Director nacional contra el Lavado de Activos
A dos años de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que fue ratificada en un referéndum meses atrás, el secretario antilavado conversó con CRÓNICAS al respecto y sostuvo que resultó ser una ley “equilibrada” y que, pese a las alertas por parte de la oposición de que aumentaría el lavado de activos, no hay ninguna evidencia que lo indique. Tampoco se detectó una mayor utilización de dinero en efectivo por quienes operan en el mercado, aseguró. Por otro lado, detalló los cambios que considera necesarios sobre la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) implementada en 2017.
El menú En la cava de Panini’s, el Dr. Chediak degustó mollejas a la plancha encebolladas al limón, cherry y finas hierbas, y como plato principal eligió risotto de camarones, zucchini y langostinos grillados, menú que acompañó con Coca Cola light. De postre, optó por helado artesanal de crema.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-Una de las críticas de la oposición con respecto a la LUC fue que aumentaría el lavado de dinero por la posibilidad de pagar grandes cantidades en efectivo, de hasta 100.000 dólares. ¿Se vio ese impacto en los hechos?
-La alerta tenía su fundamento. No puede negarse que una mayor utilización de dinero en efectivo, que antes era muy acotada —de 4.000 dólares—, aumenta el riesgo de que se use para el lavado de activos. Sin embargo, se atendieron las críticas de la oposición y se modificó la redacción de los artículos vinculados a esta temática tres veces, a los efectos de morigerar los posibles impactos negativos. Finalmente, se llegó a una fórmula que balanceaba el concepto de mayor libertad para todos.
-¿Se refiere a que en esos casos los controles son más fuertes?
-Exacto. Se estableció que el utilizar dinero en efectivo en grandes cantidades conlleva presunción de riesgo alto y por ende hay que hacer una debida diligencia intensificada, que tiene una diferencia importante con la debida diligencia simple, en el sentido de que en esta última no hay que justificar el origen del dinero, como sí hay que hacerlo en la anterior. Eso permea todo el negocio, es decir, si usted va a comprar un apartamento de 300.000 dólares, si utiliza una parte en efectivo, necesariamente, todo el negocio pasa a ser de riesgo alto y se requiere hacer una debida diligencia intensificada por todo, no solo por el dinero en efectivo.
-¿Se detectó un mayor uso de efectivo tras la aprobación de esta ley?
-No, no hemos detectado que se hayan volcado masivamente quienes operan en el mercado hacia la utilización de dinero en efectivo. Se siguen prefiriendo, por razones de seguridad, los medios electrónicos.
-O sea, esto que alertaba la oposición en ese momento, en los hechos, ¿no se ha visto?
-No, no hemos visto ese efecto que, por supuesto, no lo quería nadie, por eso se redactó varias veces el artículo. Pero (la LUC) no movió la aguja ni en la utilización de dinero en efectivo ni en la situación de lavado de activos.
-¿Por qué el tope fue de 100.000 dólares y no de una cifra más baja?
-Por la complejidad real que un negocio incluso simple tiene en el Uruguay. Con la inclusión financiera total y la posibilidad de utilizar solo 4.000 dólares de dinero en efectivo, si uno compraba un apartamento de 200.000 dólares, por ejemplo, tenía que recurrir a mecanismos del sistema bancario. Son varias las etapas del proceso de compraventa donde se requieren letras de cambio o giros bancarios, que tienen su costo. Todo eso hoy se puede hacer con efectivo. Esas complejidades que una bancarización rígida e inflexible generaba, están resueltas por esta posibilidad de utilizar dinero en efectivo. Y no hemos detectado que sean necesarios mayores ajustes a la normativa. No tenemos evidencia de que se hayan cumplido los vaticinios que se habían realizado en relación a la LUC, ni en este ni en otros temas.
-¿A qué otros temas se refiere?
-Son varios. Por la dinámica de estos fenómenos de democracia directa, se planteaba un “blanco y negro”, o sea, el gobierno decía: “es blanco”, “es buenísimo”, “la ley es necesaria y popular”, y del otro lado era algo así como la madre de todos los pecados del mundo. En el fondo, fue una ley bastante equilibrada que no ha traído ninguno de los vaticinios catastróficos que se habían realizado.
-¿Cómo se encuentra el país en materia de lavado de activos?
-Estamos bien posicionados en el sentido de que tenemos de las mejores normativas de la región en relación a la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. No obstante, estamos bajo seguimiento intensificado, porque, como muchos otros países, tenemos problemas de efectivo cumplimiento de esa normativa.
Contratamos a un asesor internacional, el Dr. Alejandro Montes de Oca, quien prendió algunas luces de alerta que nosotros compartimos en cuanto a que los países de la región han invertido muchísimo más que el Uruguay en toda esta estructura de prevención, tienen mucho más personal, más presupuesto y más recursos, y allí tenemos un deber pendiente.
-¿Es un avance la partida de 25 millones de pesos que le otorga esta Rendición de Cuentas a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)?
-Sí. Eso implica un avance para poder instrumentar una cantidad de programas, pero en inversión en prevención estamos todavía retrasados. La Evaluación Mutua de Uruguay (por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat) va a ser en el próximo período, pero allí es el examen, por lo cual todos los deberes deben ser hechos previamente. Por eso estamos sometidos a supervisión intensificada, lo que significa que le contestamos cuestionarios muy extensos a Gafilat cada seis meses, poniendo de manifiesto los avances.
-Uruguay tiene números muy bajos en las persecuciones penales de lavado de activos. ¿A qué lo atribuye?
-El 95% de las causas penales se terminan resolviendo por proceso abreviado, lo que está muy determinado por la cantidad de casos que tienen los fiscales, que están muy desbordados de trabajo. La defensa del acusado sabe que tiene una rebaja en la pena, un tratamiento más benévolo.
Que tengamos pocas condenas por lavado de activos, ¿quiere decir que delincuentes importantes no recibieron penas? No, significa que el lavado de activos tiene delitos precedentes —de los cuales sale el dinero— como tráfico de estupefacientes, contrabando, corrupción regional, trata de personas, que las fiscalías están acostumbradas a investigar, que son de menor complejidad en la investigación que el lavado. Este tiene mucho componente intelectual, profesional; el crimen organizado contrata profesionales, contadores, escribanos, abogados, para poder ocultar a través de operaciones artificiosas el origen ilícito del dinero e incorporarlo a la actividad económica normal. Investigar todo eso es muy complicado y lleva mucho tiempo.
-En los hechos, en estos casos, ¿no se hace una investigación paralela por lavado?
-La realidad es que se termina acordando en un proceso abreviado por una pena por el delito precedente y no se sigue adelante con la investigación por lavado de activos. El resultado final es que tenemos menos de una docena de investigaciones penales exitosas anuales por lavado de activos. Es un número muy bajo.
-¿Cree que la creación de la fiscalía especializada que se da en esta Rendición de Cuentas impactará en la mejora de esos números?
-En la Rendición de Cuentas pasada hubo un planteo del Ministerio del Interior que nosotros acompañamos, de llevar esta competencia a las fiscalías especializadas de estupefacientes, pero el fiscal de Corte nos expresó las dificultades y señaló que iba a ser muy difícil que las fiscalías especializadas que ya tenían cerca de 1.200 causas pudieran darles prioridad a las causas por lavado de activos.
Entre todos llegamos a la solución de la creación de una fiscalía especializada que fue lo que se terminó plasmando en esta Rendición de Cuentas, que no va a tener una carga de trabajo previa de tal magnitud que impida que se les dé prioridad a estas causas.
También solicitamos el fortalecimiento de la Senaclaft para que pudiera dar apoyo técnico a esta fiscalía, y logramos que se incorporara la normativa en la Rendición de Cuentas, porque no teníamos una norma específica. O sea, si bien colaboramos con las fiscalías y los juzgados en los equipos multidisciplinarios, no teníamos una norma que nos habilitara a investigar y colaborar técnicamente con facultades propias con esta fiscalía especializada.
El archivo del caso Odebrecht en Uruguay
-Un artículo de Hugo Alconada Mon titulado “Uruguay, la guarida fiscal para los sobornos millonarios de Odebrecht”, publicado en La Nación, lo señala a usted como que archivó el caso, de modo que “ningún uruguayo afrontó consecuencias en la Justicia, que rechazó pedidos de colaboración, pese a que estudios, testaferros y bancos administraron millones de dólares de la corrupción”. ¿Qué responde?
-Me sorprendió un poco, yo no conocía este perfil colorido del periodista, que aparentemente es muy versado en este tema. La realidad es que la Senaclaft en la administración anterior había hecho inspecciones en los estudios indicados como vinculados a la creación de sociedades relacionadas a toda esta temática de corrupción regional de Odebrecht. Tenemos un tema temporal muy importante, ya que nosotros podemos, porque así lo establece la normativa, exigir el mantenimiento de documentación acreditante de las operaciones por un máximo de cinco años previos a la inspección, y en el caso de los expedientes que tuvimos, las operaciones excedían ese plazo, por lo tanto, ya no teníamos facultades legales para hacer análisis de documentación y, si encontrábamos algún defecto, establecer multas u observaciones. No podíamos hacer otra cosa más que ir al archivo.
“Hay que limitar las posibilidades de hacer rebajas en las penas mínimas que tienen los fiscales”
-En Diputados comenzó a funcionar una comisión con el objetivo de hacerle modificaciones a la reforma del CPP. Una de las preocupaciones es la gran cantidad de procesos abreviados. ¿Comparte la necesidad de implementar cambios?
-Cuando integramos la comisión de seguimiento de la implementación del CPP, con el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, acordamos excluir del proceso abreviado las rapiñas y que no se pudieran hacer acuerdos con penas a la baja, pero el argumento del entonces fiscal de Corte, Jorge Díaz, era que iba a colapsar el sistema, que no daba abasto.
La realidad es que en delitos tan graves como la rapiña se podría hacer un proceso extraordinario muy breve, con una o dos audiencias, pero proceso al fin, donde haya que diligenciar la prueba ante el juez, a diferencia del abreviado. Y no entraría a jugar en este caso el descuento de hasta un tercio en el mínimo de la pena.
Otro cambio que consideramos propicio es que hay que limitar las posibilidades de hacer rebajas en las penas mínimas que tienen los fiscales. Se les dieron demasiadas herramientas, lo cual terminó en una rebaja generalizada de las penas por fuera del Código Penal. Habría que acotar la chance de ir hacia el proceso abreviado y las facultades de los fiscales para acordar en el mismo.
-¿Coincide con el planteo de tener una fiscalía general colegiada?
-Sí. Con el nuevo peso que la figura del fiscal de Corte tiene, es importante ir hacia una fiscalía colegiada, hacia un triunvirato. Lo planteamos desde el inicio. Una cosa era un fiscal de Corte subordinado al ministro de Educación y Cultura, que tenía muy controladas sus potestades administrativas y no tenía posibilidades de dictar directivas de carácter general de ningún tipo. Pero esto ha cambiado radicalmente, han aumentado los poderes del fiscal de Corte, por lo cual es razonable, en un país con una larga tradición de acotar el poder, que haya una fiscalía colegiada.
