En un nuevo encuentro de la World Compliance Association realizado este lunes en la Sala de Actos del Banco República, se discutió el tema del combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los tres ponentes especializados en la materia coincidieron en que la normativa es suficiente, pero se falla en la implementación por falta de voluntad política, y que los casos investigados de lavado de activos no se condicen con la coyuntura de seguridad pública que atraviesa el país.
Por: Catalina Misson
En el primer panel, el editor de política en Búsqueda, Guillermo Draper, entrevistó a Alejandro Montesdeoca, abogado, ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y consultor internacional. Montesdeoca fue contratado por el gobierno para colaborar en la elaboración de la nueva Estrategia Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos. Durante el año 2022, trabajó en la elaboración de Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contó con la participación de funcionarios de todos los organismos que integran el Senaclaft, junto con actores del sector privado.
Como conclusión general en base a estos estudios, se puede afirmar que en Uruguay existe una percepción baja del riesgo de lavado de activos de parte del Estado y la sociedad. En una evaluación que hizo el Gafilat en 2019, se puntuó al país desde el punto de vista técnico-normativo con una calificación buena. De hecho, de todos los países que incluyen el Gafilat, Uruguay es el que tiene un nivel más alto de cumplimiento. “El tema es cuando pasamos a la implementación, porque no se ven resultados”, señaló Montesdeoca. Como primer obstáculo, el consultor mencionó la ausencia de información estadística ordenada y consistente. Entre los distintos organismos que tienen responsabilidades en la investigación y el juzgamiento en materia de lavado de activos, la información es parcial y contradictoria.
Llegado el momento de pedir datos sobre la cantidad de investigaciones y sentencias por lavado de activos, se cayó en cuenta de que la mayoría de casos no trataban de lavado, sino de asistencia a delitos precedentes de lavado. “Nos encontramos con que había solo seis sentencias por lavado y ninguna se refería a casos que tuvieran un mínimo nivel de sofisticación o que implicaran un movimiento de dinero considerable. No representaban los riesgos a los que el país se encuentra expuesto ni los volúmenes de incautaciones de drogas y condenas por delitos precedentes que constituyen las principales amenazas en la región”, manifestó el abogado.
Otro inconveniente es que, cuando se analiza la efectividad de la investigación del delito, se concluye que no se están realizando investigaciones financieras paralelas de los delitos precedentes. “Si estás realizando una investigación para desbaratar una organización de narcotráfico involucrada en un tráfico importante de drogas a Europa, lo que hay que hacer es investigar si está vinculado al lavado de dinero, pero eso no se está haciendo sistemáticamente”, ejemplificó Montesdeoca.
El especialista mencionó varios problemas que pueden explicar la escasez de investigación seria en la materia. Entre ellos, habló sobre las dificultades en la coordinación operativa e intercambio de información, los repetidos cambios en las competencias de las fiscalías, la falta de recursos humanos y financieros, así como la falta de herramientas tecnológicas y de capacitación a los funcionarios de los distintos organismos públicos competentes. Adicionalmente, indicó que gran parte de los sujetos obligados no financieros, no están en condiciones de aplicar un enfoque basado en riesgo en sus organizaciones porque no saben cómo.
Los delitos precedentes o potencialmente determinantes de activos a ser lavados en Uruguay son el narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, tráfico de armas, estafa y corrupción, en menor medida. El consultor expresó especial preocupación en torno al aumento de la presencia de organizaciones delictivas transnacionales en el país, y el vínculo directo en cuanto a la frontera seca con Brasil, que calificó como amplia y permeable.
Por último, Montesdeoca reafirmó que es un error asignarle responsabilidad de la efectividad de un sistema de lucha contra estos delitos al sector privado. En respuesta al prejuicio de que los sujetos obligados son responsables de la poca detección de estos delitos porque no los reportan, aseveró que los países que obtienen mejores resultados son los que tienen una mayor presencia del Estado en la investigación, no quienes tienen un mayor número de reportes de operaciones sospechosas.
Advertencias de expertos
En el segundo panel, Natalia Roba, editora jefa de El Observador, entrevistó a los ponentes Leonardo Costa, exprosecretario de la Presidencia de la República y socio de Brum Costa Abogados, y Daniel Espinosa, ex secretario nacional antilavado y consultor LAFT.
Costa apuntó a una cultura de desorganización, con falta de voluntad política e inteligencia del Estado y falta de liderazgo político. Hizo alusión al “secretismo bancario” al que se había referido Montesdeoca previamente, y puso algunos ejemplos que persisten al día de hoy. “¿Por qué el banco X y el banco Z que tienen el mismo cliente, no pueden compartir carpeta para saber si se está duplicando el origen de fondo?”, se preguntó.
Espinosa coincidió con lo anterior, y agregó que no hay un mensaje claro del Poder Ejecutivo sobre la gravedad del asunto, por lo que no se prioriza en la agenda de los ministerios competentes. Por otra parte, aseguró que hay que mejorar los protocolos de actuación para la cooperación interinstitucional. “Hace dos años que la Senaclaft tiene facultades de investigación para colaborar con la Fiscalía de Delitos Económicos, pero todavía no hay un protocolo activado de eso. Para mí el sistema está bien, pero desactivado. Si no generás grupos de trabajo, no vas a tener casos”, concluyó.
En cuanto a temas presentes en la agenda de opinión pública, Costa manifestó que es “urgente” que los partidos políticos sean sujetos obligados, en relación a los proyectos de ley estancados sobre el financiamiento de los mismos. Espinosa aludió a la misma urgencia con respecto a la creación de la figura de enriquecimiento ilícito, hoy inexistente.
Lo que la LUC dejó
Acerca de los cambios implementados por la Ley de Urgente Consideración (LUC), Espinosa opinó: “Sobre los US$ 150.000 de efectivo permitidos sin justificar, existen un montón de bienes donde no necesariamente participa un escribano en la transacción. Ahí hay un foco de riesgo, y ese umbral de la LUC juega a favor del lavado. En una operación bancarizada de un argentino de Miami con un millón de dólares, el sujeto obligado no tiene por qué preguntar el origen del dinero porque no se considera de riesgo. Sigo convencido de que ese artículo se debe derogar”.
