En el marco de una Asamblea Ordinaria de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), la asociación tuvo como invitado al presidente del Banco de Previsión Social (BPS), Alfredo Cabrera, quien presentó la realidad actual del banco y las prestaciones, haciendo foco en el sector empresarial. Tanto Diego O’Neill, presidente de la CCE, como Cabrera, dialogaron con la prensa sobre temas como la reforma de la seguridad social planteada por el PIT-CNT a través de un plebiscito, y la propuesta de la central sindical de reducir la jornada laboral.
En la jornada, O’Neill consideró que el plebiscito de la reforma de la seguridad social es “una muy mala iniciativa” y que, si bien bajar la edad jubilatoria es algo que “suena muy atractivo” para la gente, “alguien lo tiene que pagar”, en este caso, “nuestros hijos y nietos, con mayores impuestos”. Dada esta razón, manifestó que la propuesta “preocupa” a la CCE, y por lo tanto no la apoyan. En ese orden, Cabrera aportó que los cálculos del BPS estiman que, si se aprueba el plebiscito, el agravamiento del déficit pasaría de un 2% proyectado a un 8%, y un incremento para financiar el mismo del IVA, de las tasas de aportación, o de la asistencia del Estado.
Cabrera también comentó sobre la “ambigüedad” que presenta el texto, ya que dependiendo de la interpretación, la equiparación del salario mínimo con la jubilación podría costar US$ 400 millones, si el cálculo se hace basado en la persona, y US$ 1.000 millones si se calcula según la pasividad. “La papeleta dice que ninguna prestación debe ser inferior al salario mínimo, por lo que me parece que, si la norma se aprueba, daría lugar a cientos de juicios de personas que, teniendo dos prestaciones, van a reclamar que las dos sean iguales al salario mínimo”, diagnosticó.
AFAP
En lo que concierne a la eliminación de las AFAP propuesta por la papeleta, el presidente de la CCE señaló que las mismas suelen financiar muchos proyectos de infraestructura como rutas, puentes o escuelas, y por lo tanto valoró que “tienen un rol muy importante”.
Para Cabrera, terminar con el sistema de ahorro individual “en un país con una tasa de fecundidad y una relación activo-pasivo bajísima” es imposible. “La única posibilidad que tenemos de tener un sistema que pueda pagar las jubilaciones y mantenerse en términos de financiamiento es con el sistema mixto uruguayo”, comentó.
Informalidad
Por otro lado, O’Neill vaticinó que, de aprobarse el plebiscito, se “incentivará la informalidad”, dado el aumento de la presión tributaria. El empresario acotó que durante los últimos años ha habido un aumento en la formalidad. “Esto es muy importante, porque el aumento de la formalidad también implica el aumento de la protección social, que en la pandemia ya vimos el valor que tenía”, declaró.
Aportes patronales
En cuanto a la idea que se ha planteado de que el empleador debería financiar más la seguridad social, O’Neill opinó que el sector “tiene una carga tributaria en general bastante elevada”, por lo que “no corresponde aumentarla”. En ese sentido, recordó que de las aproximadamente 300.000 empresas en el Uruguay, unas 250.000 son microempresas, es decir, tienen menos de cuatro trabajadores. “Cuando hablamos del sector empleador, hablamos de un universo heterogéneo, pero sobre todo de empresas pequeñas, que indudablemente tendrían graves problemas si aumentamos el aporte patronal”, argumentó.
Reducción de la jornada laboral
Adicionalmente, O’Neill comentó sobre la propuesta de reducir la jornada laboral, acerca de lo cual advirtió que hay sectores que ya han avanzado en esta dirección, entre los que contó a la construcción, la bebida y la metalúrgica, y que es algo que se está dando en muchas empresas. Sin embargo, razonó que desde la CCE “no parece conveniente imponer de manera legislativa que esa sea la situación para todos los trabajadores”, y que “debería seguir manejándose a nivel de negociación colectiva o por empresa”.
