Los funcionarios que llevaron a cabo las irregularidades fueron apercibidos tan solo con una observación en su legajo. El alcalde de Sarandí del Yí, Mario Pereyra, y el intendente Carmelo Vidalín respaldaron la investigación administrativa que es cuestionada por Valentín González, el funcionario que denunció el hecho.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran y Adolfo Umpiérrez | @AdolfoUmpierrez
A los 11 años Valentín González, oriundo de Sarandí del Yi, descubrió que la política era su pasión. A medida que fue creciendo se identificó cada vez más con la ideología del Partido Nacional y en las últimas elecciones del 2014 hizo carne su afición respaldando la figura del candidato Luis Lacalle Pou.
Por aquel entonces su nombre trascendió por una acción inusual ya que González se tatuó el slogan de la campaña “Por la Positiva” en su brazo, gesto que fue agradecido públicamente por su candidato.
Los meses pasaron, Vázquez resultó vencedor en la contienda electoral y Valentín, quien participó activamente de la campaña para las elecciones municipales, apoyando a Mario Pereyra, comenzó a trabajar, en julio del 2014, en la sección de Tránsito del municipio de Sarandi del Yí, de la Intendencia del, también blanco, Carmelo Vidalín.
“Me encargaba de empadronar vehículos, inscribir para las pruebas de libretas de conducir y corroborar la documentación entre otras cosas”, contó Valentín González a CRÓNICAS.
Pero, para su desilusión, no todo era tan transparente como añoraba. En junio de 2015 ya hacía tres meses que Valentín González había percibido irregularidades en la expedición de las libretas de conducir, algunas de ellas profesionales, en Sarandí del Yí.
“Durante marzo, abril y mayo se expidieron 170 libretas, de ellas al menos 40 tenían irregularidades”, explicó el joven.
Las anomalías de los exámenes teóricos iban desde pruebas que no estaban completas por los interesados en tener la libreta, y que eran validadas, hasta respuestas que estaban contestadas con cruces de idéntica caligrafía a la del inspector que corregía el examen.
Los inspectores involucrados eran Miriam López, Gabriel Romero y el jefe de Tránsito del municipio, Daniel Bares, quien había sido candidato en mayo para encabezar el municipio.
Independientemente de la afinidad política que reinaba en el municipio, González decidió denunciar las faltas, lo que llevó a que se abriera una Comisión Investigadora en la Junta Departamental que falló a su favor, o al menos eso creía.
En julio de 2015, un mes después de su denuncia, fue derivado a una biblioteca, donde, según dijo a CRÓNICAS, sintió el hostigamiento de los demás funcionarios que “por orden del alcalde” no le hablaban.
Sin sanciones
El 10 de diciembre de 2015 tras una investigación administrativa llevada a cabo por la Intendencia de Durazno, la Junta Departamental falló en su resolución 060/2015 a favor de la denuncia de González.
“Corresponde destacar el celo profesional del funcionario Valentín González, que ante presuntas irregularidades, reaccionó con responsabilidad poniendo las mismas en conocimiento de la jerarquía inmediata lo que dio lugar a la investigación administrativa”, reza un fragmento de la sentencia de la Junta que sugiere al Ejecutivo Departamental aplicar “medidas disciplinarias ejemplarizantes con los funcionarios involucrados por entender que fueron partícipes, por acción u omisión, de las irregularidades comprobadas”.
Sin embargo, los involucrados mencionados en la sentencia de la Junta Departamental (Ana Carrera, directora administrativa, Silvia Iturria y Yanet Fernández, encargadas de la División de Tránsito del Municipio) no coinciden con los funcionarios que cometieron las faltas.
Según Daniel Barez, actual jefe de Inspección General del Municipio de Sarandí del Yí, tanto a él como a los inspectores López y Romero este caso les costó una observación en su legajo. “Los que hicieron más irregularidades fueron los otros dos compañeros que ya no están trabajando aquí”, dijo Bares refiriéndose a López y Romero que lejos de haber sido apartados de sus funciones continúan trabajando pero no en la expedición de libretas de conducir sino inspeccionando en las calles de Sarandí del Yí.
“Yo estoy tranquilo porque acá no hay libretas truchas”, aseguró el inspector que arremetió contra González: “Yo le voy a hacer una demanda judicial a este muchacho, lo voy a mandar preso porque ya pude enterrarlo de cabeza y no lo hice porque otra gente me pidió que no lo hiciera pero si ahora sigue hablando…”, dijo el funcionario, molesto porque el tema siga en el tapete.
Sobre las irregularidades, Barez dijo que fueron algunas desprolijidades y, a pesar de ser el inspector general, se despegó de la situación diciendo que solo se hacía cargo de los exámenes prácticos y no de los teóricos que eran los que presentaban problemas.
“Romero entró sin saber bien cómo era y quizás se puso un poco nervioso, se equivocó y nosotros no lo controlamos”, reconoció Barez.
Asimismo el inspector general señaló que la denuncia se debe exclusivamente a un “tema político” ya que a pesar de ser del mismo partido él y González pertenecen a sectores diferentes.
“El está dolido porque se había tatuado el brazo y se pensó que con eso iba a subir”, indicó refiriéndose a una supuesta intención de González por tener un cargo más alto en el área municipal: “Cuando él se pintó, lo pusieron allá arriba en el cielo, le dieron mucha influencia y pensó que jodiéndonos a nosotros, a sus compañeros, él iba a subir”, resaltó Barez y definió que, para él, el tema está cerrado. “El tema se manejó en la Alcaldía”, dijo el inspector y agregó que el alcalde le pidió que permaneciera en el cargo por su pericia como conductor profesional.
Según supo CRÓNICAS tanto él como Romero y López tuvieron únicamente una sanción en su legajo mientras que las funcionarias administrativas mencionadas en el fallo de la Junta Departamental fueron apercibidas con sanciones más severas.
Sin respuestas
El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, aclaró a CRÓNICAS que en este caso la Intendencia de Durazno actuó aconsejada por la Alcaldía y los concejales.
Vidalín explicó que ante la denuncia correspondiente, se realizó una investigación administrativa, se actuó en consecuencia y se sancionaron las personas involucradas “incluso con sanciones muy severas”.
Consultado acerca de los dichos del inspector Daniel Barez, de que la sanción constaba únicamente de una observación en el legajo, Vidalín respondió: “No, hay medidas muy graves, algunas que no quiero ni siquiera mencionar”.
Estas medidas si bien existieron no fueron dirigidas hacia los inspectores de Tránsito que cometieron el ilícito sino hacia los administrativos. “Escapa a mí, es más que nada de la Alcaldía y de los concejales”, dijo Vidalín acerca de quién decide la magnitud de las sanciones y añadió que “la Constitución nueva” agrega que la Alcaldía y los concejales son los que sugieren las medidas.
Según el jerarca una de estas medidas fue impedir el ascenso por determinada cantidad de años.
“Se tomaron las medidas más duras a sugerencia de la Alcaldía y los concejales de Sarandí del Yí”, dijo Vidalín mientras que el alcalde negó a CRÓNICAS que la institución que representa haya tenido que ver en la ejecución de las sanciones: “Eso lo decidieron los abogados de la Intendencia”, resaltó Pereira.
Pero, ¿por qué se considera un error administrativo cuando el error estuvo en el inspector de Tránsito? “Es una buena pregunta”, respondió Pereyra y esbozó una respuesta alegando que él “no es jurista” y que esa fue una resolución de los abogados de la Intendencia que él tuvo que acatar. “Los abogados dijeron que los que tenían más responsabilidad eran los de mayor grado que vendrían a ser los administrativos, los que controlaban a los inspectores. Estará bien o mal pero eso es lo que dijeron los abogados”, resaltó el alcalde que, contradiciéndose con Vidalín, puntualizó que la Alcaldía únicamente apoyó la investigación administrativa y aplicó las sanciones a los funcionarios que le fueron indicados.
Finalmente Pereyra hizo énfasis en que no hubo libretas truchas y que lo que sucedió fue “sin dolo”. Además recalcó que hoy en día se incrementó el contralor en el Municipio al contratarse un jefe administrativo para controlar la expedición de las libretas.
Sin consuelo
Para Valentín González todo fue una cuestión de política. El joven aseguró que el hecho de que se haya sancionado a otras funcionarias en vez de a los inspectores, se debe a que la Intendencia y la Alcaldía quisieron “tapar todo”.
“Quisieron hacer pasar las libretas truchas por desprolijidades administrativas. Ana Carrera, Silvia Iturria y Yanet Fernández no tuvieron nada que ver, quisieron tapar con ellas las irregularidades de los inspectores de Tránsito”, enfatizó González.
El joven agregó que esto fue solo uno de los aspectos que lo alejó de su partido y derrumbó la credibilidad de las figuras para las que hasta hace poco tiempo trabajaba.
“Luego de haber hecho la denuncia le pregunté a Vidalín si sabía lo que sucedía y él me contestó: «contra el sistema no se puede»”. El intendente de Durazno respondió que eso jamás sucedió: “Está faltando a la verdad”, aseguró Vidalín e indicó que él está de acuerdo con que González haya hecho la denuncia correspondiente.
Por su parte, González asegura no haber recibido apoyo de nadie. Ni del alcalde ni del intendente y tampoco del candidato presidenciable Luis Lacalle Pou, con quien quiso ponerse en contacto y, según él, fue ignorado. Lacalle Pou fue consultado por CRÓNICAS acerca de este tema, pero al cierre de esta edición, no hubo respuesta del líder nacionalista.
Luego de hacer una especie de duelo político, Valentín González se tapó el tatuaje de “Por la positiva” de su piel y ahora apuesta a continuar con su militancia política junto a Novick en el nuevo “Partido de la Gente”.
