Juan Gómez, fiscal de Homicidios de Montevideo
Pese a que el único fiscal de Homicidios de la capital se esfuerza por abarcar la mayor cantidad posible de casos, entiende que no es suficiente y aspira a que se solucione la falta de recursos. El panorama se ve agravado por el aumento de los asesinatos, los que atribuye, entre otras cosas, a que “está fallando la educación”. De todas maneras, tiene esperanzas de revertir la situación y asegura que “la preocupación de Layera es lejana y únicamente posible” si se quedan de brazos cruzados.
El menú El Dr. Gómez degustó ravioles de masa verde rellenos de espinaca, muzzarella y nueces, salsa fileto y albahaca fresca, que acompañó con Sprite Zero. Para extender la sobremesa, prefirió café.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Está conforme con la reforma del Código del Proceso Penal (CPP) a casi 10 meses de su entrada en vigencia?
-Conforme sería demasiado. Estoy mirando con atención los progresos que se van teniendo, pero sería absolutamente impensado que una reforma procesal pudiera instaurarse en tan poco tiempo. Sigo viendo cuestiones a mejorar, que es lo que más me ocupa. El sistema procesal penal uruguayo necesitaba un cambio y eso fue lo que se acordó por los legisladores. Si bien puedo notar que hay deficiencias, mi primera obligación es cumplir con las leyes.
-¿Qué tipo de deficiencias?
-El cambio de roles de todos los operadores naturalmente tiene sus consecuencias. Primero se necesita una adaptación. Yo he estado muy cerca de la actividad instructora en momentos en que no era quien orientaba a la autoridad policial, eran los señores jueces, y uno podía aprender cómo ellos resolvían tal o cual gestión. Hoy es uno el que tiene la responsabilidad de adoptar medidas, de orientar, y eso supone una nueva forma de pararse frente a la realidad.
-¿Se ha podido adaptar a ese cambio que supuso el pasaje de la investigación a cargo de los fiscales?
-En la medida que me parecía que se debía dar ese cambio, para mí no tuvo impacto. Fue una cuestión nueva, difícil de absorber los primeros días, pero hoy uno ya está más sereno en cuanto a cuáles son las orientaciones que debe dar y la forma en que se debe trabajar con la Policía.
-Muchos fiscales se vieron saturados de trabajo tras la modificación del CPP. De hecho, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, solicitó más recursos en la Rendición de Cuentas para poder contratar nuevos funcionarios. ¿Cómo repercutió para usted el cambio en ese sentido?
-Con los recursos humanos que hoy dispongo, como fiscal de Homicidios de Montevideo, yo no puedo atender con eficiencia absolutamente todas las situaciones que se dan en una ciudad como esta. Puedo hacer el esfuerzo, lo hago todos los días porque la sociedad se lo merece, pero, evidentemente, esos detalles que usted menciona se van viendo en el camino.
Yo tengo la esperanza de que los responsables vayan solucionando esas dificultades, que son ciertas. Las insuficiencias se seguirán advirtiendo y aspiro a que se vayan corrigiendo. Entiendo que el país puede tener dificultades para atender todas las inquietudes, pero me parece que en este caso el esfuerzo debe ser hecho para estar en una sociedad con un amplio respeto al Derecho y a la Justicia pero que trasmita seguridad a la población.
-¿Cuáles pueden ser los riesgos de no obtener los fondos necesarios?
-No sería deseable que eso pasara, por más que uno pueda entender que el país tiene muchas otras necesidades y que la educación y la salud son siempre primordiales. Pero el sistema de Justicia es un elemento que debe ser de atención muy especial de las autoridades y lamentaría que no se contara con todos los recursos.
-¿Y cuál sería el ideal de recursos para Homicidios? Porque actualmente usted es el único fiscal de Montevideo especializado en la materia.
-En Montevideo lo ideal sería tener dos Fiscalías, con un número adecuado de componentes que nos permita atender la investigación, las víctimas, las situaciones de testigos protegidos, y algo que normalmente no se tiene en cuenta, que es la preparación de los juicios –es un trabajo muy especial, muy delicado, que requiere mucho tiempo-.
-¿Cómo se explica el aumento del 66% de los homicidios en el país en el primer semestre de este año con respecto a igual período de 2017? Es decir, ¿qué está fallando?
-Están fallando muchas cosas que están relacionadas fundamentalmente con la educación. Cuando uno les pregunta a los jóvenes que están en estas situaciones de violencia qué estudios han cursado, la mayoría apenas terminó la primaria, o hizo uno o dos años de secundaria. Entonces, es un elemento constante el fenómeno del fracaso del individuo en instruirse de manera suficiente para vivir en sociedad.
Después, hay un efecto innegable de las drogas en la violencia. Todos los días hay un suceso vinculado a eso. Esto supone el predominio de grupos o familias en determinadas zonas de la capital dedicadas a la venta de estupefacientes, que utilizan la violencia como forma de amedrentar, de establecer pautas ilegales de actuar. Es decir, si no pagás, tenés la consecuencia, que antes eran disparos en los miembros inferiores, pero ahora ya no; directamente se quita la vida.
También hay una incidencia brutal en la sociedad de las muertes ocurridas en ocasión de cometer otro delito. Y hay un número más creciente de homicidios por parte de policías o de ciudadanos en defensa de sus vidas y de sus bienes. Todos los casos culminan con la pérdida de vidas humanas, que serán más valiosas o menos, pero siguen siendo vidas humanas.
“La preocupación de Layera la veo lejana y únicamente posible si nos cruzamos de brazos”.
-¿Ese fracaso en la educación del que hablaba tiene que ver con la marginación social?
-Hay un grupo grande de ciudadanos –me limito a Montevideo- que por distintas circunstancias empezaron a vivir muy cerca de las actividades delictivas, y eso los fue alejando del resto de la sociedad. Lo que advierto en esas situaciones es el riesgo de que la gente justifique la represión violenta a esas conductas, es decir, que alguien se pueda creer con derecho sobre la vida de los demás, porque si hay algo que es cierto es que la violencia engendra violencia.
-¿Considera que el Estado tiene el control sobre esa parte de la población?
-El esfuerzo del Estado se ve todos los días. El estar presente en zonas tan conflictivas como Los Palomares (Casavalle) es un mensaje interesante que habla de esa lucha que el Estado debe dar sí o sí. En la medida que no tenga presencia en esos lugares tan problemáticos, tan carentes de seguridad, uno empieza a sentir que se pierde la batalla, y esa es una lucha que como sociedad no podemos darnos el lujo de perder.
-¿El Estado está ganando esa lucha?
-Creo que no le estaría hablando si sintiera que no hay un esfuerzo, no solo del Estado sino de la gente. Es decir, el ciudadano está dispuesto a luchar por vivir en paz y tranquilidad, y no puede tolerar que permanentemente le estén bombardeando ese estilo de vida, que es típico de Uruguay.
-Es una percepción diferente a la que manifestó a El Observador el director nacional de Policía, Mario Layera, quien dijo que “un día los marginados van a ser mayoría”. ¿Comparte la preocupación?
-Como preocupación puede ser atendible, pero la veo lejana y únicamente posible si nos cruzamos de brazos. Como no estoy dispuesto a cruzarme de brazos, les digo todos los días a los esforzados funcionarios policiales con los cuales tengo el gusto de trabajar, que no hay que entregarse, que hay que seguir luchando. Creo que con ese ánimo de quienes tenemos la responsabilidad de hacerlo nunca llegaríamos a esa preocupación legítima del inspector Layera.
-Considerando que el 40% de los homicidios del primer semestre fueron por conflictos entre delincuentes y ajustes de cuentas, ¿cómo se soluciona esta realidad que viene de la mano muchas veces del crimen organizado, del narcotráfico, del sicariato? ¿Tiene vuelta atrás?
-Únicamente el trabajo en equipo, intercambiando información con otras Fiscalías, con otros cuerpos policiales, podrá poner freno a eso. Cuando se tiene la eficacia de golpear a determinadas cabezas aunque uno no les pueda probar el sicariato, el solo hecho de aclarar homicidios y de someterlos a medidas cautelares disminuye el número de eventos de esa naturaleza en determinada zona. Sé que es difícil, ojalá tuviera la respuesta concreta de cómo actuar para ponerle fin a eso. Creo que solamente un trabajo de mucha coordinación a largo plazo podrá terminar con ese cúmulo de muertes de gente joven que nos aflige.
-Del total de homicidios registrados en el primer semestre, la mitad no fueron esclarecidos. ¿Qué lo impide?
-En primer lugar, está el famoso temor que los propios grupos criminales imponen al resto de sus vecinos, de que nadie hable porque estaría en peligro la vida de quien prestara declaración. Por eso ha surgido cada vez con mayor énfasis la figura del testigo protegido, donde uno oculta la identidad de esa persona para ir logrando niveles más altos de esclarecimiento de los hechos.
-Si hubiera más recursos, ¿se podrían resolver más crímenes?
-Algo que vengo analizando es la conveniencia de tener una unidad del Ministerio del Interior especializada en los homicidios, que centralice toda la información. Con las rotaciones dentro de la fuerza policial, a veces se hace difícil mantener a un oficial en un caso en forma permanente, entonces en determinado momento hay un cambio y tenemos que volver a recalar con otro oficial el caso aunque no estuvo desde el principio. Por lo tanto me parece que con el tiempo habrá que pensar en una unificación de todo el accionar de la Policía en una única unidad.
“El legislador debería prever que hay beneficios que no pueden ser otorgados a determinados delincuentes”
-Ha dicho en varias oportunidades que el caso de Brissa González fue el que más lo conmovió en toda su experiencia. Según una investigación del periodista Leonardo Haberkorn para El Observador, el asesino había sido procesado dos veces por seis ataques sexuales a niñas y adolescentes, pero posteriormente no tuvo seguimiento. Dados los antecedentes, ¿podría haberse previsto el fatal desenlace? ¿Qué falló?
-Es muy difícil que alguien pueda prever una atrocidad de ese tenor. Puedo entender que una persona por determinadas circunstancias robe, que otra rapiñe, que otra por influjo de la droga o por una falta de valores absoluta pueda llegar a matar, pero atacar una niña, secuestrarla, violarla… uno deja de considerar ser humano a quien hace eso.
-Él debió haber salido en mayo de 2017 de la cárcel, pero lo hizo en marzo de 2016 gracias a los beneficios liberatorios.
-Cuando los beneficios son establecidos por la ley uno no puede quejarse. Yo creo que el legislador debería prever que hay beneficios que no pueden ser otorgados a determinados delincuentes. Por ejemplo, un violador o quien comete un homicidio especialmente agravado, no puede redimir pena por trabajo y estudio y debe cumplirla en su totalidad. Tengo la esperanza de que un día esto se analice. Nosotros no nos merecemos convivir con personas que tienen tal grado de perversidad.
-¿No se debería hacer un seguimiento especial a personas como el asesino de Brissa?
-Sí. En tiempos modernos, la prevención es necesaria. Felizmente, en Uruguay son casos muy contados.
“Yo vivo sin miedo porque he aprendido a respetar al ser humano”
-“Vivir sin miedo” es el eslogan bajo el cual el senador Jorge Larrañaga impulsa un plebiscito para combatir la delincuencia. ¿Considera que hoy se puede vivir sin miedo en Uruguay?
-Yo vivo sin miedo porque he aprendido a respetar al ser humano, al prójimo, y eso me permite vivir sin una cuota de un temor permanente. Por otro lado, sobre esa iniciativa, que respeto y que por una obvia razón no puedo ingresar en el tema, la gente la analizará y resolverá como considere conveniente.
-Más allá de su percepción, la inseguridad es una preocupación para mucha gente.
-Por supuesto, lo entiendo; no hacerlo sería no estar atento a la realidad. Conozco a muchas personas que fueron objeto de actos delictivos y sé el profundo desagrado y temor que causan. Vuelvo al principio, lo único que me queda es luchar en la medida de mis posibilidades para ofrecerle a la ciudadanía algo mejor.
