Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay
En noviembre será tiempo de recambio de autoridades para la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU). Su presidente en funciones, Gabriel Murara, aseguró a CRÓNICAS que estar al frente de la Cámara es un trabajo desafiante e intenso pero que lleva “con honor”. En plena transición de gobierno, Murara se mostró optimista en cuanto a lo que le depara a la industria con el nuevo gobierno: “Es la expectativa, vamos a ver si se concreta en hechos”, acotó. Además, hizo énfasis en que se deben cumplir, en su totalidad, los convenios 87 y 98 suscriptos con la OIT: “Uruguay tiene una ley de Negociación Colectiva que no se merece”, lamentó.
El Menú En la agradable cava de Panini´s, Murara degustó una entrada de ravioli frito con salsas, a la hora del plato principal prefirió risotto de camarones que acompañó con refresco light.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-Ha repetido consistentemente que Uruguay tiene un grave problema de competitividad, sin embargo, en la Ley de Urgente Consideración (LUC) no hay artículos que se refieran directamente a fomentarla o a impulsar la industria nacional, ¿debería haberlos?
-No hay artículos pero hay tendencias para llegar a eso. Recuerdo que en el primer reportaje que hice luego de asumir la Presidencia de la CIU manifesté que nuestro principal problema era la competitividad.
Además, dentro de la competitividad está el tema laboral, el gasto fiscal, el tipo de cambio; hay varios parámetros que hay que modificar porque el país en materia de producción manufacturera, y ahora también en el comercio, ha venido con una tendencia a la baja.
En la LUC hay algunos puntos referidos a la temática laboral, al tema energético y a las unidades reguladoras. Son tendencias que indicarían que vamos por un camino de buscar soluciones para algunos temas de la competitividad.
La mejora del gasto, los cambios en materia laboral, las tarifas de las que habla Omar Paganini- futuro Ministro de Industria- y la inserción internacional a la que apuesta Ernesto Talvi- próximo Canciller-, todo impacta en la competitividad.
Además, la competencia se da tanto a nivel internacional como en el mercado interno. Hay que mejorar para exportar pero también para competir en el mercado interno.
-¿Cómo van a impactar en el sector los artículos que competen a la industria como la libre importación de combustibles, teniendo en cuenta que en Uruguay las naftas están, en algunos casos, un 40% más caras que en la región según datos de SEG ingeniería?
-La industria hoy paga un precio muy caro por el combustible, esto también tiene que ver con la competitividad. Lo medimos en el gasoil, el fueloil y el gas.
El fueloil está un 40% más caro que en otros países y no debe representar ni el 3% de la venta de Ancap. Necesitamos que la cadena baje sus costos o que se permita importar ese tipo de productos para que la industria compita.
El gasoil afecta fundamentalmente a la distribución de productos y algo en la parte industrial pero en el agro es un costo importante y, en cuanto al gas, Argentina tiene un gas muy barato pero que cuando llega acá se encarece y eso es un tema de negociación política, en principio, y de buscar otra alternativa que evidentemente no era la regasificadora que tenía una escala que no servía para el país. Uruguay tendría que buscar una alternativa al gas si no logra tener un precio competitivo como el que tiene Argentina.
-En 2018 informó que la capacidad instalada de la industria estaba en un 62% lo que resultó ser el nivel más bajo de la historia, ¿varió la situación? ¿Y en cuanto al empleo?
-La capacidad nunca se recuperó, se mantiene en esos parámetros e incluso tuvo un pico de 61%. La que sí es dramática es la tendencia a la baja del empleo, este año va a cerrar con un 5% de pérdida de empleo que se va acumulando a las series del 2014 en adelante. La industria del 2014 a este año no debe haber perdido menos de 25.000 empleos.
Nosotros medimos las expectativas industriales para ver cómo vendrá el próximo trimestre y todas son negativas.
Ahora hay que ver porque el cambio de gobierno genera un cambio de expectativas.
No vamos a poder seguir como estamos porque los números dicen que no vamos bien; de alguna manera vamos a tener que generar un cambio.
-¿Estas perspectivas ante el cambio de gobierno son optimistas?
-Yo creo que sí, hay más optimismo porque en la parte industrial venimos mal desde hace seis años por lo que pensamos que se va a generar un cambio, hay que recuperar empleo y también seguridad. Es la expectativa, vamos a ver si se concreta en hechos.
-El gobierno electo hizo énfasis en la necesidad de descomprimir impositivamente al sector privado, sin embargo, se confirmó que una vez que asuman tendrán que volver a ajustar tarifas. ¿Cómo impacta esto en la industria?
-No queremos que suban las tarifas pero tampoco queremos vivir en un país que tenga un 5% de déficit fiscal que nos condiciona en muchas otras cosas, incluso pone en riesgo el grado inversor. Subió el petróleo, subió considerablemente el dólar por encima de la inflación, evidentemente hay que hacer un ajuste de costos que es diferente a subir un 8% o 9% como la inflación. Preferiríamos que las tarifas empezaran a recuperar la competitividad de forma inmediata pero no es real pensar una cosa así. Todo es un proceso, no lo vamos a dar vuelta en seis meses.
-A partir del 1 de marzo se derogará la normativa que permite la ocupación como extensión del derecho a huelga, algo que las cámaras empresariales vienen reclamando hace años. ¿Con esto Uruguay quedaría “en regla” con la OIT?
-Uruguay está incumpliendo el convenio con la OIT. En cuanto a este convenio- el 87- la OIT se expidió y dijo que las huelgas tienen que ser pacíficas, que tienen que permitir entrar a la gente que quiere trabajar y a los empresarios, cosa que acá no pasa; acá no hay huelgas pacíficas. Nosotros estamos de acuerdo y tendría que estarlo todo el mundo porque es un convenio que tenemos firmado, igual que el convenio 98.
-Justamente la OIT instó al gobierno uruguayo a modificar su accionar en cuanto al convenio 98 de la OIT que refiere a la negociación colectiva…
-El gobierno actual cumplió con lo que dijo la OIT. Presentó una memoria en setiembre y un proyecto de ley a fines de octubre, cumplió con los plazos que dijo la OIT pero no con los puntos, no cumplió por ejemplo con el tema de establecer los salarios de forma bipartita y no tripartita.
Esto ha escapado a las cámaras porque es la OIT que le dice al gobierno “esto tenés que cambiarlo porque está mal”. Ahora suponemos que el nuevo gobierno lo va a ir corrigiendo pero no podemos pretender que sea de golpe.
-¿La negociación debería ser bipartita según la visión de la Cámara?
-Según la OIT. El convenio dice eso, nosotros firmamos los convenios para cumplirlos. El convenio dice que los salarios mínimos son tripartitos con la intervención del Poder Ejecutivo, el resto son bipartitos. El convenio se ha aplicado mal todos estos años. Uruguay tiene una ley de negociación colectiva que no se merece.
-¿Que el Poder Ejecutivo no participe en la fijación de los salarios no le quita garantías a los trabajadores?
-No, sería una manera de no imponer cosas que no corresponden pero no sacaría garantías. Las empresas, al personal con el que tienen buena productividad y buena relación laboral, le van a tener que seguir pagando para mantenerlo.
-La prueba está en lo que ha pasado en estos años, con esta medida forzosa hemos venido perdiendo y perdiendo empleo. Si sumamos los sectores desde 2014 tenemos unos 70.000 puestos de trabajos menos entre industria, comercio, agro, construcción.
El trabajo, como todo, hay que ganarlo pero yo no creo que se pierdan garantías porque las empresas lo van a tener que pagar.
-Se proyecta una importante conflictividad en el próximo gobierno, sobre todo en lo que refiere a las relaciones laborales y en torno a la convocatoria de los Consejos de Salarios, ¿cómo espera que sea esta instancia?
-El tema es qué argumento hay para esa conflictividad. ¿Que se cumplan los convenios que Uruguay tiene firmados con la OIT es un motivo de conflicto? No se puede agarrar lo que me sirve y dejar de lado lo que no me conviene; los convenios Uruguay los firma para cumplirlos me guste o no me guste, hay cosas que a nosotros no nos gustan y las acatamos, no pedimos que se dé de baja.
Si la conflictividad se basa en situaciones que no tienen argumentos sólidos no tiene sentido; es hacerle perder a la gente más horas de trabajo y al país credibilidad e inversión.
-En diálogo con CRÓNICAS, el futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró la semana pasada que los gobiernos del Frente Amplio no fueron ecuánimes al mediar entre empleadores y empleados, ¿cómo proyecta que será la intervención del gobierno en base al diálogo que ha tenido con las autoridades entrantes?
-No hay nada que haya mejorado tanto en Uruguay como el salario y los beneficios, con muchas imposiciones y muchas medidas de fuerza. Eso ha costado muchos puestos de trabajo de gente que decidió cerrar para no trabajar bajo ese tipo de presión.
Entonces al final esto se ha ido convirtiendo en un boomerang para el mismo empleo. Yo comparto lo que dice Mieres.
-Cómo ve la inserción internacional de Uruguay en el marco de un Mercosur con gobiernos ideológicamente diferentes?
-Uruguay como mercado pequeño necesita de la inserción internacional. Si vamos a tomar la ideología en los acuerdos comerciales estamos rumbeando mal el tema. En los temas comerciales hay que dejar la ideología de lado.
Además, para tener tratados de libre comercio hay que tener competitividad porque hay un montón de Pymes que producen pero que sin competitividad no van a poder vender.
Ponerse a tiro
Con respecto a la necesaria reforma de la seguridad social, Murara señaló que la CIU no tiene una postura de cómo se deben llevar a cabo las modificaciones aunque comparte que es necesario arreglar el sistema. “Y que lo que se resuelva hay que mantenerlo y seguirlo en el tiempo”, reforzó.
En esta línea Murara recordó que en 2008 hubo un cambio muy importante que generó “un desfasaje muy grande a lo que estaba previsto en la ley original”. “Ese desfasaje le costó mucha plata al país a través del Banco de Previsión Social y hay otras cosas que hay que resolver, comentó y añadió: “Hoy se pagan alrededor de 200 millones de dólares de certificaciones médicas, no es una cifra menor y no parece nada razonable”.
