El doctor en Derecho, Carlos Loaiza Keel, elaboró un documento relacionado a la inserción de Uruguay en la OCDE y los posibles beneficios de ella. En este sentido, indicó que, si bien hay beneficios “muy relevantes” al entrar en este club, el mayor impacto viene por las reformas que Uruguay tendría que llevar adelante durante el proceso mismo.
Casi diez años atrás, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ponía a Uruguay en su “lista negra” de paraísos fiscales. En tan solo 24 horas, el país logró –tras el compromiso del gobierno- salir de esta categoría para pasar a una “lista gris”. De ahí en más, el gobierno se vio obligado a firmar acuerdos de intercambio de información tributaria con determinado número de países y empezar a dirigirse hacia un sistema internacional de intercambio de información tributaria. De esta forma, se busca evitar que la evasión de impuestos se haga utilizando a Uruguay.
Esta iniciativa llevó a que el relacionamiento entre la nación y la organización mejorara, hasta el punto que hoy se plantea la interrogante de si Uruguay podría ingresar al club de los más de 30 países que integran la OCDE, y qué beneficios traería consigo.
Fue esa la pregunta que se hizo la Academia de Economía, quien organizó una mesa redonda el pasado martes para incorporar distintas visiones sobre la posibilidad de que Uruguay se vuelva miembro de la OCDE.
El camino es la recompensa
El primer panelista fue doctor en Derecho, Carlos Loaiza, quien elaboró junto con un equipo de expertos en 2016 un informe de “Uruguay miembro de la OCDE: un camino al desarrollo”. Para él, la posibilidad de inserción existe y traería beneficios cualitativos y cuantitativos “muy relevantes”.
Por un lado, en lo cualitativo se refirió a que la OCDE le “permitiría” a Uruguay aprovechar una metodología “que hace que las cosas sucedan”; como ejemplo, citó el caso tributario mencionado anteriormente.
Por otro lado, para la realización del informe se hizo un estudio para intentar determinar cuantitativamente los beneficios. Así, afirmó que los países que recientemente ingresaron a la OCDE o “están avanzados en el proceso para ingresar” presentan una baja en sus impedimentos a la productividad. En barreras operativas -“obstáculos técnicos, comerciales y legales que limitan y condicionan el funcionamiento de las empresas e impiden mejorar la productividad”- la baja es del 15%, mientras que en barreras institucionales, que “disuaden a los inversores de iniciar emprendimientos productivos”, es del 10%.
Sin embargo, según explicó Loaiza Keel, “son más relevantes las reformas” que Uruguay debe hacer por el proceso de ingreso a la organización “que lograr la membresía+ final”. Reformas, por ejemplo, en educación, infraestructura, e inserción internacional, tres áreas en las que la OCDE, a partir de dos estudios “multidimensionales”, concluyó que impiden al desarrollo económico uruguayo.
Por último, enfatizó en que el llegar a ser miembro de la organización es un proceso “difícil” y para el que hay “muy pocos cupos”. Por ello, Uruguay “tiene que ser más decidido” y tener una “diplomacia clara” para lograr ese objetivo.
A modo de ejemplo…
A continuación, el argentino Marcelo Scaglione tomó la palabra. El subsecretario de Estado y representante del Ministerio de Hacienda de ese país ante la OCDE brindó su ejemplo para Uruguay, citando tres “grandes pilares” en cuanto a los beneficios de Argentina en acceder a la OCDE.
El primero de ellos “tiene que ver con ser parte de esta nueva gobernanza mundial”, expresó Scaglione, refiriéndose a la cercana relación de la OCDE con el G20 y cómo, trabajando entre sí, le permitiría a su gobierno tomar decisiones en ese “nuevo sistema de gobernanza mundial”.
El segundo, está relacionado con el desarrollo de modelos económicos y sociales inclusivos. Esto le permitiría a Argentina, siguiendo con el lineamiento de la OCDE, hacer inversiones en infraestructura social, en educación, en salud, en ambiente, en innovación o en ciencia y tecnología “que permitan el crecimiento económico por décadas”.
El tercero es el de “las instituciones sólidas”. “Tiene que ver con la relación entre los tres poderes, con la relación equilibrada entre la nación y las provincias, con el fortalecimiento de instituciones clave como la inclusión al sistema nacional de estadística, de la agencia a la competencia, de las instituciones de lucha anticorrupción que tienen que estar separadas al poder político para asegurar la independencia, y sobre todo de tener un sistema de justicia que genere decisiones justas en tiempo y forma”, explicó el argentino.
No todo lo que brilla es oro
A modo de brindar una contracara a lo planteado, el economista Julio de Brun y el abogado Luis Muxi opinaron sobre los aspectos menos favorables de la OCDE.
De Brun indicó que su discrepancia personal está en si es necesario ser miembro de la OCDE para llevar adelante el conjunto de reformas, “o simplemente uno lleva adelante el proceso de reformas que uno quiere sin tener que adherir a una serie de principios que también pregona la OCDE y que, a mi modo de ver, son inaceptables”.
Agregó, en referencia a la inclusión de Uruguay en la lista negra, que “lo que era realmente molesto” de esa categorización de paraíso fiscal “era que justamente no era cierto”. Señaló que no era cierto “porque fuera malo ser paraíso fiscal”, sino porque “desgraciadamente” Uruguay no lo era. “Paraíso fiscal no es quien quiere, sino realmente quien puede, es decir, quien tiene una capacidad de eficiencia en el funcionamiento de su gobierno que le permite funcionar justamente con niveles de tributación muy bajos y ser competitivos a nivel internacional”, arremetió el economista, y finalizó señalando que, desde ese punto de vista, Uruguay jamás fue, es ni será paraíso fiscal, “sino que ha vivido cómodamente en uno de los calurosos círculos del infierno en materia fiscal”.
Muxi, por otro lado, criticó el “intenso, exigente y largo” proceso de ingreso a la OCDE en el mundo “acelerado” y “demandado” actual. Además, se mostró en desacuerdo con esa estrecha relación entre la organización y el G20, a la que tildó de “carnalmente muy cercana”, y añadió que nota una “distancia larga” entre lo que era la OCDE en el momento de su fundación y lo que es actualmente, “que hoy está actuando de manera muy específica y en lugares muy concretos”.
