Juan Miguel Petit, Comisionado Parlamentario Penitenciario
El doctor en Derecho y Ciencias Sociales presentó su informe anual ante el Parlamento y abogó por más recursos para el Instituto Nacional de Rehabilitación. A su vez, hizo énfasis en políticas alternativas para reducir la población carcelaria del Uruguay que asciende hoy en día a unos 10.600 reclusos, ubicando al país entre las 30 naciones con más personas privadas de libertad. Asimismo cuestionó la presencia del Mides, Codicen y el sistema de salud en los centros penitenciarios y señaló:” El rol de las políticas sociales en las cárceles aún es pobre”. Por otra parte solicitó que se cree un área específica dirigida a las mujeres, con perspectiva de género.
El Menú En una amena charla en la cava de Panini’s, el comisionado eligió salmón a la plancha acompañado de ensalada de hojas verdes. Para la sobremesa optó por un café cortado.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
-Uruguay es uno de los países con más presos de la región, unos 10.600 aproximadamente, ¿a qué lo atribuye? ¿Cuál debería ser la meta razonable?
-Es llamativa la cantidad de presos que tiene Uruguay. Soy consciente de la gran preocupación que hay en la sociedad por la seguridad pública, se ve en las encuestas, en los comentarios de la gente y en las propias medidas que está tomando el gobierno. Es un tema que está en el centro de la agenda de la gran mayoría de los países del mundo, en particular, de aquellos países con ingresos medios y medios altos.
Hay una preocupación y hay una realidad que genera esa preocupación. Creo que la respuesta penal es quizás la que está más a mano. En 22 países, Uruguay está entre los primeros 30 con más presos cuando no tenemos ni el índice de homicidios más altos, ni secuestros, ni el crimen organizado instalado como en otros lugares por lo que hay una reacción muy fuerte vinculada a lo penal.
Creo que es propio de las características de Uruguay. Hay una baja tasa de prisionización en países con bajos recursos y un Estado muy débil. Por otra parte, en los países con ingresos altos como Noruega o Finlandia, en la medida que tienen más recursos, más investigación y más reflexión se elaboran respuestas más sutiles y más inteligentes frente al delito. Un ejemplo de esto son los sistemas que tienen privación de libertad total en la cárcel, privación de la libertad parcial o acotada con penas alternativas.
Uruguay está en mitad de tabla. Tiene una Justicia presente, detecta el delito y los procesa y los envía a la cárcel. Es la respuesta que está a mano y la que estuvo a mano históricamente, pero eso no quiere decir que en el siglo XXI tengamos que seguir insistiendo solo con esa respuesta. ¿Tiene que haber privación de libertad? Sí, pero tiene que haber una inteligencia de desarrollo de programas sociales, culturales y educativos que trabajen sobre los barrios más vulnerables.
-Ante la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento, aseguró que el sistema penitenciario ha experimentado “leves pero alentadoras mejoras”, ¿dónde estuvieron?
-Seguimos teniendo un sistema penitenciario de otro siglo. Conviven dos modelos, el intento por un modelo nuevo y el viejo. Hay mejoras que son muy importantes. Se han instalados varios programas de tratamiento, que son embrionarios, pero es muy bueno que se vean en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
El INR necesita recursos, humanos y materiales, y que las políticas sociales entren con mucha más fuerza a las cárceles. Se han consolidado experiencias, se han abierto puertas, se ha creado un centro de formación penitenciaria y se ha permitido la presencia de la salud pública, pero no alcanza con decir que estamos mejor que hace 10 años, hay que dar un salto cualitativo. Son piezas sueltas que tienen que ensamblarse. Faltan programas de salud mental, educativos, de adicciones.
«Las penas alternativas tienen que satisfacer a la víctima, a la Justicia y a la opinión pública. No quiere decir que no va preso y se va para la casa».
-¿Cómo es hoy el rol de instituciones como Codicen, Mides y el sistema de salud en las cárceles?
-El rol de las políticas sociales en las cárceles es pobre. Es mayor que el de años anteriores pero todavía es pobre. En educación se precisa una presencia mucho más grande, planteamos un recurso de habeas corpus en el Comcar para la alfabetización y el Codicen ha expresado que va a dar respuestas a esto. Yo creo que debería haber un área específicamente desarrollada para las cárceles, por qué no un sistema también de capacitación en informática y alfabetización digital de los privados de libertad. Quizás hasta una entidad o un centro que canalice la educación en el contexto de la privación de libertad.
La salud mejoró mucho cuando ASSE ingresó a cubrir la sanidad en las cárceles pero ese proceso arrancó en 2010 y se estancó hace un par de años; ahora llega solo al 60% de la población cuando debería alcanzar al 100%. A su vez, hay que tener en cuenta otras cosas como la calidad de la comida, que no haya roedores, eso también hace a la salud.
Ni qué hablar de las políticas sociales del Mides, la relación con la familia y con la comunidad. Existe un gran problema en cuanto a la conectividad, es decir, el hecho de ver a la persona no como una foto sino como una película. Si, por ejemplo, alguien tiene un problema de salud mental, es importante que al salir de la cárcel tenga la posibilidad de continuar con el tratamiento que recibía en la cárcel, en la policlínica del barrio. También que si tiene una habilidad particular para el arte o para el deporte que pueda desarrollarse fuera de la prisión. Creo que si todas estas piezas sobre las que se trabaja bien, se ensamblaran comenzaríamos a ver la figura del rompecabezas.
Asimismo es necesario prestar atención a la familia de la persona privada de libertad, porque los hijos muchas veces invierten los roles y piensan que los malos que lo alejan de su padre son la policía, la justicia y las normas; eso hay que traducirlo en otra situación de integración social.
-Como están dadas las cosas, ¿cuales son las posibilidades de una persona privada de libertad de rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad tras su paso por la cárcel?
-En el informe planteamos que hay un 25% del sistema que ofrece buenas posibilidades de rehabilitación donde puede haber una buena convivencia, respeto, educación; hay un 45% donde hay insuficientes posibilidades y un 30% está en lugares donde no hay respuestas y hay un trato cruel, inhumano y degradante. Además de ser privados de libertad, que es el castigo que le aplica la sociedad, sufre otros dolores añadidos que no son legales y tienen que ser corregidos.
-Usted enmarca las mejoras “leves y alentadoras” en el contexto de un sistema que, a grandes rasgos, encuentra “muy mal”. ¿Dónde tiene que ponerse el foco urgente de mejora?
-Hay ciertos recursos básicos que necesita el INR, tanto materiales como humanos, y también convocar intensamente a que los agentes de políticas sociales no dejen a la cárcel por fuera del mapa y no se resignen a que las cárceles son un ghetto. El ciudadano tiene derecho a no mirar las cárceles si no quiere, pero un organismo público no puede hacerlo. No se trata de ayudar un poco, se trata de que el sistema educativo tiene que tomar la cárcel como un liceo más y la salud debe tomarla como si fuera una policlínica.
Hay 6.000 personas que salen de la cárcel anualmente y la reincidencia se estima en el 65%. Si pensamos que cada persona que comete un delito va a cometer 10 como estiman algunos criminólogos, si bajamos la reincidencia a la mitad tenemos por lo menos un par de decenas de miles de delitos menos. Menos reincidencia es menos delito, para mí, para ti y para el lector. Eso significa entender que las malas cárceles y las cárceles colapsadas generan violencia y delitos. Las megacárceles generan violencia. Por eso las cárceles deberían complementarse con penas alternativas para que personas que no son un peligro para la sociedad o cometieron un delito leve, pueden recibir una atención particular porque en la cárcel va a sufrir contagio y vamos a tener noticias de él luego por delitos muchos más graves.
-¿Qué puede ser una pena alternativa?
-Las penas alternativas tienen que satisfacer a la víctima, a la Justicia y a la opinión pública. No quiere decir que no va preso y se va para la casa.
La pena alternativa tiene que ser un programa donde con una limitación parcial de la libertad la persona recibe un tratamiento integrador y educativo. En algunos casos puede incluir medios electrónicos para que la persona no circule por determinados lugares, puede incluir tratamientos psicológicos, preventivos de la violencia, controles de ira, identificación de problemas, tratamientos para las adicciones, terminar un ciclo de estudios. Reparar las cosas que se hicieron, hay que ver en cada caso según el delito cometido. Hay personas que si de entrada van a la privación de libertad, va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Si incumplen estas medidas alternativas sí van a un sistema de privación de libertad total, pero detrás de todo esto a Uruguay le falta una aproximación social, educativa y cultural al fenómeno de la exclusión social.
«Hay insuficientes recursos en la Defensoría Pública».
-En entrevista con el programa Fácil Desviarse, de DelSol, señaló que más que intención política debe haber voluntad social de dar ese paso en pos de implementar medidas alternativas. ¿Cómo ve a la sociedad en este sentido?
-Yo siento como que estamos en el estadio y ante la menor incidencia cerca del área pedimos penal pero a veces no es penal. La opinión pública se ve sensibilizada por el delito y sus ecos, y eso redunda en el pedido de que vaya preso, que lo encierren y no salga nunca más. Yo creo que hay toda una tarea de explicar a la sociedad de que no todo es para penal, a veces hay otras medidas mucho más eficientes para bajar la violencia. Las medidas alternativas son eficaces, implican una obligatoriedad de la persona y los derechos van de la mano de las obligaciones. Una forma de reconocer la dignidad de la persona, aún de aquel que está carenciado de cosas elementales es reconocerle su calidad de ciudadano y eso implica derechos y obligaciones. Implica respetar al compañero de celda y al vecino. Si no conseguimos eso los estamos tratando como a la casta de los invisibles en la India. La persona debe pagar por el daño, rendir cuentas e integrarse a la sociedad dejando de lado los problemas que tuvo antes.
Nos falta mucho trabajo para lograr eso en la opinión pública. Es un idealismo, un romanticismo pero al fin y al cabo el idealismo es la base de todos los sueños. Parte de eso siendo realista y concreto veo cantidad de gente que reorienta sus vidas cuando tiene un mínimo de oportunidades y también vi que quienes dañaron a otros con un delito y salen a la calle sin apoyo son un factor muy peligroso para sí mismo y para los demás; es una obligación del Estado trabajar en esto.
-En el caso de los centros penitenciarios para hombres existen distintas posibilidades de reclusión, como Punta de Rieles que difiere mucho de la realidad del Comcar y del Penal de Libertad, pero las mujeres tienen la única posibilidad en la cárcel de mujeres, sin importar la gravedad del delito, ¿es necesario que se brinden alternativas?
-Hay muchas menos mujeres privadas de libertad, es el 6% del total y la gran mayoría están por narcotráfico o por micro-narco-menudeo, situaciones de violencia a las que son arrastradas por su pareja o a situaciones de supervivencia extrema para sustentar a sus hijos. Esa es la verdad en una parte importante de las mujeres. Es muy diferente el delito masculino y el femenino. El delito típico de dañar concientemente para obtener un bien es una conducta masculina. No quiere decir que no haya mujeres que lo hagan pero no sucede en la mayoría de los casos. Por eso pedimos que exista un área en el sistema penitenciario para las mujeres, que tenga una perspectiva de género y que permita tener una política específica para las mujeres. Eso implica, también otro enfoque edilicio, con cárceles más pequeñas.
–Del informe también se desprende que existen debilidades en la Defensoría Pública y que los presos se sienten sin defensa, lo que erosiona, desde su óptica, la democracia. ¿En qué falla la Defensoría?
-Hay insuficientes recursos en la Defensoría Pública, para trasladarse y para comunicarse. Se nota una necesidad de mayor presencia de los defensores con sus defendidos. La cantidad de casos que tienen es abrumadora pero, aún así, la presencia del defensor es importantísima y en muchos casos no se está logrando. No conozco la administración de la Defensoría pero constantemente los presos nos dicen que necesitan ver a su abogado y que no saben lo que está pasando en su expediente. Muchas veces es necesario informar al preso de que hay instancias en las que no es necesario el contacto. Hay un problema de información, es por esto que siento que estamos en otro siglo, y lo digo por varios temas, no solo por este. Tiene que haber un manual con las normas cuando entren a las cárceles, los familiares deben saber qué pueden llevar y qué no, que no exista es de otra época.
La sensación de indefensión hace mucho mal a la democracia y a todo el proceso de rehabilitación.
Cruel, inhumano y degradante
El 30% de los presos está en condiciones “crueles, inhumanas y degradantes” en los centros de reclusión, según el informe presentado por Petit a la Comisión Bicameral de Seguimiento del Sistema Carcelario del Parlamento. Petit señaló que estas condiciones son estructurales, lo que hace que sean difíciles de revertir. “Si no hay acceso a derechos fundamentales, implica un dolor extra añadido y una degradación, la persona pierde como persona y la función de la cárcel no es empobrecer a la persona, porque eso genera más violencia”, explicó Petit.
Menos tamaño, menos violencia
Para el comisionado “las megacárceles generan violencia”, es por esto que la nueva cárcel de Punta de Rieles que tiene disponibilidad para recibir a 2.000 reclusos, a priori, se da de bruces con la intención del comisionado de trabajar en módulos más reducidos. En este sentido, Petit aseguró que a pesar de sus dimensiones “está concebida para estar llena de actividades”.
“Creo que esta cárcel tiene que buscar un sistema para poder dividir su gestión en tres o cuatro unidades más pequeñas para poder personalizar el trato”, detalló el comisionado.
