El proyecto Inspyrame UE, creado por la Eurocámara y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), realizó un estudio en el que se evaluaron las dificultades más grandes para las pymes en el país y se propusieron diferentes formas de abordarlos. CRÓNICAS conversó con la vicepresidenta de la CCSU, Anabela Aldaz, quien informó sobre estas barreras. Algunas de ellas son la falta de difusión de beneficios existentes por parte del Estado, la falta de financiamiento y la brecha de género.
Inspyrame UE es un proyecto de cooperación conjunta entre la Eurocámara y la CCSU, con apoyo de la Unión Europea (UE), cuyo objetivo es promover las prácticas sustentables entre las pequeñas y medianas empresas del país. Durante la primera edición del programa, se realizaron informes que diagnosticaron las principales barreras de las mipymes.
En esta segunda etapa, se buscó además proponer distintas sugerencias o soluciones para sortear estos problemas. Según explicó a CRÓNICAS la vicepresidenta de la CCSU, Anabela Aldaz, quien además formó parte del equipo que elaboró el documento, el objetivo no era quedarse simplemente en la etapa del diagnóstico, sino también “pasar a la proactividad” y “hacer propuestas concretas”, para que todo esto “no quede en el papel”.
El informe se centró en dos rubros de la economía, turismo y comercio y servicios, que son gran parte del público objetivo de la CCSU. A través de un estudio normativo, se comparó la situación de Uruguay con la de la UE, a fin de tomar buenas prácticas que sirvieran como inspiración para aplicar en nuestro país, aunque “siempre apuntando a nuestra propia realidad”, aclaró.
Falta de difusión
Como primer ítem, algo que saltó a la vista de los investigadores al realizar el relevamiento fue que existen más de 80 prácticas, sobre todo desde el sector público, que buscan ayudar a las mipymes, ya sea mediante subsidios, préstamos sin devolución, apoyo para certificaciones, capacitaciones y demás. El problema es que muchas de estas herramientas “no se conocen” y “están muy dispersas”, señaló Aldaz.
Es por esto que los realizadores del estudio sugieren que sería deseable que el Estado diera a conocer estas iniciativas de manera activa y permanente, en lo posible mediante una ventanilla única para facilitar la difusión al público objetivo.
Acceso al financiamiento
Por otra parte, la entrevistada apuntó que otro mecanismo relevante a la hora de sortear las barreras de acceso al financiamiento es el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles. Uno de los hallazgos del informe es que, si bien en el mercado financiero se mueve mucho dinero, un porcentaje muy pequeño es el que se destina a las pymes. Estas “quedan prácticamente fuera” del sector formal debido a varios obstáculos, puntualizó, entre ellos, “que no cumplen los requisitos que el Banco Central del Uruguay (BCU) pide para las empresas más grandes, y que los bancos privados no han adoptado un instrumento específico para las mipymes”.
Algunas posibles vías que identificó el estudio son la implementación de instrumentos específicos para empresas sostenibles, como bonos verdes. Además, Aldaz observó que “falta educación financiera” y mencionó a modo de ejemplo que muchas veces los emprendedores temen entrar en el sistema formal de crédito. También indicó que, si bien el BCU tiene mesas de finanzas sostenibles, hasta ahora las mipymes no han tenido un lugar, por lo cual sugirieron incluirlas a estos espacios.
Sostenibilidad
En lo que respecta a sostenibilidad, es algo en lo que “cada vez más” se enfoca la banca, por lo cual, que una empresa sea capaz de proveer un reporte que demuestre lo que hace en esa línea, se vuelve cada vez más valioso. En nuestro país, a excepción de las empresas de Beneficio o Interés Colectivo (BIC), no existe una obligación de hacer reportes del estilo. Sin embargo, esta mecánica “puede ser muy útil” para las mipymes, y “puede acercarlas más al sector financiero”, consideró la ejecutiva. Con esto en mente, el equipo diseñó una herramienta para generar reportes de sostenibilidad de una manera clara y accesible, que permita medir los objetivos de las empresas.
En esta línea, Aldaz explicó que es importante que los empresarios comprendan que tiene que ver con las cadenas de valor. “Si una empresa es parte de una cadena de suministro de otra empresa que está obligada a reportar, le van a pedir que reporte también”, enfatizó. Un ejemplo que ilustra la importancia de esta rigurosidad sería una compañía que tenga excelentes indicadores ambientales, pero que por otra parte uno de sus proveedores utilice mano de obra infantil en su producción. “Eso es un gran contrasentido, es importante mantener la coherencia”, concluyó.
El informe también midió el estado actual de las prácticas sostenibles de las mipymes uruguayas. Uno de los datos que expuso es que la mayoría de las empresas relevadas sabían de qué se hablaba cuando se hablaba de prácticas de sostenibilidad, y que más de un 80% implementan por lo menos una, sobre todo en lo relativo a la gestión de residuos, aunque también por el lado de la eficiencia energética y el cuidado del agua.
Brecha de género
Otro punto a destacar es la brecha de género que existe en las pymes. “La mujer continúa teniendo una participación desigual en los roles de liderazgo y a nivel de oportunidades, por lo que es necesario abordar el tema de una manera transversal e integral”, diagnosticó Aldaz.
El informe propone que una forma de reducir esa brecha puede ser mediante la implementación del criterio “Proveedor +G” en las compras públicas, que busque adjudicarlas preferentemente a aquellas empresas que sean propiedad de mujeres, o que tengan una certificación que atestigüe cierto nivel de equidad de género.
