Las denuncias por homicidios han bajado un 27,7% desde 2019. Sin embargo, las estadísticas sobre la victimización muestran que siete de cada diez personas que sufren algún daño criminal no denuncian. Edward Holfman, consultor en seguridad y director de The Guardian Group, analiza si este escenario puede verse alentado por las restricciones de movilidad y los delitos cibernéticos, que están en constante crecimiento, encendiendo las alarmas del Estado.
Por Ariana Vezoli | @ArianaVezoli
El pasado martes 18, el Ministerio del Interior (MI) presentó las cifras de denuncias de delitos de 2021. “Se trata de dos años de baja histórica y acumulada”, dijo el ministro Luis Alberto Heber en conferencia de prensa ese día.
Comparando las cifras de homicidios de 2019 con el año pasado, la variación fue de -23,7%, pasando de 393 a 300, número que ya había bajado en 2020 a 338.
“La pandemia cambia el escenario, pero si los delitos bajan o no por esa situación es algo latente hasta hoy. Se discutía si los homicidios bajaron porque había menos gente en la calle moviendo plata, pero hasta hoy nos preguntamos eso”, cuestionó Holfman.
Según el especialista, siempre que hay un cambio en el signo político se ve un “enfriamiento de la delincuencia”, ya que el orden público toma nuevos caminos, aunque al tiempo los delincuentes “se adaptan” y vuelven a subir los números.
“Cuando hay política criminal sostenida y los delitos siguen bajando es porque hay políticas que no existían anteriormente. Uno lo ve, se dotó a los jefes de policía de mayor autonomía, no está todo centralizado. Además, se crearon brigadas antidrogas en Montevideo y Canelones, con mayor efectividad en el combate de bocas, algo que el área de represión del tráfico ilícito no podía lograr. El gran problema que hace años vengo advirtiendo es la no denuncia de los delitos”, comparó Holfman.
En 2017, el MI solicitó al Instituto Nacional de Estadística (INE) datos sobre victimización, midiendo delitos y denuncias. Los resultados arrojaron que el 73% de la población que era víctima no denunciaba.
Esto trae aparejado una percepción poco real de lo que acontece y en qué lugares, empleando recursos erróneamente.
“Eso muchas veces se confunde con la sensación térmica, que no coincide con los datos. La cifra es alta para nosotros, pero en otros países, como Brasil o México, es el 79% y el 83%. Lo que hay que hacer es buscar una forma de que la gente denuncie. Esta administración, como la anterior, no hizo ninguna campaña para que haya mayor posibilidad de denuncia”, subrayó Holfman.
Por otra parte, la variación más importante en estos dos años del quinquenio han sido los abigeatos: 1335, número que comparado con 2019 cayó un 36,4%.
Sin embargo, el número de denuncias por violencia doméstica apenas ha variado en un -1,3% desde 2019. En 2021, se reportaron en total, 36.585 denuncias.
Otro cambio que implementó este gobierno fue la ley que establece el control de las fronteras por parte del personal de las fuerzas armadas. Y se está notando principalmente esta temporada -ya que la pasada fue a fronteras cerradas-, con un descenso en las denuncias por robos.
Dueños de lo ajeno
Hurtos y rapiñas tuvieron un descenso en comparación con 2019, de -19,9% y -18,8% respectivamente.
Contrariamente, en años anteriores existía la “temporada de robos”, donde delincuentes emigraban de Brasil, Argentina o Chile para despojar a los turistas de sus pertenencias.
“Con la nueva política de seguridad, el control de rutas y retenes que se hacen a través de la LUC -que establece el control de documentación-, se favoreció a la policía para encontrar a requeridos, sustancias ilícitas o armas en transportes particulares, de carga, o colectivos”, detalló el experto.
Además, agregó que Policía Caminera y la Guardia Republicana tienen establecido determinados controles, que minimizan la expansión de la delincuencia de Montevideo y Canelones hacia otros departamentos.
Hijos de la pandemia
Otra secuela de la pandemia es el florecimiento de los delitos cibernéticos. En el 2018 fueron 2.159; en 2019, 2.209; y en 2020 hubo 2.798.
“Durante la pandemia los delincuentes se desplazaron hacia otras modalidades delictivas que anteriormente no eran muy comunes. El Estado gastó 1.8 millones de dólares para enfrentar múltiples incidentes de este tipo, que a veces no surgen en los datos”, explicó el entrevistado.
Lo mismo sucedió con el narcotráfico, y aunque las hectáreas de cultivo en América Latina bajaron -de cocaína especialmente-, la producción aumentó casi un 20%. Esto indica que con fronteras cerradas, los narcotraficantes se ingeniaron para cambiar las rutas y mover la droga desde Colombia, Perú y Bolivia, a través de contenedores por vía marítima.
Según el experto, esto generó una nueva ruta, en la que está Uruguay. La droga que pasa por el puerto de Montevideo va hacia algunos países de Europa –principalmente pasa por Países Bajos-, en zonas donde el kilo de cocaína sube exponencialmente.
“Antes decían que Uruguay era un país de tránsito, pero hace entre cinco y siete años pasamos a ser de tráfico y acopio de cocaína. Las avionetas vienen, descargan en el norte o el litoral. Cuando llegan a determinada cantidad de kilos se depositan y la transportan a través de contenedores que llevan soja, o algún otro elemento de exportación, como ha ocurrido”, describió Holfman, marcando la gravedad del hecho.
