Fernando Miranda, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha
Si bien la mayoría de los centros comerciales e industriales de frontera han reclamado exoneraciones fiscales o medidas similares para impulsar una mayor competitividad de precios con Brasil, en el caso de Rocha el énfasis está en el control aduanero. En diálogo con CRÓNICAS, el presidente del Centro Comercial e Industrial del departamento, Fernando Miranda, lamentó también el peso que significan las tasas que colecta la comuna, el auge de la informalidad y el potencial desaprovechado de la zona.
Al igual que los demás departamentos fronterizos, Rocha ha atravesado unos años desafiantes a nivel comercial. En conversación con CRÓNICAS, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Rocha, Fernando Miranda, declaró que la economía local “viene desprotegida desde hace mucho tiempo”, y el 2024 en particular fue “un año muy duro para llevar el presupuesto”. En ese sentido, recordó que la gremial, que funciona como Centro Pyme de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), representa mayoritariamente a pequeñas y medianas empresas, que “no tienen la misma espalda que una gran superficie”.
Frontera y aduana
El principal desafío para el comercio de Rocha, según Miranda, tiene que ver con la frontera, a la que definió como “muy corrupta”, dado el libre flujo de mercancía que cruza de Brasil al departamento de manera “constante y abundante”. Consideró que la Aduana “es parte del negocio” y que el verdadero problema de la región no es la competencia de precios, que es de larga data, sino “la falta de Estado”. En plena temporada turística, con las playas repletas de gente, la popularidad del departamento “no se ve reflejada en las ventas” que, según los datos de la cámara empresarial, se encuentran entre un 15 y un 20% por debajo de la temporada pasada.
Si bien la falta de control era algo que ya sucedía, de acuerdo con el entrevistado, la pandemia agudizó la situación. Además, puntualizó que los actores nacionales “se han encargado de fomentar el Chuy brasilero” y “se han olvidado de Rocha”, lo cual impacta negativamente en la competitividad del lado uruguayo. A modo de ejemplo, mencionó que en Chuy (Brasil) hay unas nueve farmacias, con una población de 5.919 habitantes, mientras que en Chuy (Uruguay), donde viven 13.538, hay solamente dos.
Corrupción
A su vez, el empresario manifestó que es difícil denunciar estas irregularidades porque “donde denunciás el problema son parte del negocio” y es común ver jerarcas departamentales “dueños de free shops”. Ante esta perspectiva, “es muy difícil que puedan defender a un emprendedor pequeño de barrio” y, “como los jerarcas lo hacen, dan el ejemplo y la gente lo hace también”. Para ilustrar la falta de controles, comentó que en Rocha se hacen festivales con bebida brasileña, y por más que la cámara local lo ha denunciado, no ha habido consecuencias.
Tasa bromatológica e inspecciones
Otro obstáculo para emprendedores rochenses surge de una tasa bromatológica que cobra la Intendencia. A pesar de que los negocios formales pagan esta tasa, que es un requisito para operar, el entrevistado señaló que “no tiene ningún tipo de servicio ni contraprestación”. Esto conduce a las empresas a trasladar el costo al producto, lo cual aleja aún más los precios de un Brasil devaluado. Según Miranda, la tasa supone uno de los ingresos más importantes de la comuna.
A su vez, añadió que otro aspecto a considerar son los tiempos que manejan las oficinas del Estado, como la DGI o el Ministerio de Trabajo, que se presentan a hacer inspecciones en pleno verano. Esto tiene un impacto directo en el servicio, ya que “un restaurante intervenido a las 9 de la noche, en su hora pico, puede perder ventas, porque ese nerviosismo y estrés pasa al mozo, y del mozo al comensal”. También los servicios ocasionan problemas: recientemente en La Paloma hubo un corte de luz de dos horas cerca de las 20 horas, lo cual “genera pérdidas significativas” para los supermercados, por ejemplo.
La decisión del MEF
Recientemente, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió no implementar los descuentos de IVA en la frontera que habían considerado previamente, en el entendido de que la renuncia fiscal sería demasiado grande. Respecto a este tema, el presidente de la gremial expresó que el MEF “desconoce” la situación fronteriza, y que una decisión en favor de las exoneraciones habría afectado positivamente las arcas del Estado, dado que la opción podría haber aportado a la recaudación. Además, si bien por un lado entendió que el Ministerio no pudiera prescindir de ese impuesto, comentó que les “dolió” que desde allí no se hiciera un esfuerzo por reclamarle a la Aduana que ejerciera más control.
Informalidad
En suma, Miranda consideró que Rocha “no le puede dar un valor agregado a sus comercios ni sus productos teniendo una frontera tan abierta”, ni “tampoco valorizar el trabajo”, y “la falta de protección condena al departamento a la informalidad”. Lamentó además que, siendo un lugar con tanto potencial, con playas, campo, agricultura, historia y demás, la informalidad tenga el efecto de ahuyentar inversiones: “Nadie va a venir a emprender si no está protegido en la devolución de esa inversión”.
Con el nuevo gobierno
Ante el cambio de gobierno, el ejecutivo planteó que lo ideal sería que las nuevas autoridades “cambien los mandos medios”, especialmente, en lugares como la Aduana, para “proteger más” al comerciante. Con este espíritu, la cámara se reunió con el ministro de Economía designado, Gabriel Oddone, y con el presidente electo Yamandú Orsi, para elevar estas preocupaciones y sugerencias.
