Desde que el actual gobierno asumió en 2020 y se planteó en el plano económico como prioridad mejorar el resultado fiscal, el manejo de las cuentas públicas ha sido objeto de polémica. Diversos actores políticos y especialistas han discutido sobre la competencia, eficiencia y pertinencia de la nueva regla fiscal. Al respecto, CRÓNICAS dialogó con los economistas Hernán Bonilla y Martín Vallcorba, quienes tienen visiones contrapuestas respecto de esta problemática.
En las últimas semanas, la situación fiscal ha sido objeto de debate y diversos actores, junto a la oposición, han manifestado que el déficit es más alto que en 2019. En aquel entonces, de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, el resultado del Sector Público Global cerró con un déficit de 4%, mientras que en el año móvil cerrado a setiembre de este año, se registra un déficit de 4,3%.
Opiniones cruzadas
Martín Vallcorba observa un “franco deterioro” del resultado fiscal y un aumento “significativo” del déficit que lo lleva a estar en niveles “algo mayores” a los del 2019.
“Cuando uno observa los datos, no hay duda de que en el último año tuvimos un deterioro muy grande del déficit y que en buena medida obedece, por un lado, a los problemas que tuvo el ajuste fiscal que inventó el gobierno en la primera etapa de su administración”, destacó.
Su aseveración la explica al argumentar que se trató de un ajuste de “mala calidad” por los componentes en los cuales se había centrado el ajuste (caída de salarios públicos y de pasividades), pero también porque “estaba claro” que ese tipo de ajuste fiscal no era permanente. No había una mejora “estructural” de las finanzas públicas, sino que simplemente hubo una “represión transitoria” del gasto a partir de los salarios y pasividades.
Por ende, según explicó el economista, lo que implica el deterioro fiscal no es una caída de la recaudación y de ingresos, sino un aumento “significativo” del gasto que el gobierno realizó el último año.
“Frente a lo que fue el compromiso de campaña de reducir el gasto en US$ 900 millones, a diferencia de eso, los números muestran que no solo que el gasto no se redujo, sino que aumentó en US$ 1.000 millones”, concluyó Vallcorba.
Sin embargo, Hernán Bonilla tiene una visión contrapuesta y cree que, en un marco general y a partir de la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC), funciona una institucionalidad fiscal que incluye una regla de tres pilares, que “ha funcionado y en los primeros tres años de ejecución se ha cumplido”, lo que derivó en una “mejora” de la situación fiscal del país, de la calificación crediticia de Uruguay, una baja de riesgo país y una baja de intereses de deuda que “estamos pagando”.
“La película en los últimos años del manejo fiscal claramente es positiva. En los últimos meses hubo variaciones del déficit que algunos análisis calificaron como negativos, pero creo que hay que ser más prudente para hacer ese análisis porque hay que esperar a los datos del cierre del año”, puntualizó el presidente del CED.
El perímetro fiscal
Uno de los puntos clave de la discusión estuvo en el denominado “perímetro fiscal”, otro de los aspectos que fueron objetivo de polémicas dentro de las medidas implementadas por el oficialismo una vez asumido su mandato. La redefinición del mismo suscitó variadas críticas que apuntaron a denunciar elementos que son registrados por fuera del perímetro.
Sobre esto, Vallcorba cree que hay un conjunto de gastos que el gobierno ha realizado, en particular aquellos vinculados a infraestructura y vivienda, que “no se están registrando fiscalmente”.
“Esto significa que el deterioro fiscal y el aumento del gasto es aún mayor al que las cifras fiscales nos están mostrando. Son gastos que el gobierno está empezando a ejecutar pero que no se están pagando y son compromisos que va a tener que asumir el próximo gobierno”, explicó.
En este sentido, agregó que fiscalmente esos gastos no se registran y por eso “se tratan de gastos por fuera del perímetro fiscal” que “limitarán” el margen de acción del próximo gobierno, que “no solo va a tener que asumir con una situación fiscal deteriorada”, sino tendrá que hacerse cargo de un conjunto de compromisos que el gobierno viene ejecutando ahora, y que se van a tener que pagar más adelante.
Para Bonilla, en términos generales, en el actual periodo de gobierno “se agregaron cosas al perímetro fiscal que antes no estaban”, pero no considera que eso pese, tal como se apunta desde la oposición. A su vez, explicó que existen manuales internacionales sobre lo que debería estar dentro del perímetro, a los que Uruguay “se ha adaptado progresivamente”.
Polémica a raíz de las declaraciones de la ministra de Economía
La ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, en una entrevista con El País publicada el 17 de diciembre, realizó una serie de afirmaciones a raíz de las críticas que actores de la oposición y analistas privados realizaron sobre la situación fiscal, y en particular declaró que el FA ofrece “incertidumbres” al proponer un ajuste fiscal.
Sobre esto, Vallcorba cree que la ministra, con esa afirmación, está “tergiversando y faltando a la verdad”, porque “en ningún momento desde el FA se planteó la necesidad de hacer un ajuste fiscal”.
“Quien habló como asesor técnico del FA fui yo y cada vez que me han entrevistado aclaré que no hay duda que hay un deterioro fiscal y que el próximo gobierno va a asumir un margen de maniobra limitado. También fui claro al señalar que eso no significa que el próximo gobierno vaya a hacer un ajuste fiscal, eso es una demostración de que la ministra está ingresando de lleno en la campaña electoral y al igual que hizo en el 2019 está haciendo planteos que no se corresponden con la realidad”, aclaró al respecto.
