El director de Movilidad de la Intendencia de Montevideo, Pablo Inthamoussu, aseguró a CRÓNICAS que en los próximos días se sellará la creación de un fondo vial que será sustentado con lo que se recaude de las multas sancionadas en los nuevos puntos electrónicos de control. El fondo en cuestión estará destinado a mantener la infraestructura vial de la ciudad que según el jerarca se encuentra en una “situación complicada”.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-¿Cómo fue la evolución de las multas en los nuevos puntos de control desde que se comenzó con la fiscalización hasta ahora?
-Después de Nochebuena estaremos presentando datos duros y concretos al respecto. Lo que sí podemos manejar ahora es que hubo un escalón a la baja interesante; desde que se colocó el equipamiento hasta que se difundió, se pudo medir un comportamiento y luego de haberlo difundido otro completamente diferente. Después hubo una meseta y a mediados de noviembre vimos un leve ascenso. Por eso, a comienzos de diciembre, se tomó la decisión de efectivamente penalizar. Ahora se está observando un nuevo escalón aún más abajo del que vimos en un comienzo. Esto corresponde a dos infracciones: luz roja y exceso de velocidad.
-Este plan que tienen de control, ¿pretende contemplar a futuro otro tipo de infracciones, como podría ser hablar por teléfono en los vehículos o viajar sin la seguridad adecuada?
-No queremos apurar ninguna decisión. Sí tenemos la intención de que se pueda ampliar porque se está ampliando el CGM (Centro de Gestión de Movilidad). Este aspecto de la fiscalización electrónica es uno de los componentes del Centro, otro es el de las cámaras solamente de monitoreo para ver qué es lo que está pasando en el tránsito en tiempo real.
Como está creciendo el Centro de Gestión la idea es poder ampliar la red de semáforos que utilizan esta tecnología, y en la medida que lo hagamos, podremos también aumentar la cantidad de puntos a controlar.
Para el futuro más que controlar el uso del teléfono celular y la seguridad -cosas que pasan más dentro del habitáculo del vehículo- estamos pensando en poder utilizar esta tecnología para el control de estacionamientos que es un problema muy importante en los principales corredores de tránsito, y tenemos un problema de carencia de personal inspectivo para poder controlar esto. Además, le da garantías a la gente porque tienen la foto del momento en el que se comete la infracción.
“Estamos pensando en poder tener esta tecnología (la que utilizan los semáforos) para el control de estacionamientos”.
-¿Esta nueva modalidad implica también una optimización de la función del inspector?
-Exactamente. Vamos a tener más recursos humanos y también vamos a poder transformar el rol del inspector de tránsito para que no esté solamente asociado a la fiscalización.
Hay dos grandes pilares: la ciudad de lunes a viernes, y la ciudad a partir del viernes de noche y hasta el domingo. Queremos que tengan un doble rol, que de lunes a viernes puedan cuidar las ferias, las entradas de las escuelas, que no haya vehículos estacionados en doble fila y así aportar a la agilidad del tránsito en una función de movilidad; y los fines de semana sí enfocarnos en la tarea más preventiva y fiscalizadora de todo lo que tiene que ver con el alcohol y las drogas en la conducción.
-Acerca de la fiscalización, en otras entrevistas usted había mencionado que era tiempo de que se quitaran las comisiones a los inspectores, pero con estas medidas en cierta forma se suman más comisiones. ¿Cuál es el enfoque que se tiene sobre este tema?
-Evidentemente no hemos sido eficaces en la explicación. En realidad no hay una comisión de los inspectores. Hay una partida salarial que se distribuye entre todos los funcionarios de la división; los inspectores son menos de la mitad.
Todos los funcionarios de lo que era la anterior División Tránsito y Transporte cobran esa partida que a su vez tiene un tope y que, por lo tanto, no es una comisión. La gente se queda con que lo multan porque cobran una comisión y eso no es así, la partida se financia con lo recaudado por multas pero tiene un tope por funcionario que se ubica en el entorno de los $17.000, por lo que no importa si el funcionario aplica o no una multa.
No hemos logrado que la opinión pública lo entienda y el titular de prensa que dice: “La Intendencia piensa quitar las comisiones” no es correcto. Lo que está planteado es transformar esa partida que tiene carácter salarial en otra cosa, probablemente estará asociada a metas y objetivos de la gestión. Que deje de estar vinculado a las multas y que se corresponda, por ejemplo, a reducir la cantidad de lesionados en determinada área.
Queremos terminar con ese concepto que, además de ser equivocado, le hace daño a la función del inspector de tránsito.
El fin del control no es la multa sino evitar la conducta; la fiscalización se hace para cambiar la conducta que es la que pone en peligro la vida propia o de los demás.
-Tanto usted como el intendente, Daniel Martínez, hacen énfasis en que el fin de la fiscalización electrónica no es la recaudación. ¿Está en los planes crear algún tipo de fondo vial con lo que se recaude o va a continuar siendo la Intendencia en general la destinataria de este dinero?
-No está definido al detalle, estamos charlando con los compañeros de recursos financieros porque en cualquier administración siempre hay que tener equilibrados los números. Sí hay una definición política de que un porcentaje (que aún no está establecido) de lo que se recaude por concepto de estas multas se va a destinar directamente al mantenimiento vial.
En el presupuesto asignado a la División Vialidad para el mantenimiento de las calles que ya están, necesitamos un refuerzo de rubros y está prácticamente cerrado que ese será el origen de los rubros.
Con el canon que le paguen a la IM las plataformas tecnológicas se creará un fondo que tendrá como objetivo fiscalizar que se cumpla con la reglamentación que las regula.
-Esta semana la Intendencia de Montevideo creó un Consejo Consultivo para tratar el tema del transporte colectivo. ¿Cuáles serán los principales ejes de trabajo?
-Es un organismo nuevo que viene a darle una institucionalidad a algo que ya existía. Hay que tener vínculos con los actores directamente involucrados que son las empresas, los sindicatos, y nosotros quisimos colocar a un eterno postergado que es el usuario. Hasta ahora las decisiones eran tomadas por las empresas y los sindicatos, por eso ahora como no tenemos ninguna organización civil que represente a los usuarios del transporte -esperamos que pronto la haya- lo que hicimos fue que sean representados con la Defensoría del Vecino a través de su jerarca, Ana Agostino, y la Junta Departamental.
Tenemos una agenda de 11 temas. Algunos son más a corto plazo, como la higiene de los vehículos, y otros, como la paramétrica y el costo del boleto, son más a largo plazo. Esperamos lograr muchos acuerdos.
-¿Qué es lo más urgente que tiene por resolver la movilidad de Montevideo?
-El sistema de transporte colectivo, sin lugar a dudas; esa es la prioridad. No solo el tema de la tarifa sino hacer más ágil y confortable el transporte.
Tenemos la ventaja de que son pocas empresas y que las distancias en la ciudad son cortas. Creo que podemos avanzar rápido en los distintos temas.
Además, el Centro de Gestión de la Movilidad nos permite, desde el punto de vista del tránsito, poder adelantarnos a lo que ha pasado en otras ciudades capitales que ha llevado a medidas más drásticas y antipáticas con respecto a la restricción del uso del vehículo particular.
El tránsito también es una prioridad, desde la óptica de su gestión y fluidez. No le podemos pedir a la población que no utilice su auto particular para trasladarse todos los días si no hay un buen sistema de transporte colectivo; por eso, repito, es la prioridad.
Luego, es importante el estado de la vialidad de nuestro departamento. En ese sentido, vamos a tener fondos frescos y suficientes como para realizar una cantidad de intervenciones muy importantes que estaban postergadas, la mayoría de ellos en zonas periféricas.
Por otra parte, los fondos que provengan de las infracciones de fiscalización electrónica serán para mantener en general las vías de la ciudad que están en un estado bastante complicado.
Inthamoussu estimó que la regulación de plataformas tecnológicas por parte de la Intendencia estará lista a mediados de 2017.
-¿Qué le falta a la Intendencia para poder cumplir con la reglamentación que se aprobó para controlar las aplicaciones tecnológicas como Uber y Cabify?
-Lo que nos faltaba era que se aprobara, ese era el primer paso porque el proyecto que enviamos podía tener modificaciones. Ahora, que está aprobado, ya estamos trabajando. Esto tiene un componente tecnológico muy importante porque el corazón de esta regulación tiene que ver con la información que nos entreguen las nuevas plataformas tecnológicas. Tenemos que generar los registros que están planteados en la normativa, y a partir de eso podremos empezar a emitir los permisos para que puedan circular con la autorización correspondiente. Yo estimo que entre cuatro y seis meses nos va a llevar dejar funcionando toda la regulación. A su vez, tenemos que ser muy claros porque se va a requerir capital humano para trabajar en esto y también otros recursos para fiscalizar en la vía pública, y así estar seguros de que todo se cumpla. Los recursos se desprenderán de otro fondo de movilidad que va a surgir del canon que tienen que pagar las aplicaciones.
