Según datos de Uruguay XXI, en 2023 hubo más de 1.000 proyectos de inversión gracias al régimen de promoción de inversiones, que cuenta con una amplia aprobación de los inversores extranjeros que lo utilizan para sus empresas. Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, conversó con CRÓNICAS sobre los beneficios del régimen para empresas grandes y pequeñas. Además, señaló la necesidad de agilizar los trámites en la Comap para la aprobación de los proyectos.
Integrantes de la Confederación de Cámaras Empresariales (CCE), la Asociación Rural del Uruguay (ARU), la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) y Uruguay XXI, se reunieron en una actividad organizada por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay (Cceau) para analizar el régimen de promoción de inversiones en Uruguay y su impacto en la economía local, así como la relevancia que esta ley ha tenido en las decisiones de inversión de las empresas.
En el evento -que contó con cerca de 370 participantes- se destacaron las cifras relevadas por Uruguay XXI en la encuesta sobre inversiones extranjeras, con un récord de más de 1.000 proyectos de inversiones durante el 2023 y con un monto de inversión acumulado desde 2022 en torno a los US$ 1.200 millones.
Guillermo Sanjurjo, contador y presidente de la Comisión de Análisis de temas vinculados a la Ley de Inversiones, señaló que el 44% de los inversores extranjeros dicen que utilizan este régimen, con una valoración positiva que supera el 90%.
Agregó que la ley es “un vehículo muy importante” para promover inversiones que de otra forma no se harían en el país, brindando concesiones y beneficios fiscales en el agro, comercio, industria, servicios y turismo. También dijo que repercute beneficiosamente en la generación de empleo y de un flujo de capital positivo, así como en el aumento de la recaudación de impuestos y el Producto Bruto Interno (PBI).
La presidenta del Colegio de Contadores, Cristina Freire, aseguró a CRÓNICAS que el régimen de promoción de inversiones es una herramienta “sumamente útil” tanto para grandes como para pequeñas empresas. Explicó que el incentivo fiscal se trata de exoneraciones al Impuesto a la Renta e Impuesto al Patrimonio, con la posibilidad -si son proyectos promovidos- de la devolución del IVA en sus compras.
“Comenzó en las empresas grandes y después fue bajando hacia las pymes. El empresario empezó a tener en cuenta esta ley y a conocer la posibilidad de innovación tecnológica, con paneles solares o vehículos eléctricos, por ejemplo. Eso ayuda a que ponga su pienso en invertir y mejorar su productividad”, comentó la ejecutiva.
Cuando el proyecto de inversión ingresa en la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap), para su aprobación se utilizan indicadores que forman un puntaje. De ahí surge el porcentaje de exoneración de impuestos. Freire dijo que uno de esos indicadores trata sobre la ocupación de empleo, lo que genera un mejor puntaje e incentiva al empresario a incrementar su plantel. “Tú te comprometes, por ejemplo, a tener dos o tres nuevos empleados durante un período de tiempo. También se tienen en cuenta franjas etarias, como mayores de 50 años o jóvenes hasta 25 años”. Hay otros indicadores que tienen un efecto colateral beneficioso para el empleo, como la fabricación de maquinaria o la descentralización, con proyectos fuera del área metropolitana.
Demoras en Comap
De aquí a los años venideros se esperan mejoras en el régimen de inversión. Freire dijo que, en la mesa redonda de la actividad, se discutieron ciertos factores que obstaculizan el mecanismo de inversión. “Comap demora mucho en responder y aprobar los proyectos. Desde el Colegio de Contadores y los distintos actores que estuvieron allí, todos decían lo mismo. Lo ideal sería que juntemos fuerzas para ser recibidos por las autoridades del momento y ver cómo podemos lograr agilizar más el trámite”, manifestó.
Una vez que entran los proyectos de inversión en la Comap, la ley dice que, si el organismo no se expide en 60 días, el proyecto “queda firme” y el empresario es habilitado al beneficio fiscal. Sin embargo, “no queda un papel que diga que está aprobado”, planteó Freire.
