El senador Pedro Bordaberry y el diputado Pablo Abdala acordaron en que los malos manejos en el gobierno de Mujica en torno a la minería fueron el puntapié para que hoy la empresa Aratirí demande al Estado uruguayo. “Nunca está bien hacer leyes a medida” dijo el senador haciendo referencia a la legislación que incentivó el Frente Amplio (FA) para propiciar la inversión. Por su parte el diputado por el FA, Carlos Varela aseveró que la legislación era necesaria.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
Los inversores de la minera Aratirí y sus subsidiarias iniciaron un arbitraje de inversión contra el Estado uruguayo por incumplimiento del Tratado para la Protección y Promoción de Inversiones entre el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la República Oriental del Uruguay, en relación a las inversiones en el Proyecto de mineral hierro Valentines, uno de los más grandes yacimientos a nivel mundial. La notificación del arbitraje fue enviada en el día de ayer al Estado uruguayo.
“La base del reclamo es la conducta arbitraria y no transparente del gobierno
uruguayo, contraria a las legítimas expectativas de los inversores en el
Proyecto Valentines. Este tipo de conducta es violatoria del Tratado
internacional de protección a las inversiones entre el Reino Unido y la
República Oriental del Uruguay”, subraya un comunicado difundido por la compañía minera.
Según indica la firma, el gobierno implementó cambios a las reglas de juego afectando específicamente al proyecto, incluso de forma retroactiva.
“Se lo anunciamos al gobierno, hacer leyes a medida nunca es bueno”, apuntó el senador colorado Pedro Bordaberry.
Desde la oposición, el senador Pedro Bordaberry señaló a CRÓNICAS que a pesar de lo reciente de los hechos y de no saber aún qué repercusión tendrá la demanda anunciada, Aratirí es “una perla más de una gran desprolijidad que hubo durante el gobierno de Mujica en muchas cosas”.
En este sentido, el legislador enumeró proyectos que han generado polémica como el Puerto de Aguas Profundas, la regasificadora o el tren de los pueblos libres.
Para Bordaberry, estos proyectos fueron “muchas cosas muy groseramente desprolijas, que se anunciaban cuando recién empezaban a negociarse sin los fundamentos debidos”.
Por la misma línea, el senador resaltó que el Partido Colorado se expresó siempre en contra de las propuestas legislativas que propuso el gobierno. “En las dos leyes que se votaron hicimos saber al gobierno que era equivocado hacer leyes a medida del inversor”, enfatizó y agregó: “Así anduvo el país en esos años, modificando el régimen legal para permitir la inversión de Aratirí; se lo anunciamos al gobierno, hacer leyes a medida nunca es bueno. El Frente Amplio no puede decir que no se lo anunciamos, lo hicimos varias veces”.
A su vez, Bordaberry recordó que durante la administración de Mujica, a nivel parlamentario en la Comisión de Industria, el entonces senador y actual intendente Daniel Martínez defendía esas normativas mientras el gerente de la minera era Fernando Puntigliano- hoy director de limpieza de la Intendencia de Montevideo-.“Son las vueltas que da la vida”, deslizó.
“(La demanda) es la consecuencia de un riesgo que el gobierno alentó y generó”, indicó el diputado nacionalista Pablo Abdala.
Por su parte el diputado por el Partido Nacional, Pablo Abdala, acordó con Bordaberry en que las “desprolijidades” del gobierno de Mujica fueron la raíz del conflicto. “En las marchas y contramarchas que el gobierno protagonizó en torno al tema Aratirí quedaron muchos cabos sueltos”, aseveró Abdala y apuntó que para él, esos manejos derivaron en la actual demanda.
“La noticia es preocupante, esperemos que en el plano internacional podamos tener éxito y que el gobierno pueda evitarle un daño al país”, aseveró.
“Debimos legislar según los parámetros internacionales para permitir la megaminería”, sostuvo el diputado frenteamplista Carlos Varela.
Del otro lado del mostrador, en el oficialismo, el diputado Carlos Varela dijo a CRÓNICAS estar sorprendido por la noticia. “No tenía ninguna referencia de que pudiera suceder una situación como esta”, señaló el parlamentario. El representante del Frente Líber Seregni apuntó que lo que hizo el gobierno y el Parlamento “fue lo correcto”. “Tuvimos que adaptar el marco legal que existía en Uruguay en relación a la minería a la nueva realidad que se estaba viviendo”, apuntó Varela. Finalmente el integrante del FLS apuntó: “Hay antecedentes de empresas que ante el fracaso de emprendimientos productivos apelan a sacar ventajas de reclamos a nivel jurídico”.
El arbitraje se inició bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas
para el Derecho Mercantil Internacional, conocida como Uncitral. Los
inversores ya nominaron a su árbitro y esperan ahora que la República
Oriental del Uruguay responda a la notificación del arbitraje y nomine al
suyo.
