Ricardo Pérez Manrique, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia
En el día previo a su retiro como ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Ricardo Pérez Manrique conversó con CRÓNICAS acerca de la implementación del nuevo Código de Proceso Penal (CPP) que el sistema político estudia prorrogar a pedido del fiscal de Corte, Jorge Díaz, y a pesar de la voluntad de Pérez Manrique. El ahora ex ministro de la SCJ fue crítico con el sistema carcelario, fijó su posición en la vereda de enfrente con respecto a la del fiscal, Gustavo Zubía, y la del presidente de la SCJ, Jorge Chediak, en cuanto al cumplimiento de las penas: “Es muy atractivo, por el lado del discurso, decir `que se pudran en la cárcel´” señaló Pérez Manrique y aseguró que la libertad anticipada es lo que otorga al preso la motivación para rehabilitarse.
El menú En el cálido entorno de la cava de Paninis, el hasta entonces ministro de la SCJ, degustó como entrada ravioli crocante con salsas de mostaza y de tannat. Posteriormente optó por risotto de hongos acompañado de agua mineral con gas y accedió a celebrar su retiro al brindar con una copa de champagne.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-Todo indica que el nuevo Código del Proceso Penal se pondrá en marcha en noviembre y no en julio como estaba estipulado. Usted no está de acuerdo con esta postergación, ¿a qué se debe?
–Recuerdo que me preguntaron cuánto tiempo se necesitaba para implementar el Código y yo planteé que entre seis meses y un año a partir de que se dispusiera de los fondos.
Trabajamos en reuniones con el Ministerio de Economía para disponer de los fondos y se logró un acuerdo satisfactorio en cuanto a la creación de cargos, para adecuaciones edilicias, ajustes y reformas tecnológicas y todo lo necesario para una implementación tan complicada.
A continuación se aprobó una ley que fija definitivamente la fecha de entrada en vigencia del código el 16 de julio de 2017, en la Rendición de Cuentas se otorgan los fondos necesarios e incluso el MEF nos adelanta fondos para ir trabajando.
Nos enteramos por declaraciones públicas del señor Fiscal de Corte que había un acuerdo político para prorrogar el código hasta noviembre de este año y frente a esto, cuando la prensa me consultó como presidente interino de la SCJ, manifesté que seguíamos trabajando con vistas al 16 de julio y que no veíamos que fuera viable una reforma legislativa profunda y que, por lo tanto, había que empezar a trabajar con lo que estábamos haciendo independientemente que después se hicieran los ajustes necesarios. Estamos a la expectativa de lo que diga el sistema político porque hay que aprobar una ley para que esto se prorrogue y lo que señalamos es que han aparecido complicaciones vinculadas con el conflicto salarial de actuarios y funcionarios del Poder Judicial que tienen como una de las medidas de lucha no participar de ninguna actividad de implementación del código.
-¿Por qué sería un error que se prorrogara?
-Si el fundamento para la prórroga es el tema de la reforma legislativa, ese tema estaba sobre la mesa cuando se fijó la fecha para el 16 de julio y dijimos que no había tiempo para reformas legislativas.
“El Estado tiene una gran falencia en cuanto a garantizar la seguridad dentro de las cárceles”.
-Usted comentaba que el Ministerio de Economía es el organismo que provee los fondos y en entrevista con CRÓNICAS el presidente de la SCJ, Jorge Chediak, aseguró que estos fondos no eran suficientes para el 100% de la implementación, ¿coincide?
-Hemos dicho que esos fondos daban para una implementación primera, sin la perfección necesaria y sin abarcar la totalidad del país de la misma manera pero daba para empezar a trabajar.
La voluntad política de la Corte por empezar a trabajar está demostrada. El otro día recibimos un informe que señala que tenemos un rojo de $15 millones en ajustes y reformas arquitectónicas y la Corte decidió no solicitar nuevos fondos y solventar esa necesidad con un rubro que se llama “fondos propios” porque entiende que había que hacer un sacrificio sin solicitar un esfuerzo más. Estamos tratando de llegar con nuestros fondos.
-¿A qué se debe ese déficit de $15 millones?
-Desde el punto de vista arquitectónico la Corte tiene una obra magna que es el edificio en Maldonado, este debería estar pronto para junio pero se está demorando por problemas con la empresa constructora, pero en total se tuvo que implementar 68 soluciones arquitectónicas en todo el país, había que adecuar locales y alquilar nuevos y adaptarlos a las necesidades de un Juzgado, por ejemplo.
-Los fiscales cobran un rol más importante en el nuevo CPP, sobre todo en lo que refiere a la supervisión de la investigación policial, ¿los ve preparados para asumir esta función?
-Se que han trabajado intensamente. Yo creo que el cambio que se prevé es tan profundo que va a tener dificultades en su implementación. En los primeros tiempos las cosas no van a andar perfectas, va a haber dificultades pero creo que están teniendo una capacitación adecuada.
-¿Le preocupa que no pueda haber rehabilitación para los presos en el marco de la situación actual de las cárceles uruguayas?
-Sí, mucho. Hay que trabajar para que quien comete un delito no vuelva a cometerlo. Una de las formas de evitar que reincida es que el asunto se dirima por un método alternativo en el cual asume su responsabilidad y a su vez carga con alguna consecuencia y el otro elemento es que cuando el individuo va a la cárcel tiene derecho a que el Estado le dé seguridad y hoy hay cárceles donde el Estado no da seguridad. En los últimos meses hubo un hecho que a mí me conmovió y fue el caso que pasó en el Penal de Libertad en el cual una mujer va a ver a un preso para decirle que la relación afectiva que mantenían quedaba sin efecto y el hombre la estranguló en el baño del establecimiento carcelario. Eso para mí demuestra la total falencia del Estado en cuanto a dar seguridad dentro de la cárcel. Esto sucede en las más grandes como el Comcar, el Penal de Libertad, la Cárcel de Canelones.
Por otro lado, hay cárceles en el interior del país que están muy bien administradas y allí se ve que la mayoría de los presos estudian o trabajan, o ambas cosas y creo que ese es el camino adecuado. La política carcelaria tiene que hacer todo lo posible para que el individuo no vuelva a delinquir.
“El hecho de que una ley sea mala o me perjudique no quiere decir que sea inconstitucional”, señaló Pérez Manrique sobre el caso de los “cincuentones”.
-Cuando el ex presidente, José Mujica, decidió equiparar los salarios de los ministros de la SCJ con los de su Cartera se desencadenó un conflicto que sigue encendido hasta el día de hoy y que tiene a los funcionarios y actuarios reclamando por su aumento de sueldo en el mismo nivel que el que se le dio a los ministros, ¿qué opina del conflicto?
-El conflicto escaló con el paso de los años. Está complicando la implementación del Código Penal y además se le niega la justicia a una cantidad de gente a raíz del conflicto. Vislumbramos que si no hay ningún acuerdo hay una tendencia a que se eternice en el tiempo. Si las dos partes tienen posiciones irreconciliables se convierte en un momento de no retorno. Yo, como ciudadano, me niego a aceptar que un conflicto no pueda resolverse porque eso no es bueno para el Estado de Derecho ni para la democracia.
–En entrevista con CRÓNICAS, el fiscal Zubía afirmó que antes de pensar en subir las penas deben cumplirse las que se dictan, algo con lo que más adelante coincidió el presidente de la SCJ, Jorge Chediak. ¿Cuál es su postura al respecto?
-Yo no estoy de acuerdo con eso, podemos discutir mucho sobre la finalidad de la pena pero a mí me parece que la pena tiene dos caras, por un lado la persona debe retribuir a la sociedad por el delito que cometió y por el otro lado esa persona debe rehabilitarse, no salir a la calle a cometer un nuevo delito. Si yo le digo a un preso: “Cometiste una rapiña, se te condenó a seis años y vas a estar los seis años en la cárcel” ese individuo pierde cualquier motivación para rehabilitarse, tanto le da estar tomado drogas o durmiendo todo el día. Las medidas de libertad anticipada son medidas que premian al individuo cuando ha estado preso determinada cantidad de tiempo y su conducta carcelaria ha sido positiva por eso sale en libertad, si no hay pruebas de rehabilitación cumple su pena. El sistema para ser exitoso debe tener estas medidas. Yo sé que ahora que todo el mundo está desesperado por el tema de la seguridad, es muy atractivo por el lado del discurso decir “que se pudran en la cárcel, que cumplan su pena” pero la pregunta es: ¿Para que la pusiste en la cárcel? Para que pase un tiempo x allí y siga cometiendo delitos o para que pague por su delito y no vuelva a cometerlo. Es un tema de sentido común.
Hasta que se demuestre lo contrario
Una de las diferencias estructurales entre el Código vigente y el que lo suplantará radica en el cumplimiento de la presunción de inocencia. Según explicó Pérez Manrique a CRÓNICAS hoy en Uruguay existe un código “irracional en su concepción” y que “responde como se respondía penalmente hace dos siglos”.
Estamos acostumbrados a que en 48 horas se sabe qué pasa pero todo es provisional, no hay elementos decisivos para definir una cosa u otra, ahora la gente tendrá que acostumbrarse a que los delincuentes estén en la cárcel de entrada, van a ir pero cuando termine el proceso.
Hoy en día cuando se comete un delito, se sospecha quién lo cometió y el juez, sin tener la prueba ni la certeza de que esa persona cometió el delito, recoge una prueba preliminar y dicta el auto de procesamiento que es el comienzo del proceso pero concomitantemente con eso hay que dictar una medida cautelar que puede ser de prisión preventiva o medidas sustitutivas a la prisión, pero esas medidas se aplican solamente ante la sospecha de que la persona cometió el delito.
El proceso penal puede llevar años y luego de ese tiempo se determina que la persona es culpable o inocente, por eso si la persona es inocente percibe una indemnización.
“Eso viene después, cuando el individuo ha soportado sobre sí la afrenta de ser procesado por un delito, eventualmente la prisión preventiva y además una cantidad de restricciones, como, por ejemplo, no poder salir del país sin el permiso de un juez. Todo en vez de ser al principio es al final”, explicó Pérez Manrique.
En el nuevo sistema el proceso se invierte. El fiscal es el responsable de recabar las pruebas y supervisar el proceder policial mientras que el juez pasa a ser un tercero imparcial que no tiene incidencia en la investigación.
El fiscal inicia el proceso y presenta las pruebas y el juez con este planteo toma la decisión de formalizar o no el proceso. Posteriormente se convoca una audiencia a 30 días donde diligencia la prueba. “La prisión preventiva pasa a ser excepcional y generalmente el individuo va a estar en libertad y va a ir a la audiencia en la cual se va a dictaminar si es culpable o inocente del delito y en caso de determinarse que es culpable será en ese momento que vaya a la cárcel, mientras tanto está libre”, explicó. En casos complejos, cuando el delito tiene determinadas características y se presume que el individuo puede eliminar pruebas o presionar testigos, es posible aplicar la prisión preventiva.
Asimismo Pérez Manrique tiene esperanzas en que la posibilidad de reparar simbólicamente el daño haga que se pueda empujar hacia la rehabilitación sin necesidad de acudir a la prisión. Esto se hace a través de una mediación que, en los casos más leves, encuentra a la víctima y al victimario en una instancia de conciliación. “La gran reforma que tiene este Código es que le reconoce a la víctima un papel importante porque va a poder ser oída en las audiencias” y a su vez puede pedir que otro fiscal revea el caso, resaltó el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia.
“Cuanto más alto es el estrato social, más sutil y más destructiva es la violencia de género”.
Sin cultura de paz
Especialmente conmovido por los casos de violencia de género, el ex ministro Pérez Manrique aseguró que para llegar a la muerte de una mujer que es lo que moviliza a la sociedad, se atraviesa por una cantidad de actos de violencia que culminan en ese fallecimiento. “Esa violencia se expresa en distintos niveles en la sociedad, por ejemplo, cuando se agrede a maestros”, resaltó y aseguró que la sociedad ha perdido la “cultura de paz”.
“Podemos decir que los rapiñeros pertenecen a los quintiles económicos más bajos de la población; pero la violencia de género es transversal a toda la sociedad y cuanto más alto es el estrato social, más sutil y más destructiva es la violencia”, reflexionó Pérez Manrique basándose en su experiencia como juez de familia. En este sentido resaltó que se debe trabajar sobre el agresor para que no continúe ejerciendo la violencia con otras parejas.
En lo que refiere a la violencia de género resaltó que los policías son un grupo de riesgo por la cantidad de denuncias que presentan en temas de género. “Es un problema para la mujer y para la sociedad porque un policía que tiene ese nivel de violencia en el hogar no puede ejercer su función”, indicó. “Se debe trabajar en las escuelas y en los liceos para fomentar que es inadmisible pegarle a una mujer pero también pegarle a alguien en general. La violencia no es una forma de resolución de los conflictos”, comentó.
Finalmente se refirió al lamentable fenómeno de abuso de menores, algo que asegura es cada vez más frecuente en el país. “El autor es el padre, el abuelo, el compañero de la madre y las víctimas son niños. Además de la violencia que esto representa crea a una persona abusada que luego va a tener problemas para insertarse en la sociedad”, señaló y aseguró que “existen falencias legales fuertes en cómo trata el sistema de justicia a la protección de derechos y de rehabilitación de los niños. El Código de la Niñez tiene una regulación ineficiente”, reconoció.
La violencia en el deporte también es un tema de relevancia para el ex ministro de la Suprema Corte, quien aseguró que “nadie tiene la impunidad asegurada por ser jugador de fútbol o director técnico” y aseguró que el hecho de que jugadores de Peñarol hayan sido procesados sin prisión tras verse envueltos en una trifulca con otros jugadores del equipo brasilero Palmeiras sienta un buen antecedente para que este tipo de conductas no se repitan y pueda evitarse su contagio al resto de la sociedad.
“Me hubiera gustado que mis años en la Corte no transcurrieran entre conflictos permanentes”
Tiempo de balance
Emocionado por su retiro como ministro de la Suprema Corte de Justicia, Pérez Manrique agradeció a sus compañeros de Corte y su equipo de trabajo y resaltó que hoy en día el Poder Judicial tiene un plan a 10 años, algo que nunca había sucedido y que, personalmente, le genera gran satisfacción. Finalmente señaló que hubiera preferido que sus cinco años en la Corte no hubieran sido de “conflicto permanente”. “Me hubiera gustado poder trabajar en un Poder Judicial con más soltura desde el punto de vista financiero”, detalló.
