de derechos y de democratizaciones del acceso al sistema financiero que es muy relevante”, agregó.
Por último, defendió que la inclusión financiera permite a sectores de la población a acceder a instrumentos de ahorro y mejores condiciones de acceso al crédito, lo que implica “una mejora para los hogares de ingresos medio-bajo y bajo”.
Pablo Moya: “Un segmento de la población para los bancos es un costo”
Para el economista Pablo Moya de la consultora Oikos, la ley de inclusión financiera trae consigo un impacto positivo en la reducción de costos de transacción, aunque interpreta que “no se ha profundizado en la educación financiera” ni en mejorar la “infraestructura” para por ejemplo, tener acceso en todo el país a puntos de extracción.
También lamentó que “no ha sido lo suficientemente beneficioso para los comercios el tener una extensión de los POS, más allá de las medidas de incentivos a que la instalación no sea costosa, o a beneficios fiscales frente a la compra del servicio, no ha tenido una mayor implementación”.
Para Moya, a diferencia de los países desarrollados que tenían “otra línea de base”, Uruguay pasó de una baja bancarización a una inclusión amplia, que terminó generando ese “rechazo de un grupo importante de los agentes”.
El economista rechazó que la ley implique ganancias excesivas para los bancos. Si bien implica una mayor cantidad de clientes, están recibiendo “con cierta obligatoriedad a un público objetivo que le genera costos, costos operativos importantes” y al que no llega con otros servicios bancarios. “Hay un negocio para los bancos para un público en particular; para el resto, es costo. No me queda duda de que un segmento de la población de la inclusión financiera para los bancos es un costo”, agregó.
