“Los principales desafíos de la industria son el costo país y la competitividad”, dijo la presidenta de Ciali

Magdalena Lorenzo, presidenta de Ciali

A fines de abril, Magdalena Lorenzo comenzó su gestión como presidenta de la Cámara Industrial de Alimentos (Ciali), gremial que forma parte de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y nuclea a más de 90 empresas del rubro de la manufactura de alimentos. Lorenzo, CEO de las heladerías La Cigale y la primera mujer que encabeza la Ciali, conversó con CRÓNICAS acerca de los mayores desafíos actuales de la industria, la evolución de la diferencia cambiaria en la frontera con Argentina y las líneas que tomará en su gestión al frente de la cámara.

-¿Cuáles cree que son los mayores desafíos para la industria alimentaria uruguaya?

-Yo creo que los principales desafíos son, al igual que en toda la industria nacional, el tema del costo país y la competitividad, tanto en el mercado interno como para la exportación. Luego tenemos algunos desafíos específicos de la industria alimentaria, que tienen que ver con la agilidad de algunos trámites y registros que hay que hacer cuando uno está produciendo y comercializando alimentos. Obviamente, es fundamental que se realicen, ya sea a través de organismos como el LATU, el Ministerio de Salud Pública (MSP), las intendencias, pero a veces esos trámites son muy lentos, y ralentizan la dinámica que tenemos las empresas privadas. Si queremos desarrollar nuevos productos, sacarlos al mercado, importar, o exportar, para cada una de estas actividades hay un montón de papeles para gestionar. A veces tenemos el producto pronto para lanzar y demoramos meses en que pueda salir finalmente porque el proceso es muy burocrático.

-¿En qué líneas va a enfocar su gestión?

-Uno de mis principales focos va a ser el de fomentar el diálogo con estos organismos, para poder llegar a acuerdos que habiliten una mayor agilidad. Además, me gustaría poder dar más visibilidad al trabajo que hacemos. La Ciali está integrada por más de 90 empresas y ofrecemos muchos servicios. Por eso queremos que este trabajo sea visible, buscamos que las empresas que no estén asociadas se asocien, y que las que ya lo están aprovechen todos los beneficios que ofrecemos. Si una empresa necesita asesoría legal con temas referentes a negociaciones con trabajadores, por ejemplo, o a nivel técnico con los protocolos de salubridad en el manejo de alimentos, siempre podemos dar una mano y apoyarla. Otra línea importante para mi gestión es dar seguimiento al Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev). Este es un tema que se está trabajando a nivel nacional que es importante, y en el cual nosotros tenemos muchas cosas para aportar. Es bueno que se genere un registro único porque si no, en cada departamento tenés que registrar, y a veces hay que hacer el mismo trámite dos veces. También me gustaría fomentar un trabajo en equipo con toda la comisión directiva, porque, si bien en esta oportunidad me tocó el privilegio de ser presidenta, somos nueve los miembros de la comisión directiva y nos reunimos periódicamente.

-¿Cómo está la situación en la frontera con Argentina?

-La verdad es que en el correr de este año las cosas han ido mejorando un poco. Los dos últimos años fueron muy difíciles para todo el sector de comercio, pero poco a poco la diferencia cambiaria se va haciendo menor y ya se empieza a sentir que para el consumidor que vive en la frontera no es tan beneficioso consumir del otro lado. Esto no fue una problemática que coincidiera en el tiempo con mi gestión, yo recién asumí a fines de abril de este año, pero lo cierto es que estas cosas son difíciles de controlar, escapan de nuestras posibilidades. Después, también hay temas de competitividad a nivel de los costos país que tenemos, y a nivel del tipo de cambio para las empresas que son exportadoras. Estas son cosas que tratamos de dialogar con los responsables de esos temas, ya sean políticos o técnicos, y mientras tanto apuntamos a apoyar a las empresas en lo que se pueda en ese sentido.


-¿Qué políticas se podrían adoptar desde el sector público para fomentar la competitividad?

-Primero está la parte de la agilidad de los trámites que te decía, porque eso también significa costos para las empresas. En definitiva, si vos tenés un producto para lanzar, y te lleva meses, el tiempo que ese producto no está en el mercado se está perdiendo en ventas. Por otro lado, cuando surgen nuevas regulaciones pueden generarse algunas cosas del estilo. En general hay diálogo, usualmente la gremial está convocada y da su opinión al Parlamento, por ejemplo, pero algunas veces se hacen cambios que parecen pequeños, pero a las empresas les implican costos muy elevados. Por dar un ejemplo teórico, se decide que ahora las etiquetas de los alimentos tienen que decir una palabra equis… cuando uno lo plasma en un decreto o una ley parece sencillo, pero después a las empresas les implica un costo enorme, porque tenés que cambiar todas las etiquetas. Ese tipo de regulaciones tienen que existir, porque hay muchas que son necesarias, pero a veces también hay que evaluar la relación costo-beneficio, tomar en cuenta lo que les implica a las empresas. Porque, en definitiva, el costo de las empresas redunda en que después, si les va mal, hay menos empleo en el país, y la industria alimentaria en Uruguay emplea formalmente a más de 40.000 personas.