El ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, dijo en diálogo con CRÓNICAS que las próximas rondas de negociación salarial representan un desafío «muy grande», pero mantiene la expectativa de «encontrar caminos de entendimiento con los empleadores y con los trabajadores para que las pautas que todavía no hemos definido sean acordadas de manera tripartita». En este sentido, no pudo adelantar perspectivas salariales, pero reforzó la necesidad de recuperar la pérdida del poder adquisitivo «gradualmente» a partir de enero de 2022.
– ¿Qué evaluación hace del mercado laboral hoy?
– El mercado laboral está afectado de manera importante. En Uruguay ya veníamos con una afectación previa a la pandemia, con números preocupantes por lo menos desde 2017 en adelante, con un crecimiento de la cantidad de personas en el seguro de paro, que en el 2019 estuvo en un orden de 45.000 de promedio mensual, y una tasa de desocupación que en febrero del 2020 se ubicó en el 10,5% -la más alta desde 2007-.
O sea, que el punto de partida era complicado y, obviamente, la pandemia golpeó. Fue como llover sobre mojado.
Un año y pico después de la pandemia tenemos un mercado de trabajo que muestra todavía una reducción de la población económicamente activa (PEA). Eso es lo que explica que de febrero a marzo hayamos tenido una reducción de la tasa de desempleo, que bajó de 11,9% a 9,7%; lamentablemente no fue por un aumento de los ocupados, sino por una caída de la PEA.
Eso está probando lo mismo que los números de seguro de paro, que venían recuperándose bien hasta diciembre. A partir de allí estamos en una especie de situación estabilizada en el orden de los 75.000 trabajadores en seguro de paro, 22.000 de ellos en seguro de paro parcial.
Son todos los datos que muestran que hay una dificultad, y que si la reactivación del empleo ya era un gran objetivo en el comienzo del mandato previo a la emergencia sanitaria, ahora mucho más. Pero mientras sigamos teniendo una situación sanitaria complicada es muy difícil pensar que la reactivación pueda tener un impacto fuerte, o vigoroso.
– Hace poco se hizo el sorteo de los jornales solidarios. ¿Qué evaluación hace respecto de la iniciativa? ¿Cuánto ayudará a la reactivación?
– Sin duda que es una señal dentro de lo que son las baterías de medidas de sostén para intentar mantener el empleo.
Entonces, esta es una medida potente. Son 15.000 personas en todo el país… Tiene, además, la virtud de ser una propuesta de consenso entre todos los partidos que le da una respuesta transitoria -porque son seis meses-, pero en un momento particularmente difícil, con lo cual es muy valiosa.
Para mí es una muy buena iniciativa, y creo que esas cosas hay que seguir haciéndolas.
– También se lanzó el portal Mi futuro trabajo. ¿Qué expectativas tienen respecto al programa desde el ministerio?
– Ese es un instrumento muy importante para que cualquier ciudadano pueda encontrar información sobre las ocupaciones existentes en Uruguay, sus características, las competencias y habilidades que hay que tener para su desempeño.
«Mientras sigamos teniendo una situación sanitaria complicada, es muy difícil pensar que la reactivación pueda tener un impacto fuerte, o vigoroso».
Es un instrumento útil para un muchacho que está pensando cómo ingresar al mercado de trabajo y que está viendo qué alternativas son las que más le sintonizan con sus intereses, gustos y habilidades. Pero también para el que, teniendo trabajo, está evaluando la posibilidad de cambiar; y obviamente para el que está buscando trabajo.
Es un portal muy amigable que tiene muchísima información y también permite linkear con los lugares donde hay oferta de empleo y de capacitación laboral.
Es un instrumento que pusimos al servicio de la gente que ayuda en la dinámica de dar información a los ciudadanos.
– En estos días llegará al Parlamento el proyecto de ley que promueve el empleo en los sectores más vulnerables, como el de los jóvenes, el de mayores de 45 años y personas con discapacidad; en todos los casos se priorizan las mujeres. ¿Qué se puede adelantar del proyecto?
– Esto significa un incentivo en la modalidad de un subsidio para el empleador que contrate a la población que tú mencionas.
Lo que se busca es, primero, que haya un incentivo a contratar nuevos trabajadores, pero que además esos nuevos trabajadores tengan una pertenencia a grupos más vulnerables: jóvenes, mayores de 45, personas con discapacidad y mujeres.
– ¿De cuánto será el incentivo?
– Varía según los programas. El promedio es en el orden de los $7.000 mensuales por trabajador para el empleador, descontado de obligaciones con respecto al Banco de Previsión Social (BPS) y tendrá una duración promedio de un año. Este promedio refiere al momento que se hace uso del contrato. Entonces, cuando la persona es contratada, el subsidio puede mantenerse durante un año.
– ¿Qué alcance puede tener este incentivo?
– Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para que se use porque, la verdad, lo que hemos encontrado nosotros es que los instrumentos actualmente vigentes -la Ley de Empleo Juvenil y la ley aprobada a finales de 2018 que era para poblaciones vulnerables- han sido poco usados. Entonces, el objetivo es focalizar más. Hacerlo en los jóvenes ya estaba, pero agregamos a los mayores de 45 y a las personas con discapacidad; ese es un cambio.
Lo otro es lograr que el empleador vea que esto es fácil de usar y no implica una burocracia que termina desalentando el uso del instrumento.
– ¿Qué costo tiene que hacer el gobierno para llevar adelante este proyecto? ¿Cuánto se destina?
– La idea es que haya un monto de hasta US$ 16 millones de dólares al año destinados al financiamiento de estas iniciativas.
– ¿Está dentro del Fondo Covid?
– No, esto es aparte.
El incipiente proyecto de ley para incentivar la contratación de jóvenes, mayores de 45 años y personas con discapacidad con una perspectiva transversal de género tendrá un monto de hasta US$ 16 millones, afirmó Mieres.
– ¿Cómo cree que será recibido, por un lado, en el Parlamento cuando se proponga, y por otro, por trabajadores y empleadores en general?
– Tenemos la convicción de que es una cosa muy positiva y que seguramente va a ser recibida con agrado.
Obviamente habrá, como siempre pasa en el proceso parlamentario, sugerencias, correcciones, debates, ajustes… pero creo que va en la línea de las cosas que hay que hacer en el país.
– Pasando a temas de relaciones laborales, ¿qué puede esperarse de la próxima ronda de Consejo de Salarios?
– A la ronda salarial todavía le falta un mes para arrancar (se vence el 30 de junio el período puente). Tengo la convicción de que va a ser una ronda donde obviamente tenemos un desafío muy grande, que es responder una situación que todavía sigue siendo de incertidumbre y donde tenemos toda la expectativa de encontrar caminos de entendimiento con los empleadores y con los trabajadores para que las pautas que todavía no hemos definido sean acordadas de manera tripartita.
– ¿Debe evitarse una indexación salarial para evitar generar un círculo vicioso de inflación?
– No quiero adelantar ideas al respecto. Nosotros tenemos que atender, por un lado, la dificultad del empleo, y eso sin duda tiene que estar arriba de la mesa como una condicionante que define un poco los márgenes en cuanto a las posibilidades de resolver la política salarial. Por otro lado, el sentido de que el gobierno tiene un compromiso de recuperación del poder adquisitivo del salario en el transcurso del período de gobierno.
De acuerdo a la ronda salarial que se termina ahora a fin de junio, por un lado hay una aceptación de que el final de esa ronda implica una caída del poder adquisitivo del salario (o sea que va a implicar una pérdida de salario real) que, tal como se establece en la octava ronda, a partir de enero del 2022 debe empezar a recuperarse.
– ¿Qué perspectivas salariales se manejan para este período?
– Todavía es muy pronto para adelantar nada. Simplemente que tenemos claro que hay una situación de empleo muy afectada y que la pérdida en el poder adquisitivo debe recuperarse gradualmente a partir de enero del año que viene.
Estudiar y trabajar
– La semana pasada, el director de Advice, Federico Muttoni, dijo a CRÓNICAS que “en la calidad de la educación y los nuevos formatos para ella, la deserción estudiantil y las nuevas formas de aprender se juega la segunda mitad del partido por empleo de Uruguay”. ¿Qué opina al respecto? ¿Desde el MTSS se trabaja junto con el Ministerio de Educación (MEC) para buscar soluciones al problema?
– Esa afirmación es muy compartible. Está claro que siempre el binomio educación-trabajo debe tener sinergia, y uno de los grandes problemas que Uruguay tiene desde hace muchísimos años es la falta de acople entre los contenidos y el diseño del sistema educativo y los desafíos del mercado laboral.
Está claro que la recuperación del empleo depende del crecimiento de la economía, de la inversión que se produzca en el aparato productivo uruguayo, pero también de que las personas que se incorporan al mercado de trabajo tengan las habilidades y las competencias que se requieren en el mercado laboral de cara al futuro.
En ese sentido, sin duda es necesaria una mejor articulación entre educación y trabajo. El problema es que esas cuestiones no se hacen de un día para el otro; tienen que ver con procesos de reformas educativas que ajusten los contenidos al mundo de hoy y al del futuro. Eso lleva su proceso, más cuando ocurrió tanto tiempo de ausencia de articulación entre ambas cosas.
No tengo duda de que uno de los principales problemas de Uruguay es la falta de articulación entre los contenidos educativos y los desafíos del mercado de trabajo.
El ejemplo clásico a esta altura en el Uruguay es el sector de las tecnologías de la información, donde hay mucha más oferta laboral que personas capacitadas para dar respuesta a esas oportunidades. Es una demostración del problema, y por tanto un desafío de resolverlo a la brevedad posible, porque es tremendo.
– ¿Se está trabajando en conjunto con el MEC para atacar este problema de largo plazo?
– Es una de las grandes líneas de trabajo que tenemos que desarrollar. No hemos podido hacerlo en este tiempo por las urgencias inmediatas que amerita la pandemia, pero sin duda que en nuestra agenda una de las líneas claves es avanzar en la articulación entre la oferta educativa y el mercado del empleo.
Por otro lado, nosotros, en diálogo y sintonía con el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop), estamos trabajando en el ajuste de política de capacitación laboral, que junto con la educación formal es la otra pata de articulación entre formación y trabajo. Se trata de un instituto que trabajó durante años sin tener elementos sobre la oferta laboral, o sea, financiando cursos a iniciativa de las entidades de capacitación y no definiendo por sí mismo cuáles son el tipo de cursos que es necesario ofrecer para que el trabajador tenga mayores oportunidades de reinserción laboral. Estamos pasando a esa lógica de decir «es el Inefop el que tiene que dar la definición de qué capacitaciones se necesitan y luego contratar aquellas que sean las mejores para que los que van a los cursos tengan mayores oportunidades de obtener empleo».
