El presidente de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros (CAPE), Aldo Braida, instó al director general de la Dinara, Jaime Coronel, a formalizar una denuncia por irregularidades que, según el representante de la Dinara, encontraron las nuevas autoridades al asumir en el cargo. “Me preocupa que se esté difamando a un sector que crea incontables fuentes de trabajo, directas e indirectas, en nuestro país, que genera divisas y que está controlado, mientras que se minimizan las actividades verdaderamente ilegales que afectan a nuestro país”, señaló a CRÓNICAS el presidente de la CAPE.
Por María Noel Durán | @MNoelDuran
“Al momento no se ha visto un caso de pesca ilegal en Uruguay, sí se han encontrado irregularidades”, afirmó el flamante referente de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Jaime Coronel, a CRÓNICAS en un artículo publicado el pasado 26 de febrero.
La reacción de la Cámara de Agentes de Pesqueros Extranjeros (CAPE) a sus dichos no tardó en llegar.
“Hay un error grave en lo expresado en el titular, porque se han registrado varias actividades de pesca ilegal”, aseguró el dirigente de la CAPE, Aldo Braida. El representante de los pesqueros extranjeros ejemplificó con el caso sucedido en el mes de mayo, cuando Prefectura de Carmelo capturó a tres embarcaciones sin documentación ni autorizaciones para pescar, de las que se incautaron 1.500 kilos de pescado. Además, recordó el episodio de pesca de corvina negra en Santa Lucía el pasado noviembre, “¡Y ni que hablar de los barcos brasileros que incursionan en nuestras aguas! Eso es pesca ilegal aunque no operen en Montevideo”, enfatizó Braida.
El representante de CAPE subrayó que “si se focaliza en el pesquero extranjero como un pesquero ilegal, estamos errándole al concepto de pesca ilegal y también al objetivo, porque entendemos que los pesqueros extranjeros que operan en Montevideo cumplen con todas las normativas internacionales y demás”.
Esta gremial empresarial representa a agentes que operan en Uruguay con buques pesqueros extranjeros. “Lo que hacemos es representar al propietario del barco en nuestro puerto en forma convencional -sin tener poder sobre el barco, la tripulación ni la carga-”, detalló Braida. Es decir, funcionan como nexo entre las autoridades, los puertos y los armadores.
En este marco, explicó que entre los objetivos de la CAPE se encuentra defender los intereses de los socios, promover una actividad cada vez más profesional, generar vínculos y contactos con las autoridades en forma más corporativa y poder centralizar todo dentro de una organización seria y responsable de lo que hace.
“Somos los primeros en desear que haya una pesca sustentable, reglamentada y que cumpla con todas las normas porque eso es lo que nos asegura el trabajo a futuro”, reconoció el presidente de la agrupación empresarial.
Consultado acerca de si hubo conversaciones relativas a las irregularidades mencionadas por Coronel, Braida señaló que no, e indicó que desde que asumió la nueva administración hubo “un par” de encuentros entre CAPE y Dinara y una única reunión bilateral entre ambas instituciones.
“Nos preocupan muchísimo las irregularidades detectadas por la Dinara. Como funcionario público (Coronel) está en la obligación de hacer la denuncia correspondiente. La única denuncia que vemos es la que se menciona en la prensa y eso le quita seriedad”, aseveró Braida.
En el artículo de CRÓNICAS, Coronel argumentó que en la gestión anterior “faltaban controles” y ejemplificó: “Hay cosas que estaban planteadas en el Estado rector del puerto y no se cumplían, como por ejemplo citar al Estado de la bandera del barco cuando se hacían las inspecciones”.
Para Braida, los cambios en la Administración han generado “alguna traba burocrática” pero el personal es “todo él mismo, es decir que si las irregularidades parten desde la Dinara debería haber alguna denuncia o algún sumario de por medio”. Si en cambio las irregularidades se sucedieran por el lado de las empresas, aún no se ha hecho una comunicación oficial al respecto.
“Decir que se encontraron irregularidades en un ámbito de prensa sin un respaldo formal creo que desprestigia al sector, a las propias autoridades y al país”, agregó el representante de la gremial empresarial.
En la otra orilla
“Se han aplicado medidas que no son acordes al espíritu del acuerdo del Estado Rector ni tampoco al decreto 323 que es el que lo reglamenta”, aseguró Braida en alusión a la actual administración de la Dinara.
Este acuerdo es impulsado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y tiene como propósito prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
El presidente de la CAPE redobló la apuesta y afirmó que hubo actitudes “reñidas con la legalidad en el sentido de que fueron abusivas por parte de la autoridad” y alegó que se tomaron medidas sin un expediente, sin una resolución oficial, sin un sello ni una firma, sino simplemente por correo electrónico. «Se ha llegado al extremo de pretender prohibir el zarpe de algunos buques por una comunicación vía correo electrónico; entendemos que eso está reñido con toda la normativa internacional», aseveró Braida.
El representante de la CAPE apuntó que estas acciones van, incluso, en contra de lo establecido por el acuerdo del Estado Rector del puerto, dado que, de acuerdo a lo dicho en torno a la prevención de la pesca ilegal no declarada y no documentada, si se detecta una irregularidad en un buque que ya está en puerto, este debe ser expulsado. “La Dinara hace justamente lo opuesto, prohíbe el zarpe del buque y además lo hace vía mail, sin darle una intervención a un juez, no hay expedientes que indiquen causas, motivos o plazos. Esa sí es una irregularidad importante” afirmó Braida.
“Me preocupa que se esté difamando a un sector que crea incontables fuentes de trabajo, directas e indirectas, en nuestro país, que genera divisas y que está controlado mientras que se minimizan las actividades verdaderamente ilegales que afectan a nuestro país”, señaló a CRÓNICAS el presidente de la CAPE.
Consultoría
En la última reunión de la Comisión de pesca ilegal, la Dinara planteó los resultados de una consultoría realizada con fondos de las Naciones Unidas y que, según Braida, no contó con la visión de ningún actor privado del sector. “Solo tuvo el punto de vista de la Dinara, no se consultó a las cámaras empresariales ni de pesca nacional ni extranjera, no se consultó a nadie del sector privado”, sostuvo Braida quien describió a la consultoría como “un poquito renga”.
¿Cuánto representan?
En 2020 los buques de pesca extranjeros ingresaron en 306 oportunidades al Uruguay. Según información de la CAPE, cada escala implica US$ 150.000 para el país -lo que resulta en más de US$ 45 millones al año. «Montevideo es un puerto base, es decir que los buques pasan por un periodo de puesta a punto y mantenimiento, lo que redunda en varios millones de dólares al año y movimiento de varios sectores como hotelería, vehículos y cargas», finalizó Braida.
