El gobierno decidió que no habrá corralito mutual por segundo año consecutivo, y desde el sector de las mutualistas hay preocupación por la pérdida de derechos de los usuarios, que nuevamente no podrán cambiarse de prestador de salud. Ante esto, el diputado blanco Martín Lema presentó una posible solución.
A muchos centros de asistencia médica les generó problemas la resolución tomada hace un mes por el Poder Ejecutivo a través de un decreto, con el objetivo de evitar la intermediación lucrativa. De hecho, algunas de ellas, como Cosem, ya habían realizado inversiones importantes para captar lo que estimaban que sería un nuevo crecimiento con el corralito.
La decisión causó la sorpresa de las instituciones mutuales, que habían sido citadas por el gobierno para conocer cómo iba a ser la mecánica de apertura del sistema que permite a los usuarios pasarse de un prestador a otro sin justificar el motivo. Sin embargo, la reunión fue cancelada una hora antes de su realización, y fue ahí cuando el Ejecutivo anunció finalmente la medida.
Así lo confiaron a CRÓNICAS fuentes del sector, y dijeron también que a algunas mutualistas sí les sirvió el decreto, dado que tenían miedo de perder clientes, y esto congela la cantidad de socios al no admitir el pasaje a otra institución.
De todas formas, si bien hay situaciones dispares según cada centro asistencial, igualmente molesta el cambio de decisión a último momento y que la gente no tenga derecho a elegir por segunda vez. Además, al no existir riesgo de perder clientes y por lo tanto no tener competencia, se desalienta la mejora del sistema, opinaron los informantes.
“El gobierno no puede controlar una estafa en dos años, ya lo tendría que haber resuelto”, señaló una de las fuentes consultadas, en referencia a la denominada “megaestafa” al Fondo Nacional de Salud (Fonasa), en la cual diversas empresas realizaron afiliaciones de pacientes a cambio de dinero. Esta fue detectada en 2017 y fue la que motivó la suspensión del corralito mutual, puesto que no estaban dadas las garantías para la movilidad de personas entre las instituciones de salud y persistía el riesgo de que se hiciera mediante prácticas ilegales.
Propuesta
Ante esta situación, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, presentó una iniciativa de tipo “grave y urgente” en la Cámara de Representantes, para solicitar que el gobierno derogue el decreto que suspende el corralito mutual, según indicó entrevistado por CRÓNICAS. De todos modos, como no alcanzaron los votos para darle tratamiento al tema dado que el Frente Amplio se negó, el legislador decidió llevarlo a la Comisión de Salud la semana pasada. En ese ámbito insistió con la minuta de comunicación, con el objetivo de que la Cámara Baja le solicite al Poder Ejecutivo que derogue el decreto.
Antecedente
No es la primera vez que el diputado recurre a este mecanismo. De hecho, lo implementó cuando se debatía sobre la necesidad de tener un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en el norte del país, y el resultado fue exitoso.
Cuando el parlamentario interpeló al ministro de Salud, Jorge Basso, el 21 de febrero de 2017, por irregularidades en la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y por el IMAE cardiológico de Salto, el jerarca de la cartera se opuso al mismo. Finalmente, el 18 de abril de 2017, 10 minutos antes de que Lema planteara una moción similar a la que ahora se encuentra en Comisión, el gobierno definió habilitar el IMAE, recordó al ser consultado por este medio.
En este caso, la meta que persigue es que se pueda realizar la apertura del corralito en los primeros meses de 2019. Según el decreto del gobierno, por el contrario, se habilitaría recién en febrero de 2020.
Falta de garantías
El diputado Lema, en línea con las declaraciones de los representantes de las mutualistas, lamentó que “la incapacidad del gobierno está en los hechos”, dado que han pasado dos años desde que se conocieron las maniobras asociadas a la estafa al Fonasa, y todavía no se ha encontrado una solución que garantice el fin de la intermediación lucrativa.
Por su parte, el diputado de Unidad Popular, Eduardo Rubio, quien interpeló el pasado viernes 14 a los ministros de Salud y Trabajo, Jorge Basso y Ernesto Murro, manifestó a CRÓNICAS que el corralito no se levanta porque no han logrado establecer las garantías para que no se dé la acción delictiva en la afiliación fraudulenta.
“Dos años es muchísimo tiempo, habla del descontrol que había y de la incapacidad de resolver el problema, que es realmente grave. Yo sé que en el Banco de Previsión Social (BPS) se trabajó duramente y se gastó mucha plata todo este tiempo para generar las garantías, y eso estaba muy avanzado”, sostuvo, en relación al nuevo sistema que se pensaba implementar. “Por lo tanto sorprendió un poco la decisión del presidente”, agregó.
Advertencia y procesamiento
El viernes 14, el fiscal de Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó el procesamiento sin prisión para Marcos García, exdirector del Hospital de Bella Unión, por conjunción del interés personal y público. El exjerarca vendía servicios de ambulancias de Siemm SRL, la empresa de la que era propietario, al centro asistencial que dirigía.
Al respecto de esta decisión, Lema sostuvo que va en línea con varias de las advertencias que venía realizando desde hace tiempo. “Yo soy muy respetuoso de las decisiones de la Justicia, simplemente hago valoraciones políticas. El ministro Basso tiene conocimiento de la situación desde hace dos años y no actuó. Este director dejó su cargo simplemente por no haber ganado el concurso [impulsado por el nuevo Directorio de ASSE] y no tuvo ninguna medida correctiva por lo realizado en Bella Unión”, criticó.
