La reforma propuesta por la central sindical tiene adeptos y detractores dentro de la misma, y un apoyo parcial desde algunos sectores del Frente Amplio (FA). CRÓNICAS habló con el constitucionalista Martín Risso, con el economista Pablo Moya, y con los politólogos Daniel Chasquetti y José Busquets para indagar sobre el futuro de esta iniciativa, los dilemas constitucionales y económicos que genera, y las razones por las que causa tanta división dentro del FA.
La propuesta presentada por el PIT-CNT busca modificar el Artículo 67 de la Constitución, y se basa en tres puntos: la fijación de la edad mínima jubilatoria en 60 años, la equiparación de la jubilación mínima con el salario mínimo, y la eliminación de las AFAP. El proyecto dividió al mismo PIT-CNT, pero tras una votación en noviembre, se resolvió continuar la recolección de firmas.
Para poder ser votado como plebiscito junto a las elecciones nacionales, la central sindical debe reunir al menos 270.000 firmas para el 27 de abril. Para el 8 de febrero, última fecha en que se actualizaron los números, el conteo estaba en 153.000, comparado con un 63.000 a principios de diciembre. La empresa Factum realizó una encuesta publicada en enero de este año que señalaba una inclinación del 61% de la población a votar a favor de la propuesta. Consultado por CRÓNICAS, el politólogo Daniel Chasquetti comentó que al no actualizarse tan rápido los datos, es difícil hacer una predicción de si llegarán a las firmas. “Me da la sensación de que el hecho de que no haya una comunicación clara indica que están teniendo ciertos retrasos o dificultades para juntar las firmas”, especuló el entrevistado.
Aún así, aventuró que es muy probable que lleguen al objetivo, aunque “juntar firmas en medio de una campaña electoral y de una interna tan competitiva como la del Frente Amplio tal vez no sea tan sencillo”. El Frente Amplio decidió legar a cada agrupación decidir si apoyar la firma o no, con lo que algunos sectores, como el Partido Comunista y el Partido Socialista se posicionaron a favor; mientras que el MPP y Convocatoria Seregnista-Progresistas se opusieron.
Con respecto a la recolección de firmas, José Busquets, politólogo experto en seguridad social, opinó a CRÓNICAS que la situación es incierta. “Dadas las características de la propuesta uno podría suponer que el apoyo va a ser limitado, pero justo está entreverado con la dinámica del proceso político, y depende de las elecciones internas de los partidos”, señaló. Aun así, se inclinó a pensar que la propuesta no parece encaminada al éxito.
Materia constitucional
Existe, además, un debate sobre si la edad y el monto jubilatorio son materia constitucional, es decir, si ameritan un lugar en la carta magna del país. Martín Risso, abogado constitucionalista, opinó a CRÓNICAS que “a nivel mundial existe una clara noción de que en la Constitución tienen que estar las cosas más importantes y generales para la sociedad”. Redactar la edad jubilatoria en la constitución, comentó, “no es materia constitucional”, y además “inmovilizaría toda modificación legislativa” que se quisiera hacer a futuro.
Según Risso, la edad mínima de jubilación “no está habitualmente en las constituciones de los países”. El abogado mencionó el ejemplo de Suiza, que hace años votó sobre un plebiscito que establecía un salario mínimo en la Constitución, pero la población lo rechazó porque “se entendía que no era materia constitucional, sino a nivel de ley”.
La interna del FA
En cuanto a la división que este tema supone dentro del Frente Amplio, Chasquetti analizó que en esta fuerza política hay “dos estrategias” distintas para el retorno de la izquierda al gobierno. Por un lado, los propulsores del plebiscito lo ven como “una forma de activar la militancia”, y por otro lado hay un sector del partido que tiene una visión más “apegada a los diagnósticos” de los economistas. “En eso hay consenso, casi todos los economistas que encontré opinan que esto generaría problemas para los números del Estado, para el déficit”, comentó. Dentro de este último grupo, la estrategia sería lograr llegar a la presidencia y generar el cambio desde ahí, haciendo modificaciones a la ley que aprobó el gobierno.
La proyección de Chasquetti es que lo más probable es que se alcancen las firmas, pero a la hora de votar en octubre el plebiscito no salga, porque “los plebiscitos normalmente son difíciles de ganar”. Para que salgan, argumentó, deben tener un arco social muy amplio y más de un partido apoyándolo. Además, llegar a las firmas podría “terminar siendo un problema” para el FA, ya que sería un aspecto divisorio en la interna del partido.
La reforma en seguridad social a nivel mundial
Por su parte, Busquets opinó que “el tema no es sólo garantizar derechos en las constituciones”, sino también “hacer políticas públicas que permitan una mejora de las condiciones de vida del conjunto de la sociedad”. El politólogo señaló que si se mira los países que lograron “mejores arquitecturas de bienestar”, “no necesariamente tienen la gordura constitucional que tienen la mayoría de los países de América Latina”, por lo cual “el tema no pasa sólo por la cantidad de artículos que garanticen derechos, sino por el proceso político y el diseño institucional”.
Busquets señaló que en el mundo existen tres grandes modelos de seguridad social, unos más liberales, como el de Estados Unidos o Canadá, otros más corporativos, como el de Austria o Alemania, y otros que tienen un sistema de protección social más socialdemócrata. Para el politólogo, la última reforma de Uruguay tuvo una impronta más bien moderada, y no tan liberal como la que tuvo Chile, por ejemplo.
Aspectos económicos
A nivel económico, la discusión se centra en la viabilidad a la hora de aplicar esta reforma. En consulta con CRÓNICAS, el economista Pablo Moya comentó que “equiparar jubilación mínima con salario mínimo va a implicar una carga financiera que hoy el Estado no tiene”, es decir, que “no es viable”. Además, señaló que al igualar los dos “generás un incentivo de pasarte de activo a pasivo”, lo cual generaría un desbalance aún mayor en la situación.
En entrevista con Radio Carve, Ignacio Munyo, director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), advirtió que un punto en el que puede afectar la aprobación de este plebiscito es el grado inversor de Uruguay. El economista trazó un vínculo entre la nota crediticia y el sistema jubilatorio del país, y recordó que “en el año 1997 nos dieron el grado inversor por primera vez”, luego de la reforma jubilatoria, luego “lo perdimos con la crisis de 2002”, y “lo recuperamos diez años después en 2013, y recién diez años después subimos un escalón del mínimo con la última reforma jubilatoria de este año”.
Con respecto a esto, Moya opinó que si bien “sería una mala señal que se derogue” la reforma que está vigente, no está de acuerdo en que vaya a tener un impacto tan grande en la calificación crediticia del Uruguay. “Dentro de los indicadores y variables que miden las agencias de calificación de crédito, calculan la globalidad de la economía y no sólo una variable en particular. Obviamente la derogación de la reforma impactaría de forma negativa, pero no me animaría a decir que si sale el plebiscito y se derogan las AFAP eso generaría un cambio inmediato en la calificación de riesgo”, comentó el economista.
Como complemento, en la contratapa de esta edición, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, analiza exhaustivamente el tema y le pone números a una posible reforma, con cálculos realizados por los servicios técnicos del BPS, y el impacto que tendría en diversos sectores.
