En el momento más crítico de la coalición, Pablo Mieres fue entrevistado por CRÓNICAS y mostró su respaldo al presidente de la República. Por otro lado, desde su rol en el gobierno, analizó el presente del mundo del trabajo. En estos términos, conversó acerca del recientemente aprobado proyecto de ley sobre la negociación colectiva. En relación a dicha iniciativa y pensando en las exigencias de la OIT, el jerarca indicó que “ser un país observado por no cumplir la normativa laboral internacional era una mancha que no podíamos aceptar”.
Por Matías Kapek | @matias_kb
-¿Qué análisis hace de la aprobación en el Senado del proyecto de ley de negociación colectiva? ¿Cuáles pueden ser sus principales repercusiones?
-Este era un tema que venía del gobierno anterior y que era el resultado de una ley de negociación colectiva que desde el principio fue cuestionada por las cámaras empresariales ante la OIT. Esta misma organización dio en 2019 un veredicto en el que observó al Uruguay por violación del Convenio 98 e instó al gobierno a que en un plazo de cuatro meses presentara una enmienda legislativa. El gobierno de la época lo hizo, presentó con la firma de Tabaré Vázquez y del ministro Murro un proyecto modificando la ley en noviembre de ese año. Ese proyecto no fue considerado en el Parlamento, por lo cual, cuando terminó el período de gobierno, fue archivado. Nosotros en el “Compromiso por el país” incluimos como una de las medidas a llevar adelante levantar las observaciones de OIT. El gobierno tenía claro que este tema era contradictorio con la tradición histórica del Uruguay, ser un país observado por no cumplir la normativa laboral internacional era una mancha que no podíamos aceptar. En medio vino la pandemia, pero fuimos dando distintos pasos en ese sentido. En la LUC se estableció la normativa sobre ocupación de los lugares de trabajo, luego se presentó un proyecto de ley de personería jurídica gremial y, por último, presentamos este proyecto de ley que es prácticamente idéntico al que presentó el gobierno de Frente Amplio (FA).
-¿Qué opina de las críticas y repercusiones que han surgido inmediatamente al respecto?
-No entendemos cuando legisladores del FA se escandalizan y hablan de reducción de derechos de los trabajadores cuando es un proyecto idéntico al que un gobierno de ellos presentó. Un gobierno que lo presentó porque no tenía más remedio, hay que corregir la legislación para ponerla en línea con la OIT. En ese sentido, incluso con esta aprobación hay un punto pendiente, cuestión que las cámaras empresariales han planteado, se trata de un punto complicado. Uruguay tiene una larga tradición de participación tripartita en la negociación salarial y lo que la OIT reclama es que la participación estatal se restrinja solo a la fijación de los salarios mínimos por categoría. Acordamos seguir trabajando sobre este tema, pedirle a la OIT asistencia técnica, seguir dialogando. En cuanto al punto más complicado señalado por el movimiento sindical es la no ultraactividad de los convenios sobre beneficios laborales, pero eso es lo que la OIT nos exigía. En todo caso, el PIT-CNT, más que criticar al gobierno, debería agarrársela con la OIT. Lo lógico es que los beneficios que se pactan en un acuerdo de partes duren mientras dura el acuerdo y se renueven cada vez que haya un nuevo acuerdo de partes, pero no que automáticamente se vuelvan permanentes.
-En el mes de abril se redujo un 10,4% la cantidad de trabajadores en seguro de paro, llegando a estar en esta situación 39.988 trabajadores, la cifra más baja en seis años. En principio esto es analizado como plenamente positivo, sin embargo, algunos apuntan, como es el caso del exministro Brenta, a que esto no significa un logro cuando un 63% de los que salen de esta situación lo hacen por despido. ¿Qué análisis merece esto? A pesar de esa consideración, ¿esta cifra sigue representando una señal positiva?
-Que haya un menor número de trabajadores en seguro de paro es un objetivo para cualquier gobierno, y obviamente, cuando salen trabajadores del seguro de paro lo hacen por despido o por reincorporación. El porcentaje de trabajadores que hay hoy en el seguro de paro por despido es incluso un poco menor que el porcentaje que había durante el promedio de los años de 2015 a 2019, en el último gobierno de FA. Me extraña el comentario porque Brenta fue ministro de Trabajo, supongo que debe conocer de estas cosas. Es más, en los dos meses en donde se registraron menos de 40.000 trabajadores en seguro de paro en los últimos cinco años de gobierno del FA, el porcentaje por despido era de 72%. Cuando se reduce el número de trabajadores en seguro de paro, la cuotaparte de trabajadores por despido se vuelve mayor en proporción, pero la cifra general no es un indicador negativo, al contrario, es un indicador positivo. Tendrían que estar contentos, son mejoras en el empleo, pero parecería que lo que ellos prefieren es que le vaya mal al gobierno para sacar rédito.
-Después del 1º de marzo ha tomado fuerza la idea de reducir la jornada laboral y al respecto usted ha aclarado que esto “no está en la agenda del gobierno”. Más allá del corto plazo, teniendo en cuenta que los tiempos cambian y entendiendo lo que marca el devenir histórico, ¿cómo ve esta modificación a futuro? ¿Qué tan lejos está Uruguay de la reducción de la jornada laboral?
-Cuando dije que no estaba en la agenda, quise decir que no iba a formar parte de la pauta que el gobierno le va a presentar a la décima ronda del Consejo de Salarios. Pero eso no significa que no estemos teniendo en cuenta que hay a nivel internacional y nacional cambios en el mundo laboral y que este es un tema que está arriba de la mesa. En algunos países ya se han tomado algunas medidas al respecto, pero hay que tener claro que la reducción de la jornada laboral está indisolublemente asociada a una mejora de productividad. Es impensable que sea sostenible una reducción de la jornada laboral sin aumento de la productividad. Si reducís la cantidad de tiempo de trabajo, tiene que aumentar la capacidad de producir, si no, los números no dan, la rentabilidad baja y al final ese emprendimiento entra en una situación de crisis. En ese escenario, si se necesita ajustar, probablemente se ajuste por empleo, tendiendo a reducir los puestos de trabajo. En algunos lugares, como en el sector de la bebida, ha habido acuerdos de productividad vinculados a reducción de horario. O sea, no es una cosa que sea ajena al Uruguay, es un tema que hay que analizar.
-¿Hacia dónde considera que se debe avanzar en materia laboral? ¿Cómo imagina las relaciones laborales del futuro?
-En el mundo del trabajo vamos hacia una mayor flexibilidad en todo sentido, a dejar de lado los criterios rígidos, por ejemplo, el de las jornadas diarias de ocho horas. El mundo digital nos está empujando a una mayor flexibilidad que hay que atender y con la que hay que tener cuidado. En ese sentido, nosotros podemos decirlo con propiedad porque presentamos un proyecto de ley al Parlamento que todavía no ha sido tratado, pero que busca proteger los derechos de los trabajadores por aplicaciones. Por otro lado, está el teletrabajo, con respecto al que ahora tenemos ley y se estableció una flexibilidad del cómputo del tiempo laboral, lo que hace pasar de la unidad de medida del día a la semana. Eso es mayor flexibilidad, eso no significa reducción de la jornada de trabajo, significa redistribución del tiempo de trabajo. La redistribución de tiempo de trabajo admite la posibilidad de que una persona no tenga que trabajar ocho horas diarias, sino que en el total de la semana pueda distribuirlo de otra manera.
-¿Cómo evaluaría el actual momento de la coalición de gobierno?
-Pasamos dos momentos difíciles, el primero fue con la reforma de la seguridad social, particularmente con un cambio de posición de Cabildo Abierto (CA) que no estaba en el libreto. Habíamos acordado todos los partidos que más allá de los cambios que podíamos proponer, íbamos a votar este proyecto de ley. Lamentablemente, en el final de este proceso, en la última cámara, CA transformó las propuestas en exigencias y eso generó tensión. Luego este otro momento que está vinculado a una decisión que el presidente de la República tomó en relación a una situación donde estaba arriba de la mesa el criterio de que los bienes públicos tienen que ser de acceso universal y objetivo. Los dos casos fueron traumáticos, difíciles, pero se solucionó, la coalición sigue.
-El lunes se reunió con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Colorado (PC). ¿A qué conclusiones se arribó?
-La reunión es una señal de reafirmación de la coalición. Los dos partidos que ahí estábamos nos mantenemos muy firmes en la necesidad de avanzar en la experiencia de esta coalición de gobierno y convencidos de que eso se proyecta hacia el tiempo electoral. El debate que se va a dar en la campaña electoral del 2024 va a ser entre seguir avanzando en los cambios, en una perspectiva de construir decisiones, proyectos y políticas de mediano y largo plazo, o la alternativa, que es el freno o el retroceso que representa hoy el FA. Para ese desafío, el “Compromiso con el país” lo vamos a tener que renovar antes de la elección, con nuevas propuestas, independientemente de que cada partido tenga sus propias ideas. Finalmente, llegamos también con el PC a un acuerdo muy concreto de propiciar que para las elecciones departamentales la mejor forma de comparecer es con un lema común para todos los partidos de la coalición, ya que es la forma de maximizar las oportunidades electorales.
–En entrevista con CRÓNICAS, el ministro de Turismo, Tabaré Viera, habló de la “necesidad de la coalición de tener un órgano político donde debatir y dirimir diferencias”. Estos dichos van un poco en línea con lo que ha expresado Cabildo, de más necesidad de diálogo. A esta altura del gobierno, ¿lo ve factible? ¿Lo considera necesario?
-Ese planteo de Tabaré Viera debe ser objeto de consideración, pero estamos en una etapa del período de gobierno donde lo que va a ocurrir es lo contrario. De acá a fines del 2024 se va a dar una diferenciación electoral, es decir, cada partido va a marcar su perfil y probablemente requiera mayor libertad de acción. Esto, sin perjuicio de que, por ejemplo, puede instalarse alguna comisión para elaborar el nuevo compromiso por el país u otra para establecer de qué manera se compadece a las elecciones departamentales. En general, sobre la posibilidad de construir instancias institucionales de la coalición, creo que eso hay que discutirlo de cara al próximo período de gobierno.
